Alejandro Soto deberá pagar más de S/300 mil por concepto de reparación civil a raíz de un proceso relacionado con una presunta estafa en perjuicio de la empresa Transportes Waynapicchu.
El tribunal estableció un pago individual de S/20 mil por el cobro de S/11 111 para elaborar unos estatutos que no fueron entregados a la compañía. A ello se suma una indemnización solidaria de S/287 271 por la venta de un terreno a un valor superior al de su adquisición, monto que deberá asumir junto con Mario Justo Sequeiros Fajardo.
Los hechos investigados corresponden a 2012, cuando Soto adquirió el predio por 5 mil dólares meses antes de transferirlo a la empresa.
El fallo señala que la obligación de reparación civil se mantiene pese a que la acción penal quedó extinguida por prescripción.
La prescripción se produjo tras la entrada en vigencia de la Ley 31751, que redujo de 18 a 10 años el plazo de prescripción procesal. La norma contó con el voto favorable de Soto durante su etapa parlamentaria.
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