El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) también documentó otros tres ataques contra periodistas en agosto: Renzo Giner fue blanco de una campaña con inteligencia artificial, mientras César Hildebrandt, Eloy Marchán y Paola Ugaz enfrentaron nuevas querellas por difamación.
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Ariadna YayaEscucharResumenCompartirEl Consejo de la Prensa Peruana (CPP) advirtió que el nuevo Congreso protagonizó, a solo un mes de instalado, el primer intento de restringir la libertad de prensa desde el Parlamento. El diputado de Renovación Popular Aldo Bravo Quispe propuso una modificación al Código Penal que habría penalizado a periodistas y ciudadanos durante crisis políticas o conflictos sociales.
Únete a nuestro canal de política y economíaLa propuesta fue retirada tras las críticas de distintas organizaciones. Sin embargo, el CPP remarcó que el análisis del caso sigue siendo pertinente por tratarse del primer intento legislativo de este tipo en el actual periodo parlamentario.
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El proyecto buscaba agravar la pena por apología al delito cuando esta ocurriera "mediante cualquier medio de comunicación, plataforma digital, manifestación o acto de difusión". La norma también alcanzaba a cualquier persona considerada "líder de opinión, comunicador, creador de contenido digital, influencer o persona con capacidad de convocatoria pública".
El CPP calificó la iniciativa como una amenaza directa contra el ejercicio del periodismo, sobre todo en momentos donde la cobertura de protestas y conflictos sociales resulta más necesaria.
El gremio periodístico cuestionó, además, la falta de precisión en los términos de la propuesta. Se preguntó, por ejemplo, si informar sobre el lugar y la fecha de una protesta podría interpretarse como apología al delito bajo esa norma.
También señaló que el proyecto no definía con claridad qué constituye una "crisis política" ni quién tendría la potestad de determinar su inicio y su fin. Para el CPP, este tipo de vacíos legales resultan inaceptables cuando de por medio existen sanciones penales.
El informe del CPP correspondiente a agosto de 2026 no se limitó al caso del legislador Bravo. El documento también recogió otros tres casos de hostigamiento judicial y digital contra comunicadores peruanos en el mismo mes. Entre ellos figura el ataque contra el periodista Renzo Giner, de El Comercio, quien fue víctima de una campaña de desprestigio con inteligencia artificial luego de publicar una investigación periodística.
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Cuatro periodistas también fueron blanco de ataques en agosto
El reportero Renzo Giner enfrentó una demanda de 10 millones de soles por parte del candidato de Somos Perú a la alcaldía de Chorrillos, Ricardo Vásquez. La demanda fue declarada improcedente.
Pese a ello, cuentas de redes sociales vinculadas al candidato difundieron una imagen del periodista generada con inteligencia artificial. Lo acusaron, sin sustento alguno, de haber recibido dinero a cambio de su investigación.
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El comunicador César Hildebrandt y el reportero Eloy Marchán, ambos de la revista Hildebrandt en sus trece, fueron querellados por difamación agravada. El empresario argentino Damián Valenzuela los denunció tras la publicación de una investigación sobre sus antecedentes judiciales y sus vínculos con la presidenta Keiko Fujimori. Valenzuela exigió cárcel para ambos periodistas y una reparación civil de un millón de dólares.
La periodista Paola Ugaz sumó una nueva querella por difamación agravada a un historial judicial que se extiende desde 2018. La Asociación Civil San Juan Bautista la denunció esta vez y aseguró que sus publicaciones contienen "afirmaciones falsas, inexactitudes y acusaciones sin sustento". La comunicadora investiga desde hace años presuntos abusos cometidos en organizaciones religiosas del país.
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El CPP rechazó el uso del sistema penal como herramienta de persecución contra periodistas. El gremio calificó como desproporcionadas las multas y reparaciones civiles que enfrentan comunicadores como Giner, Hildebrandt y Marchán.
Sobre el ataque digital contra Giner, la organización indicó que se trata de un delito que las autoridades deben investigar y sancionar. Citó, en ese sentido, el artículo 6 de la Declaración de Salta II de la Sociedad Interamericana de Prensa.
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