De los vehículos intervenidos, 1.409 eran reincidentes en multas que suman más de S/67 millones. La mayoría circulaban sin la autorización necesaria para prestar servicio.
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Valeria TossoEscucharResumenCompartirLa Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) envió al depósito a 2.915 vehículos de transporte público durante los operativos realizados hasta el 31 de agosto de 2026. De este total, 1.409 unidades eran reincidentes en infracciones y acumularon multas por S/67 millones 648,084.
Las intervenciones se realizaron durante 635 operativos de fiscalización en distintas calles y avenidas de Lima y Callao, incluidas las rutas por donde circulan los corredores complementarios Rojo, Morado y Azul.
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De acuerdo con la ATU, 2.337 de los vehículos enviados al depósito circulaban sin la autorización correspondiente para brindar el servicio de transporte público. Esta cifra representa la mayoría de las unidades retiradas durante las intervenciones ejecutadas en lo que va del año.
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¿Qué irregularidades detectó la ATU?
Entre los vehículos intervenidos, 1.755 eran conducidos por personas que no contaban con brevete. Según la entidad, esta situación representaba un riesgo para los pasajeros, otros conductores y peatones.
Además, 547 unidades no tenían el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), mientras que otras 531 no contaban con el Certificado de Inspección Técnica Vehicular (CITV). Estas deficiencias impedían garantizar que los vehículos cumplieran con las condiciones necesarias para circular.
La ATU precisó que los 1.409 vehículos reincidentes forman parte de las 2.915 unidades enviadas al depósito. Las infracciones acumuladas por este grupo superan los S/67 millones.
¿Cómo se realizan los operativos?
Los operativos cuentan con el apoyo de la Policía Nacional del Perú, municipalidades distritales y otras entidades públicas. La ATU señaló que estas acciones se desarrollan en el marco del Comité de Fiscalización impulsado durante el estado de emergencia.
La entidad sostuvo que los operativos conjuntos buscan combatir la informalidad y retirar de circulación los vehículos que incumplen las condiciones legales y de seguridad para prestar el servicio de transporte público en Lima y Callao.
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