LA PRESIÓN POR RESOLVER EL CASO, columna de Jorge Esteves

Hace pocos días, el general PNP Víctor Revoredo salió a comprar a una bodega en Trujillo y se encontró con una escena que, más allá de la incomodidad del momento, debería preocupar profundamente a todos. Familiares de los jóvenes detenidos por el caso de la matanza registrada en la ciudad lo esperaban para reclamar, con carteles y gritos, lo que consideran justicia para sus hijos.

“Justicia para los jóvenes inocentes”, era el mensaje.

Las versiones de los familiares son dramáticas y, por supuesto, deberán ser contrastadas y esclarecidas por las autoridades competentes. El padre de Ángel Fabrizio Bocanegra asegura que su hijo fue sacado de su vivienda mientras dormía. La madre de José Serrepe sostiene que su hijo estaba en Chepén a la hora del suceso de sangre. El abogado Juan Alvarado afirma que demostrarán que los detenidos no estuvieron en el lugar donde ocurrió el asesinato.

Nada de ello, por sí solo, prueba la inocencia de los intervenidos. Pero tampoco puede ignorarse.

Aquí surge un problema que va mucho más allá de un caso policial. Se trata de la manera en que se comunica una investigación criminal y de la enorme responsabilidad que tiene el Estado cuando presenta públicamente a personas como presuntos responsables de uno de los crímenes más graves ocurridos recientemente en Trujillo.

Los jóvenes fueron exhibidos como detenidos en una operación de la Dirincri de La Libertad, en una intervención que dio la impresión de que la Policía Nacional había logrado resolver el caso en tiempo récord, apenas horas después del hecho de sangre.

Sin embargo, posteriormente los propios jefes policiales señalaron que serían “las pericias y las diligencias forenses” las que determinarían el grado de participación de las personas detenidas en el secuestro y asesinato.

Entonces aparece una pregunta inevitable: si las pericias recién determinarán cuál fue la participación de los detenidos, ¿por qué se generó la sensación de que el caso ya estaba prácticamente resuelto?

La presión por resolver un crimen de alto impacto puede ser enorme. La indignación de la ciudadanía exige respuestas y el Gobierno necesita demostrar que el Estado es capaz de reaccionar frente a la criminalidad. Pero precisamente en esos momentos es cuando las instituciones deben ser más cuidadosas. La justicia no puede funcionar al ritmo de la necesidad política de mostrar resultados.

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