El Gobierno declaró el estado de emergencia en cinco establecimientos penitenciarios del país por 60 días calendario, como parte de las medidas adoptadas para reforzar la seguridad y combatir las actividades de organizaciones criminales vinculadas con los penales.
La disposición fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 128-2026-PCM y comprende los penales de Challapalca, Cochamarca, Miguel Castro Castro, Ancón I y Trujillo Varones.
¿Qué penales están comprendidos en el estado de emergencia?
La medida alcanza a los siguientes establecimientos penitenciarios:
- Challapalca, en Tacna.
- Cochamarca, en Pasco.
- Miguel Castro Castro, en Lima.
- Ancón I, en Lima.
- Trujillo Varones, en La Libertad.
El estado de emergencia tendrá una vigencia de 60 días calendario y se aplicará en el perímetro exterior de estos penales, hasta un radio de 200 metros.
¿Cuáles son las restricciones durante el estado de emergencia?
Durante la vigencia de la medida se dispone la suspensión constitucional de los derechos a la libertad de tránsito, reunión y seguridad personal dentro del ámbito establecido por el decreto.
Estas restricciones se aplican en el perímetro exterior de los establecimientos penitenciarios, con el objetivo de reforzar la seguridad en las zonas próximas a las cárceles.
La norma también establece que la Policía Nacional, con apoyo de las Fuerzas Armadas, estará a cargo de las acciones destinadas a garantizar el control y la seguridad del perímetro.
PNP y FF. AA. reforzarán la seguridad exterior de los penales
La Policía Nacional ejecutará, con apoyo de las Fuerzas Armadas, acciones de seguridad en el perímetro exterior de los cinco establecimientos.
Las operaciones también comprenderán el espacio aéreo y el espectro electromagnético inmediato de los penales. Asimismo, se implementará un control estricto de los accesos y se desarrollarán labores de inteligencia para prevenir posibles fugas.
En tanto, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) mantendrá la administración y custodia interna de los establecimientos.
¿Qué objetos serán decomisados durante la emergencia?
La norma contempla la realización de operativos permanentes para decomisar celulares, tarjetas SIM y armas en los establecimientos comprendidos por la medida.
Estas acciones serán ejecutadas en coordinación con el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) del INPE, como parte del reforzamiento del control penitenciario.
Según la información proporcionada por el Ejecutivo, los cinco penales focalizados concentran cerca del 50 % de los internos vinculados a organizaciones criminales.
¿Qué derechos se mantienen vigentes?
Aunque el estado de emergencia contempla la suspensión de determinados derechos en el ámbito establecido, la norma precisa que se mantiene el respeto irrestricto de los derechos a la vida, integridad personal, salud, defensa y debido proceso.
Estas garantías deberán ser respetadas durante todo el periodo de vigencia de la medida, conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
¿Por qué el Gobierno declaró la emergencia?
El Ejecutivo sostiene que la medida busca reforzar el control de los establecimientos penitenciarios y enfrentar a las organizaciones criminales que dirigen actividades delictivas desde las cárceles hacia el exterior.
El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, señaló que el Gobierno viene impulsando medidas contra la inseguridad mientras el Congreso evalúa la solicitud de facultades presentada por el Ejecutivo.
“Independientemente de la espera de la aprobación de la solicitud de facultades, el Gobierno nacional, a través de sus diversos sectores, impulsa medidas contra la inseguridad. Estamos seguros de que con las facultades actuaremos con más fuerza”, indicó.
Keiko Fujimori se reunió con el nuevo jefe del INPE
La medida fue anunciada después de una reunión sostenida en Palacio de Gobierno entre la presidenta Keiko Fujimori, Luis Galarreta, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, y el nuevo presidente del Consejo Nacional Penitenciario del INPE, Abraham Lescano.
El encuentro tuvo como objetivo coordinar las acciones inmediatas para fortalecer el sistema penitenciario y establecer las directrices de la nueva gestión del INPE.
El estado de emergencia en los cinco penales tendrá una vigencia de 60 días, periodo durante el cual se aplicarán las restricciones y medidas de seguridad establecidas en el Decreto Supremo N.° 128-2026-PCM.
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