San Borja busca recuperar terreno municipal que otorgó a clínica

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San Borja busca recuperar terreno municipal que otorgó a clínica. Foto y video: Cuarto Poder

La Municipalidad de San Borja busca recuperar un terreno de 1.192 metros cuadrados tras el fin de una concesión de 30 años, pero una medida cautelar dictada por un juez suspendido frena la entrega, según reportó Cuarto Poder

Por:Redacción Canal N »

La controversia por clínica municipal en San Borja se trasladó a la vía judicial luego del vencimiento del contrato de concesión por 30 años que permitía a la empresa privada Especialidades Médicas Universal S.A. (EMUSA) administrar un inmueble de propiedad edil. De acuerdo con un reporte periodístico del programa Cuarto Poder, el plazo contractual finalizó el 31 de agosto de 2026 sin que la compañía restituyera la posesión del terreno de 1192 metros cuadrados. La gestión municipal sostiene que la administradora privada se mantiene en el predio bajo la condición jurídica de ocupante precario.

El origen del conflicto se remonta al 29 de agosto de 1996, fecha en que la entonces alcaldesa Luisa María Cuculiza firmó el contrato de concesión para la prestación de servicios de salud y la implementación de un velatorio municipal en las Torres de Limatambo. Con el paso de las tres décadas, el establecimiento expandió su infraestructura a seis pisos e incrementó sus servicios médicos. Sin embargo, los términos financieros del acuerdo estipularon únicamente el pago de un 5 % sobre las consultas ambulatorias a favor del municipio, lo que representa un ingreso promedio mensual de S/ 40 000 para las arcas distritales.

Frente al término del contrato, la empresa concesionaria acudió al Poder Judicial el 16 de julio de 2026 para solicitar una medida cautelar que ordene al municipio abstenerse de ejecutar acciones de recuperación del predio. La medida fue concedida por el juez comercial Juan Varillas Solano, magistrado que posteriormente fue suspendido preventivamente por seis meses por la Autoridad Nacional de Control. Representantes vecinales y autoridades locales cuestionan la permanencia de la administración privada y las tarifas aplicadas a los usuarios del distrito.

El origen del contrato de concesión y las condiciones de operación en San Borja

San Borja busca recuperar terreno municipal que otorgó a clínica. Foto: Cuarto Poder

El contrato de concesión suscrito en 1996 cedió el uso del lote 106 y el sublote B del Conjunto Habitacional Torres de Limatambo, los cuales suman una extensión total de 1.192 metros cuadrados de suelo público. Aunque el proyecto inicial contemplaba la construcción de un velatorio municipal junto con los consultorios, dicha infraestructura no prosperó, por lo que la totalidad del área fue destinada al crecimiento del centro médico privado. Vecinos de la zona, como el ciudadano Zevallos, confirmaron mediante planos originales que la edificación actual ocupa la totalidad de los lotes municipales asignados.

A lo largo de los 30 años de vigencia del acuerdo, el establecimiento de salud amplió su oferta a servicios de emergencia, farmacia y áreas de hospitalización. Pese al incremento en el volumen de atención e infraestructura, la empresa concesionaria no abona montos adicionales a la Municipalidad Distrital de San Borja por estos conceptos, limitando su retribución al porcentaje fijado por consultas externas. El procurador público municipal, Freddy Cruces, precisó que la totalidad de los ingresos generados por los servicios complementarios es percibida de manera íntegra por la administración privada.

El director fundador de la clínica Especialidades Médicas, Alfredo Vásquez, argumentó que la administración del establecimiento es privada, pero reconoció que la propiedad del inmueble pertenece en un 100 % al municipio de San Borja. El médico sostuvo que la institución continúa realizando los pagos conforme a lo establecido en el contrato original y afirmó que corresponde a la comuna liderar el proceso de transferencia. Asimismo, el abogado de la empresa, Sergio Gonzales, defendió la estructura tarifaria de S/ 80 por consulta ambulatoria bajo el argumento de que el centro cuenta con médicos especialistas.

La medida cautelar dictada por un juez suspendido y los cuestionamientos legales

Ante la proximidad de la fecha de vencimiento fijada para el 31 de agosto de 2026, la concesionaria EMUSA solicitó una medida cautelar ante la mesa de partes del Poder Judicial sin conocimiento previo de la municipalidad. La resolución judicial emitida ordenó a la comuna distrital abstenerse de realizar actos destinados a recuperar la posesión del inmueble y de emitir disposiciones administrativas que busquen sustituir al operador. Adicionalmente, el fallo dispuso restringir las labores de fiscalización de la corporación edil dentro de las instalaciones médicas.

El trámite del recurso legal fue resuelto en un plazo menor a siete días hábiles por el juez Juan Varillas Solano, quien actualmente cumple una suspensión preventiva de seis meses impuesta por la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial. El abogado penalista Luis Vargas Valdivia señaló que la resolución incurre en anomalías de redacción, como la inclusión de la frase "mi representada", un término característico de los escritos presentados por abogados defensores y no de una resolución emitida por un magistrado.

El análisis legal del caso indica además un exceso en el alcance temporal de la medida cautelar al extender sus efectos de forma indefinida hasta que concluya un eventual proceso arbitral. De acuerdo con la normativa vigente explicada por Vargas Valdivia, los mandatos de abstención emitidos fuera de un proceso arbitral solo pueden mantener vigencia por un plazo máximo de 90 días o hasta que se constituya formalmente el tribunal arbitral. La Municipalidad de San Borja evalúa la nulidad de la resolución por las irregularidades detectadas en su tramitación.

Tarifas comparativas y el reclamo de la comunidad de San Borja

San Borja busca recuperar terreno municipal que otorgó a clínica. Foto: Cuarto Poder

La controversia generó pronunciamientos por parte de los residentes del distrito, quienes cuestionan la ausencia de tarifarios preferenciales o programas sociales dirigidos a la comunidad local. Un sector de la población sostiene que la tarifa de S/ 80 por consulta ambulatoria resulta elevada en comparación con los centros de salud administrados por otros municipios limeños. Vecinos como Jorge Cossio y Ana Vela manifestaron que el espacio público debe retornar al control municipal para brindar un servicio accesible a la ciudadanía.

En un cotejo entre establecimientos de atención médica con participación municipal en Lima Metropolitana, San Borja registra la tarifa de consulta más alta de la muestra analizada. El Centro Médico Municipal de San Isidro cobra S/ 12 por consulta ambulatoria, el Policlínico Municipal de Miraflores fija su tarifa en S/ 27 (más S/ 5 por triaje) y el Centro de Salud de La Molina cobra S/ 30 a los residentes que acrediten domicilio en la jurisdicción mediante su documento de identidad.

Por su parte, un sector de los usuarios del centro médico privado señaló que la tarifa de S/ 80 resulta accesible para la población de clase media del distrito. Sin embargo, dirigentes vecinales y la procuraduría municipal reiteraron que la concesión se encuentra vencida y que continuarán con las acciones legales para lograr la recuperación del terreno municipal de 1.192 metros cuadrados.