Gobierno publica Decreto de Urgencia ante el fenómeno El Niño/ Video: Canal N. Foto: PresidenciaEl Gobierno promulgó el Decreto de Urgencia N.º 010-2026 para permitir que empresas privadas financien servicios e intervenciones de prevención ante el Fenómeno El Niño.
ISPorIvette Soto »El Ejecutivo oficializó el Decreto de Urgencia N.º 010-2026 que habilita el sistema de "Servicios por Impuestos", una herramienta destinada a permitir que empresas privadas financien de forma directa servicios e inversiones de emergencia frente al Fenómeno El Niño. La disposición gubernamental autoriza al Estado a realizar la contratación directa de empresas y supervisores con procedimientos simplificados y plazos reducidos de adjudicación. Según precisó la norma aprobada, este mecanismo busca garantizar la continuidad de los servicios públicos esenciales, proteger la infraestructura y reducir los impactos del evento climático en las comunidades vulnerables.
La oficialización de la medida se produjo horas después de que la presidenta Keiko Fujimori adelantara en Piura la creación de este instrumento extraordinario para las zonas declaradas en emergencia. El marco legal faculta a las empresas financiadoras a descontar sus inversiones de las obligaciones tributarias mediante la emisión de Certificados de Inversión Pública Regional y Local (CIPRL). De acuerdo con el texto normativo, el esquema permitirá agilizar los recursos destinados a mitigar los riesgos derivados del evento meteorológico en las regiones afectadas.
Esta disposición normativa mantendrá su vigencia legal en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027. Las autoridades señalaron que las contrataciones ejecutadas bajo esta modalidad se financiarán de manera íntegra con fondos del Tesoro Público. Fuentes oficiales confirmaron que la agencia ProInversión asumirá el seguimiento técnico mensual de los proyectos y reportará periódicamente los avances al Ministerio de Economía y Finanzas.
Sustento técnico y cobertura de la emergencia por El Niño
El Decreto de Urgencia N.º 010-2026 se fundamentó en los informes técnicos del ENFEN, los cuales advirtieron una alta probabilidad de un evento de Niño Costero extraordinario entre septiembre de 2026 y enero de 2027. Ante estas proyecciones científicas, el Gobierno dispuso la declaración del estado de emergencia en un total de 893 distritos ubicados en la costa norte y centro del país. La delimitación territorial responde a la necesidad de intervenir de manera prioritaria en los puntos geográficos de mayor vulnerabilidad.
Las intervenciones autorizadas mediante el modelo de "Servicios por Impuestos" abarcan labores inmediatas como la descolmatación de ríos, la limpieza de cauces y el reforzamiento de defensas ribereñas. La norma contempla también la ejecución de obras de drenaje pluvial, la rehabilitación de la red de saneamiento básico y la recuperación de viviendas rurales. Según detalló el dispositivo oficial, el propósito de estas actividades es mitigar los daños materiales antes de que se registren precipitaciones de gran intensidad.
Fuentes del Ejecutivo indicaron que la réplica del esquema de Obras por Impuestos para la prestación directa de servicios busca acortar los tiempos de respuesta institucional. Las medidas aprobadas permitirán desplegar maquinaria y personal especializado en los cauces de mayor riesgo de desbordamiento. Con este procedimiento extraordinario, las autoridades prevén asegurar la capacidad operativa de la infraestructura pública estratégica durante los meses de contingencia.
Simplificación administrativa y mecanismos de supervisión
La norma aprobada establece un procedimiento administrativo simplificado que exonera a las IOARR de emergencia del requisito de registro previo en el Programa Multianual de Inversiones. Asimismo, el texto legal precisa que la Contraloría General de la República no emitirá un informe previo para la suscripción de los convenios, aunque conservará sus facultades de control simultáneo y posterior. Esta flexibilización de los trámites ordinarios tiene como objetivo eliminar trabas burocráticas en las fases previas a la ejecución.
El proceso de adjudicación para la selección de las empresas privadas se resolverá en un plazo máximo de diez días hábiles, mientras que la firma de convenios se concretará en un día tras la elección. La norma estipula plazos de uno a cinco días hábiles para el desarrollo de cada una de las fases del procedimiento de contratación directa. Adicionalmente, el marco normativo faculta a las propias entidades públicas a asumir la supervisión directa de las intervenciones para evitar retrasos en el campo.
Los pliegos correspondientes quedan autorizados para suscribir los convenios requeridos de manera inmediata bajo las reglas de este Decreto de Urgencia. La supervisión constante a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas y de ProInversión buscará verificar que los compromisos asumidos se ejecuten dentro de los cronogramas programados. La aplicación del instrumento legal apunta a resguardar la estabilidad económica y social en las áreas bajo declaratoria de emergencia.
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