A un mes de las Elecciones Regionales y Municipales, hay una pregunta que debería preocupar a todos: ¿en qué momento aceptamos que tener un prontuario pueda ser compatible con aspirar a gobernar una ciudad o una región?

Es cierto que la llamada reelección encubierta de algunas autoridades ha generado, con razón, críticas y cuestionamientos. Cambiar de cargo y buscar una nueva candidatura para prolongar la presencia en el poder puede convertirse en una manera de burlarse del espíritu de las normas. Pero hay un problema todavía más grave y preocupante: la cantidad de candidatos con sentencias o procesos judiciales que buscan llegar a gobiernos regionales y municipalidades.

No estamos hablando únicamente de cuestionamientos administrativos o de controversias políticas. Entre los aspirantes figuran personas vinculadas a procesos o condenas por delitos de corrupción, violencia familiar, robo agravado, secuestro, tortura, abuso sexual, narcotráfico e incluso terrorismo. Resulta sencillamente inconcebible que alguien con semejantes antecedentes o acusaciones pretenda presentarse ante los ciudadanos como una alternativa para dirigir los destinos de una comunidad. Y, sin embargo, allí están.

Pero el problema no es únicamente de quienes postulan. También es de los partidos que los acogen y de los ciudadanos que, muchas veces por desconocimiento o indiferencia, terminan premiando en las urnas lo que luego lamentan durante años.

Un alcalde o un gobernador regional administra presupuestos millonarios, toma decisiones que afectan la seguridad, las obras públicas, la salud y el desarrollo de miles de familias.

Estamos entregando poder. Y el poder, cuando cae en manos equivocadas, siempre termina costándonos más de lo que imaginamos.

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