Defensoría del Pueblo: Contraloría detecta contrataciones y ascensos durante gestión de Josué Gutiérrez

Informes de control de la Contraloría General de la República identificaron observaciones en contrataciones, designaciones y procesos internos realizados en la Defensoría del Pueblo durante la gestión de Josué Gutiérrez. Los casos fueron revelados por el dominical Cuarto Poder y generaron cuestionamientos relacionados con el acceso a puestos y el cumplimiento de los perfiles requeridos.

Uno de los casos corresponde a Lucía Yalán Cano, quien se reunió con Gutiérrez el 12 de junio de 2024 durante más de dos horas. Semanas después obtuvo su Registro Nacional de Proveedores y recibió cinco órdenes de servicio consecutivas, para posteriormente ingresar al régimen CAS como asistente administrativa.

Yalán no había prestado servicios anteriormente para el Estado, según la información consignada en la investigación. Al ser consultada sobre su incorporación a la institución, intentó desvincular su contratación de la reunión que sostuvo en el despacho del defensor.

Un caso similar corresponde a Nicole Mingos Medrano, quien acudió al despacho de Gutiérrez en dos oportunidades durante el 30 de julio de 2024. Tres días después gestionó su RNP y posteriormente recibió cuatro órdenes de servicio antes de pasar también al régimen CAS

Los informes de la Contraloría también alcanzaron la designación de Betbiary Díaz Coral como jefa del Programa del Derecho a la Salud en julio de 2024. Para este puesto se exigían cuatro años de experiencia específica, requisito que, según el órgano de control, no habría sido acreditado de acuerdo con las condiciones establecidas.

La revisión detectó que documentos que acreditaban únicamente siete días de trabajo fueron considerados para consignar tres años y dos meses de experiencia. Díaz dejó la jefatura en enero de 2025 luego de las observaciones, pero posteriormente fue designada como asesora I y más adelante pasó a ocupar el cargo de adjunta.

Otro de los casos examinados involucra a Margarita Yahuana Correa, quien había trabajado como colaboradora parlamentaria vinculada al entorno de Gutiérrez. Mientras ocupaba una plaza bajo el régimen CAS, participó en un concurso interno para acceder a un puesto bajo el régimen laboral 728.

La Contraloría señaló que Yahuana intervino en la recopilación y consolidación de información administrativa correspondiente al proceso en el que ella misma era postulante. Según los documentos revisados, esta situación afectó las condiciones de transparencia que debían regir el concurso.

Tras resultar ganadora, Yahuana pasó de percibir aproximadamente 7 mil soles a recibir el doble de esa remuneración. Posteriormente fue promovida a la Dirección General de Administración de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

Los casos forman parte de una revisión que comprende diferentes modalidades de incorporación y permanencia dentro de la Defensoría del Pueblo. Las observaciones incluyen órdenes de servicio, contrataciones bajo el régimen CAS, designaciones en puestos de confianza y concursos para acceder a plazas permanentes.

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