Denuncian presuntas irregularidades en contrataciones y ascensos en la Defensoría del Pueblo tras visitas a Josué Gutiérrez

por Oswaldo Palacios

Un reportaje dio cuenta de que personas sin experiencia en el sector público obtuvieron contratos CAS y órdenes de servicio, tras reunirse con el defensor del Pueblo, mientras que otras funcionarias fueron designadas en puestos importantes pese a no cumplir con los perfiles profesionales requeridos.

Una investigación periodística reveló una serie de presuntas irregularidades en la contratación y ascensos en cargos en la Defensoría del Pueblo, liderada por Josué Gutiérrez Cóndor, quien afronta una denuncia constitucional tras asegurar que el cierre del Congreso subiría popularidad de la presidenta de la República, Keiko Fujimori.

De acuerdo con el programa Cuarto Poder, registros oficiales de visitas de la institución ponen en evidencia que varias personas sin experiencia en el sector público lograron acceder a contratos estatales y puestos en planilla en la Defensoría tras sostener reuniones directas con Gutiérrez Cóndor.

"Vas a visitar a altos funcionarios y, oh, casualidad, meses después obtienes órdenes de servicios. La Defensoría debería cuidarnos de nosotros, pero somos quienes debemos cuidarnos de la Defensoría del Pueblo, como lo estamos viendo ahora", cuestionó la abogada experta en contratación pública Jhoanna Rodríguez.

El reportaje señaló que uno de los casos más evidentes es el de Lucía Yalán Cano, quien el 12 de junio de 2024 ingresó a las 9:05 a. m. al despacho de Josué Gutiérrez para sostener una reunión de más de dos horas. Yalán, quien nunca antes había trabajado para el sector público, obtuvo el 2 de agosto de ese año su Registro Nacional de Proveedores. Días después, el 12 de agosto, la psicóloga de profesión fue beneficiada con una primera orden de servicio. Tras acumular cinco, dio el salto directo al régimen laboral CAS  (Contratación Administrativa de Servicios) como asistente administrativa.

Al ser consultada sobre si había visitado al defensor del Pueblo antes de ser contratada, Yalán cayó en contradicciones: primero negó haberlo hecho, luego lo reconoció y, posteriormente, se limitó a decir: "La verdad es que no me recuerdo, tengo muchas cosas en mi cabeza".

Según el dominical, un patrón similar se produjo con Nicole Mingos Medrano, quien el 30 de julio de 2024 visitó el despacho directivo de Gutiérrez en dos ocasiones el mismo día. Solo tres días después de estas citas, Mingos obtuvo su Registro Nacional de Proveedores, se le adjudicaron en total cuatro órdenes de servicio y, finalmente, fue contratada bajo el régimen CAS.

¿Fabricación de experiencia profesional?

Las presuntas irregularidades detectadas por la Contraloría General de la República no se limitaron a las locaciones de servicios temporales, también alcanzaron la jefatura de programas con alcance a nivel nacional.

El 25 de julio de 2024, Betbiary Díaz Coral fue nombrada por Gutiérrez Cóndor jefa del Programa del Derecho a la Salud, cargo que, remarcó el reportaje, exige acreditar un mínimo de cuatro años de experiencia específica. "El problema es que, según la Contraloría, no los tenía acreditados", enfatizó el dominical.

A pesar de que las observaciones de la Contraloría, Díaz Coral tuvo que dejar la jefatura en enero de 2025; sin embargo, Gutiérrez la reincorporó primero como asesora I de la Subadjunta para el Derecho a la Salud de la Defensoría y, posteriormente, el 5 de junio de este año, la ascendió al puesto de adjunta.

"No cumplía con ese tiempo; sin embargo, se le dio el puesto. ¿Se les pasó a los funcionarios? Ya es muy sospechoso. Me doy cuenta de que no cumples con el perfil: adiós, no la reubico", reprochó Jhoanna Rodríguez.

"Uno no puede ser juez y parte"

Por si fuera poco, el reportaje dio a conocer también un supuesto caso de grave conflicto de interés protagonizado por Margarita Yahuana Correa, quien laboró para la bancada a la que pertenecía Gutiérrez cuando fue congresista de la República (2011-2016).

Mientras laboraba bajo una plaza CAS en la Defensoría, Yahuana postuló a un concurso público interno en marzo de 2024 bajo el régimen laboral 728. No obstante, la misma institución advierte que vulneró la transparencia y la neutralidad del proceso.

"Pese a que Margarita Yahuana Correa no tiene dentro de sus funciones, alguna vinculada a los procesos de contratación de personal, recopiló y consolidó información vinculada a los Procesos 728, entre los cuales está información del concurso público en el que participa como postulante", dice un informe del Órgano de Control Institucional de la Defensoría del Pueblo.

Tras ganar el concurso en esas condiciones, su sueldo se duplicó de 7 050 a 14 906 soles. Fuentes de la Defensoría refieren que las recomendaciones del informe de control fueron corregidas. Desde el 9 de septiembre de 2025, Yahuana Correa ocupa el cargo de directora general de Administración Interna de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

"Uno no puede ser juez y parte. Si yo estoy formando parte del concurso, sé cuáles son las reglas y sé cómo se lleva a cabo la evaluación; no puedo pretender participar en un proceso en el que tengo ventaja", añadió Jhoanna Rodríguez.

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