El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), a través del Programa Nacional Warmi Ñan, presentó en la ciudad de Iquitos la propuesta del denominado "Protocolo Betania".
Esta guía de actuación conjunta está orientada a optimizar la atención integral de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual en sectores de difícil acceso geográfico, asegurando una intervención inmediata que supere los obstáculos de transporte y conectividad.
La presentación de la iniciativa tuvo lugar en la sede de la Corte Superior de Justicia de Loreto y reunió a representantes de diversos sectores del Ejecutivo, fuerzas armadas, sistema de justicia y autoridades locales para la recolección de observaciones y aportes técnicos.
Origen y respuesta operativa
La formulación del Protocolo Betania se inició de forma inmediata tras el caso de dos niñas víctimas de trata de personas de nacionalidades peruana y ecuatoriana. Las menores fueron ubicadas y rescatadas en una comunidad nativa de la región Loreto y en la provincia ecuatoriana de Pastaza, respectivamente. Aunque el operativo conjunto entre Perú y Ecuador culminó con éxito, el procedimiento evidenció descoordinaciones y limitaciones operativas que retrasaron las acciones de auxilio.
Para evitar la repetición de estos cuellos de botella, el nuevo protocolo define criterios de actuación ante escenarios marcados por distancias prolongadas, inclemencias climáticas, falta de comunicaciones e interacciones interculturales o lingüísticas complejas.
La hoja de ruta estandariza la activación de las alertas, la logística de desplazamiento de personal especializado a territorios aislados, el traslado excepcional de víctimas hacia centros urbanos cuando las condiciones lo requieran y el seguimiento posterior del caso bajo un enfoque de derechos humanos.
Validación interinstitucional
Al haberse desarrollado como una herramienta multisectorial, la validación del protocolo contó con la participación activa de dependencias del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional del Perú, la Defensoría del Pueblo y ministerios como Salud, Educación, Cultura y Justicia.
Asimismo, intervinieron representantes de las Fuerzas Armadas (Marina de Guerra, Ejército y Fuerza Aérea), entidades clave para el soporte logístico en la Amazonía, junto a la Municipalidad Provincial de Maynas y la Prefectura Regional.
Con la implementación de este marco de trabajo, el Estado peruano aspira a contar con capacidades de respuesta inmediata que eliminen la redefinición constante de competencias institucionales en momentos de emergencia y prevengan la revictimización en los territorios de mayor vulnerabilidad del país.
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