Poder Judicial ordenó a Alejandro Soto pagar más de S/ 300 mil de reparación civil por caso de estafa

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PJ ordena a Alejandro Soto pagar más de S/ 300 mil

Foto: Congreso - Video: Canal N

La Sala de Cusco fijó el pago tras la prescripción penal dictada por la Ley 31751 según informó Infobae sobre el caso de Soto.

AVPorAlvaro Vega Lavado »

El Poder Judicial sentenció al expresidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, a pagar más de 300000 soles por concepto de reparación civil por un caso de presunta estafa en agravio de la empresa Transportes Waynapicchu.

La resolución judicial fue emitida por la Primera Sala Penal de Apelaciones de Cusco, según un informe publicado por el portal Infobae.

La decisión del tribunal superior determinó la exigibilidad del resarcimiento económico pese a que la responsabilidad penal del exlegislador fue declarada prescrita.

Fuente: Congreso

El Ministerio Público había formulado previamente un requerimiento de 8 años y 8 meses de prisión privativa de la libertad contra el exfuncionario.

La Sala Penal de Cusco fija la reparación civil económica contra Soto

La sala superior impuso a Soto el pago individual de 20000 soles tras acreditarse que cobró 11111 soles por la elaboración de estatutos que no fueron entregados a la empresa en 2012.

Asimismo, el colegiado fijó una indemnización solidaria de 287271 soles por la venta sobrevalorada de un terreno.

El tribunal determinó que la suma restante deberá ser cancelada de manera conjunta con Mario Justo Sequeiros Fajardo, exgerente de la compañía de transportes.

La resolución precisó que el predio transferido a la empresa fue adquirido por el sentenciado por 5000 dólares meses antes de su comercialización.

La aplicación de la Ley 31751 evitó la sanción penal contra Soto

La acción penal contra el exparlamentario de Alianza para el Progreso se extinguió tras la entrada en vigencia de la Ley 31751, norma que redujo el plazo de prescripción procesal de 18 a 10 años. Dicho marco legal contó con el voto favorable de Soto durante su labor parlamentaria en el Congreso.

Los hechos materia del proceso judicial ocurrieron durante el año 2012, por lo que la causa punitiva prescribió formalmente en 2022 antes de emitirse una sentencia penal.

El fallo de segunda instancia fue aprobado por las juezas Rocío Cáceres Pérez y María Quispe Apaza, registrando el voto singular del magistrado Yuri Pereira Alagón.

La defensa del exlegislador elevó el expediente a la Corte Suprema

La representación técnica del expresidente del Congreso interpuso un recurso de casación ante el tribunal de apelaciones para impugnar la procedencia del pago indemnizatorio.

El colegiado superior concedió el trámite del recurso presentado por los abogados defensores en julio pasado.

El proceso civil pasará a conocimiento de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia para su evaluación en última instancia.

La máxima instancia jurisdiccional deberá resolver si ratifica la condena económica o si acoge los alegatos de prescripción civil presentados por la defensa.