“La política aprobada constituye una hoja de ruta que orientará el accionar del Gobierno, bajo cinco ejes prioritarios para acortar las brechas sociales y garantizar los derechos fundamentales de la población”, señaló Luis Galarreta, titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Estos son:

  1. Reducir la inseguridad ciudadana que vulnera la vida, la integridad y las actividades económicas de la población.
  2. Reducir la vulnerabilidad de la población, de los ecosistemas y los medios de vida frente a desastres y al cambio climático.
  3. Fortalecer el desarrollo integral de las personas y sus oportunidades a lo largo del curso de vida.
  4. Elevar la productividad del país, con empleo formal e integración económica del territorio.
  5. Consolidar la gobernabilidad democrática y el Estado de derecho para fortalecer las instituciones y gestionar los conflictos.

Los ejes se desagregan en al menos 30 lineamientos de aplicación inmediata por todas las entidades del Poder Ejecutivo, los gobiernos regionales y locales y sus entidades adscritas en el marco de sus competencias, se precisó en la norma legal.

Lineamientos de productividad

De la lista de lineamientos, un grupo de destaca porque se enfoca en la productividad en el Perú. De hecho, el primer lineamiento es “elevar los niveles de competitividad y productividad de las micro y pequeñas empresas (mypes), cooperativas u otras formas asociativas, fortaleciendo su articulación con el mercado, acceso al financiamiento, desarrollo de su madurez digital, así como sus capacidades técnicas, de gestión e innovación”.

El segundo es incrementar el acceso a empleo decente formal y productivo, con un foco especial para los jóvenes y la población en situación de vulnerabilidad.

Para esto, proponen “esquemas de incentivos y otros estímulos económicos, así como la optimización de los servicios y programas de empleo, de capacitación e inserción laboral, y el fortalecimiento del sistema de inspecciones”.

Alfredo Thorne, extitular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), destacó que se ponga el foco en elevar la productividad para trasladar este resultado a los niveles de formalidad.

“La razón por la que no hay más formalización en el país tiene que ver con un tema de productividad de la pequeña empresa. Si realmente destrabamos la formalización allí, generamos incentivos para que las pequeñas puedan escalar a medidas o grandes con el tiempo, se podrá formalizar la fuerza laboral”, describió.

Agregó que los cálculos estiman que un trabajador formal es hasta tres veces más productivo que uno informal. Su impacto también es transversal.

“Vamos a ganar formalización y las consecuencias [de esto] cruzan a través de diferentes sectores. Va más allá de lo laboral y alcanza a temas de infraestructura y otros. También tiene un impacto social considerable. Nos caracterizamos por haber reducido la pobreza, pero debemos estar en la capacidad de darles, al salir de ese umbral, un trabajo digno”, mencionó.

Transformar la industria e incentivos

Jorge Toyama, socio del estudio Vinatea & Toyama, consideró que, aunque no es “nuevo” que se coloque el foco sobre el actual nivel de productividad, sí se observa un enfoque más integral.

“La apuesta por la productividad laboral es la base de todo país. Sin embargo, Perú registra uno de los niveles más bajos en toda la región. La productividad chilena casi triplica a la peruana y la colombiana casi nos duplica”, refirió.

Para Toyama, los cambios en los niveles de productividad deben empezar por buscar transformar la industria nacional, en la que los sectores primarios solo extraen los recursos y los exportan. Esto tiene una vinculación directa también con diversos pendientes y brechas en temas digitales y tecnológicos.

“El Estado tiene que estimular tremendamente la inversión en sectores como manufactura y tecnología. Pero hoy no se tienen políticas sectoriales o que fomenten la inversión o contratación”, cuestionó.

`; document.body.appendChild(modalWrapper); let figcaption = modalWrapper.querySelector("figcaption"); if(figcaption) figcaption.style.display="none"; modalWrapper.querySelector(".s-multimedia__close-modal").addEventListener("click",()=>{modalWrapper.remove(); e.style.display="flex"; if(caption) caption.style.display="block";});})})});});

En la política general se contemplan “esquemas de incentivos” para contrataciones, pero Toyama comentó que ya existen actualmente y son mínimamente usados por su falta de fomento gubernamental.

La aprobación de este documento calza con la reciente presentación del proyecto de ley del Poder Ejecutivo para obtener la delegación de facultades. Aunque se consideraron algunas medidas de corte laboral en el texto, Toyama observó que se dieron pocos detalles sobre los primeros pasos del Gobierno de Keiko Fujimori para elevar la productividad.

Una iniciativa que sí se contempló fue la revisión del esquema de feriados laborales. “Es para hacer un poco más competitivo al país”, mencionó.

Seguridad jurídica en el centro

En el eje de elevar la productividad del país, la política general también incluye la importancia de “garantizar condiciones de seguridad jurídica para la inversión nacional y extranjera, promoviendo un marco regulatorio eficiente, simple, transparente y predecible que reduzca la incertidumbre y contribuya a un entorno favorable para los negocios”.

Thorne indicó que este es un tema clave y está asociado al desarrollo institucional, que precisamente se ha debilitado en los últimos años.

“Es un tema bastante gaseoso hoy. Aunque está muy bien definido en la Constitución, no es bien aplicado. El mejor ejemplo es el número de arbitrajes internacionales que tiene el Perú. El Estado es el principal promotor de esta inestabilidad”, señaló.

Leer artículo completo en gestion.pe →