Ministro de Justicia anuncia inteligencia y clasificación de reos en cinco penales en emergencia

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez Miranda, anunció nuevas medidas para restablecer el orden en los cinco establecimientos penitenciarios de alta peligrosidad declarados en estado de emergencia por el Ejecutivo.

Entre las acciones planteadas figuran el fortalecimiento de las labores de inteligencia dentro de las cárceles, una nueva distribución de los internos de acuerdo con los delitos cometidos y su nivel de peligrosidad, así como la aplicación de regímenes y beneficios diferenciados según su comportamiento.

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Inteligencia será prioridad dentro de los penales

Álvarez sostuvo que la estrategia no estará centrada únicamente en requisas y operativos dentro de los establecimientos penitenciarios, sino principalmente en conocer cómo operan las organizaciones y qué ocurre al interior de cada prisión.

“Lo fundamental no va a ser exclusivamente las intervenciones, como requisas, que tradicionalmente se han efectuado para dar imagen de eficiencia. Lo fundamental en este momento es la labor de inteligencia en el interior de los penales”, declaró a TVPerú.

El titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) afirmó que será necesario identificar tanto las actividades ilícitas dentro de las cárceles como la actuación de los funcionarios penitenciarios.

Según explicó, la política contempla integrar la inteligencia del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) con información de la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas.

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Gobierno busca evitar que cárceles sean “universidades del delito”

Álvarez señaló que uno de los objetivos es impedir que los establecimientos penitenciarios se conviertan en espacios donde internos de distinta peligrosidad convivan sin una adecuada clasificación.

Como ejemplo mencionó el penal de Trujillo, conocido como El Milagro, donde cuestionó que personas procesadas o sentenciadas por delitos graves y vinculadas a bandas criminales compartan espacios con internos que no han cometido delitos de sangre.

“Vamos a tratar de establecer, primero, la distribución correcta de los internos”, indicó.

El ministro sostuvo que los reos considerados de mayor peligrosidad deberán ser trasladados progresivamente a establecimientos que cuenten con las condiciones de seguridad necesarias.

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Beneficios penitenciarios dependerán también de la conducta

Otra de las medidas anunciadas será establecer tratamientos diferenciados para los internos considerando el delito cometido, su peligrosidad y su conducta dentro del penal.

Álvarez afirmó que también se evaluará la vinculación de los reclusos con organizaciones criminales que continúen operando fuera de las cárceles.

Según explicó, un interno perteneciente a una banda podría perder temporalmente determinados beneficios si la organización criminal continúa cometiendo delitos, de acuerdo con las reglas y evaluaciones que implemente el sistema penitenciario.

El ministro recordó que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada por su despacho, los beneficios penitenciarios tienen naturaleza de beneficios sujetos al cumplimiento de requisitos y no constituyen automáticamente un derecho concedido a todos los internos.

Álvarez: “Sin orden no hay rehabilitación posible”

El titular del Minjusdh aseguró que la reorganización penitenciaria busca recuperar la capacidad del Estado para mantener el orden dentro de los centros de reclusión.

“Sin orden no hay rehabilitación posible”, sostuvo Álvarez al explicar que la seguridad interna de los establecimientos penitenciarios es también un componente de la estrategia contra la criminalidad.

Añadió que el objetivo del Ejecutivo es convertir los penales en centros efectivos de rehabilitación y reducir la posibilidad de que organizaciones criminales continúen dirigiendo actividades ilícitas desde prisión.

¿Qué penales fueron declarados en emergencia?

El Ejecutivo declaró el estado de emergencia en cinco establecimientos penitenciarios considerados de alta peligrosidad:

• Challapalca, en Tacna.
• Cochamarca, en Pasco.
• Miguel Castro Castro, en Lima.
• Ancón I, en Lima.
• Trujillo Varones, en La Libertad.

La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 128-2026-PCM y tendrá una duración de 60 días calendario.

Durante este periodo, la Policía Nacional mantiene el control del orden interno en estos establecimientos con el apoyo de las Fuerzas Armadas.

La declaratoria también comprende el perímetro exterior de cada penal hasta un radio de 200 metros. En ese ámbito se aplican restricciones o suspensiones al ejercicio de determinados derechos constitucionales vinculados con la libertad de tránsito, reunión y libertad y seguridad personales, conforme a lo establecido en el decreto.

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