Dos nuevas muertes vinculadas a la minería ilegal volvieron a encender las alarmas en la provincia de Puerto Inca, en Huánuco. La consejera regional de la zona, Idith Jacobo Sharihua, expresó su preocupación por el avance de esta actividad y cuestionó la falta de acciones concretas para enfrentarla. Además, la población tuvo que apoyar con sus propios botes para trasladar a las autoridades encargadas del levantamiento de los cuerpos.
La consejera señaló que estos nuevos fallecimientos reflejan la gravedad de una problemática que afecta cada vez más a la provincia. Según indicó, la minería ilegal no solo provoca daños en los suelos, bosques y territorios de las comunidades nativas. También representa un riesgo para la vida de quienes se encuentran en las zonas donde opera.
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Rechazan nuevamente propuesta para reforzar operativos
Frente a esta situación, Jacobo Sharihua volvió a plantear ante el Consejo Regional un proyecto para adquirir deslizadores que permitan a la Policía desplazarse por los ríos y realizar operativos contra la minería ilegal. Sin embargo, la iniciativa no consiguió nuevamente el respaldo necesario para su aprobación. Esto se debió a observaciones relacionadas con la valorización de los bienes contemplados en el proyecto.
La consejera explicó que la Policía tampoco cuenta con camionetas operativas suficientes para desplazarse por tierra, lo que limita su capacidad de intervención. “No cuentan con camionetas operativas para poder trasladarse, no cuentan con movilidad fluvial para poder trasladarse y hacer su trabajo”, afirmó.
Jacobo consideró que el rechazo de la propuesta representa una nueva dificultad para atender una situación que requiere respuestas urgentes. Además, recordó que un proyecto anterior de características similares también recibió observaciones de la Contraloría. Sostuvo que las deficiencias en la formulación de estas iniciativas corresponden al Ejecutivo regional.
Puerto Inca en situación crítica
La autoridad cuestionó además la falta de una respuesta efectiva de las instituciones encargadas de combatir la minería ilegal. Señaló que durante sus gestiones ante la Dirección Regional de Energía y Minas recibió reiteradamente explicaciones sobre la dependencia de decisiones tomadas desde Lima. Mientras tanto, la actividad continúa expandiéndose en la provincia.
Jacobo advirtió que el problema también ha alcanzado a comunidades nativas que anteriormente recibieron apoyo para recuperar sus bosques y territorios. Según explicó, la falta de continuidad de proyectos productivos y alternativas económicas habría contribuido a que algunas poblaciones se incorporen a la minería ilegal.
“Puerto Inca ya se puede decir que es tierra de nadie prácticamente”, enfatizó la consejera, al describir la situación que atraviesa la provincia. Para Jacobo, las dos nuevas muertes vuelven a evidenciar la urgencia de fortalecer la presencia del Estado. Además, señaló la necesidad de mejorar la capacidad operativa de la Policía y adoptar medidas concretas para frenar el avance de la minería ilegal.
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