Específicamente se plantea dar un trato especial a nivel de trámites para todo proyecto priorizado en el Plan Nacional de Infraestructura (PNI 2026-2031) y sus obras complementarias. Esto generaría beneficios a 72 iniciativas, cuya inversión conjunta alcanza los S/ 144,177 millones.

Este pedido al Congreso no es menor a raíz de hechos recientes. Especialistas apuntan a un fallo del Tribunal Constitucional (TC), que involucra a la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, como un antecedente para esta intención de Fujimori.

¿Libres de burocracia?

Entre los cambios que el Ejecutivo busca hacer para agilizar proyectos de Asociaciones Público-Privadas (APP) y otras modalidades resalta el interés por simplificar los procedimientos administrativos.

En ese sentido, el Gobierno plantea literalmente simplificar los trámites, establecer exoneraciones de requisitos, aprobación automática y silencio positivo para autorizaciones, permisos, informes y títulos habilitantes de proyectos priorizados en el PNI-2026-2031 y sus proyectos complementarios.

Como ya se señaló, esto beneficiaría al menos a 72 iniciativas por S/ 144,177 millones. En en listado están prácticamente todos los grandes proyectos de alcance nacional que acortarían la brecha de infraestructura del Perú.

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Figuran aquí el Anillo Vial Periférico (AVP), Chavimochic III, el Teleférico de Choquequirao, la Línea 2, el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur, el Puente Nación Asháninca, la Nueva Carretera Central, el Primer Grupo de Aeropuertos, la Red de Comunicaciones Napo-Putumayo, el COAR Centro y el Servicio educativo especializado para alumnos de segundo grado en Pasco, Huancavelica y Cusco.

Como contó Gestión en marzo, cuando se aprobó el PNI 2026-2031 en el Gobierno de José Balcázar, esos 11 proyectos fueron catalogados como los más “problemáticos”. Y justamente una de las razones principales apuntaba precisamente a la obtención de permisos de diversa índole.

“Veo saludable el pedido del Ejecutivo. Hemos tenido proyectos con contratos firmados y trazos fijos, pero las municipalidades plantean problemas para dar autorizaciones. Eso acaba en retrasos y mayores reclamos del privado al Estado”, consideró Muriel Menchola, socia del Área de Infraestructura y Construcción de Roselló Abogados.

Una “lección aprendida” más de la Línea 2

De acuerdo con la exposición de motivos que entregó el Ejecutivo para justificar su delegación de facultades, la medida comentada sobre el PNI busca evitar retrasos en la construcción de esta clase de proyectos de alcance nacional.

Si bien en el diagnóstico se cita el caso de los permisos ante el Ministerio de Cultura (Mincul), por el uso de bienes que integran el Patrimonio Cultural de la Nación posteriores al periodo prehispánico, los retrasos involucran a otros ministerios y niveles de gobierno también, ya que se generan duplicidades y requerimientos reiterativos.

“Estas circunstancias pueden afectar la predictibilidad y oportunidad de las decisiones administrativas necesarias para la ejecución de proyectos”, señala el Ejecutivo. Sin embargo, una decisión reciente del TC también está relacionada.

En la Sentencia 145/2026 el TC declaró inconstitucional la exoneración de permisos municipales prevista para determinados proyectos priorizados del Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad (PNISC), el documento que antecede al PNI 2026-2031.

Como contó Gestión, este fallo aborda una disputa del 2024 entre la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) por la llamada “Estación Central” de la Línea 2.

Una vieja disputa por una obra vinculada a la Línea 2 sería un antecedente para esta propuesta del gobierno de Keiko Fujimori. Foto: Andina).
Una vieja disputa por una obra vinculada a la Línea 2 sería un antecedente para esta propuesta del gobierno de Keiko Fujimori. Foto: Andina).

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