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Al 2050 habrá 9,5% millones de adultos mayores

El INEI presentó en 2026 el informe: «Estado de la Población Peruana 2026: una mirada al envejecimiento poblacional y al bono demográfico», y hacia 2050 uno de cada cuatro peruanos será adulto mayor (9,5 millones de adultos mayores).

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03/09/2026

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Leonardo Serrano Zapata

Este fenómeno es regional: la CEPAL (2024) estima que los 68 millones de personas de 65 años o más registrados en 2024 en América Latina y el Caribe se duplicarán hacia 2050, lo que pone en riesgo el «bono demográfico», el periodo en el que la mayoría en edad de trabajar sostiene económicamente a niños y ancianos.El Perú envejece rápido. La población de 60 años a más pasó de 5,7% en 1950 a 14,6% en 2026.

9.5 millones; representa la carga post-bono definitiva tras el cierre de la ventana de oportunidad en 2045. La esperanza de vida también varía según la región: para el periodo 2025-2030, los valores más bajos de la Sierra corresponden a Cusco (75,4 años), Puno (75,0 años) y Huancavelica (74,9 años).Dado que la población peruana vivirá entre dos y tres décadas más después de los 60 años, la autonomía personal resulta clave para evitar la dependencia o vivir con cierta independencia.

En el Perú, este bono demográfico alcanzó su límite en 2020, con 60.2 dependientes por cada 100 personas en edad de trabajar, pero el envejecimiento actual reduce esa ventaja. Un 21.9% de mujeres jóvenes de NINI está fuera del sistema educativo y laboral significa que el Perú está desperdiciando el último tramo de su bono demográfico femenino antes del cierre de 2040.

De hecho, el INEI proyecta para 2040 un quiebre social irreversible: por primera vez, los adultos mayores de 60 años (7.57 millones) superarán numéricamente a los menores de 15 años (7.55 millones), lo que exige acelerar políticas de empleo formal, educación de calidad e inclusión de jóvenes y mujeres.

Para proteger este bono, Cecchini et al. (2025) proponen ampliar la base productiva y el bienestar mediante el aumento de la participación laboral femenina, la reducción de las brechas salariales, la expansión de los servicios de cuidado y la conciliación familiar.

Aunque la región envejece más rápido que Europa sin haber consolidado un estado de bienestar, países como Chile, Uruguay y Argentina ya enfrentan esto con institutos nacionales especializados, el Servicio Nacional del Adulto Mayor, el Instituto Nacional del Adulto Mayor y la Dirección de Políticas para Adultos Mayores, cuyas políticas abarcan desde la protección social hasta la inclusión laboral.

El Perú avanza en esta línea con los Centros Integrales de Atención al Adulto Mayor (CIAM) municipales y el Plan Nacional para las Personas Adultas Mayores; sin embargo, el seguro médico y las jubilaciones —incluyendo la de los docentes cesantes— han quedado relegados, lo que se agrava porque el 70 % de la fuerza laboral es informal y carece de pensión.

El gobierno de Keiko Fujimori durante su primer mensaje a la nación, anunció la duplicación de Pensión 65 de S/350 a S/700 bimestrales a partir de 2027, el proyecto de Presupuesto 2027 contempla para este programa poco más de S/1 600 millones, el incremento sería de alrededor de 22,8 % respecto de 2026.

Habrá que añadir la preocupación de los docentes jubilados y cesantes quienes tendrán que esperar lo que señale el TC. Y pese a qué deben estar descansando, al igual que muchos adultos mayores trabajan aún después de los 65 años y la pensión 65 no alcanza.

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Los titulares de Lima Gris: 03 de septiembre

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Leonardo Serrano Zapata. Docente e investigador. Cursa el doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, Magíster en Gestión Pública y Gerencia Social y Licenciado en educación especialidad Lengua y Literatura Española por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Segunda especialidad profesional en Investigación y Gestión Educativa por la Universidad Nacional de Tumbes además en Educación Básica Alternativa por la UNE Enrique Guzmán y Valle. Es autor de seis libros, entre ellos Tecnológico para niños del siglo XXI: Vocabulario y Caligrafía (2024).

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Los titulares de Lima Gris: 03 de septiembre

Las noticias que marcan la agenda

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03/09/2026

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Redacción Lima Gris

NASCA: MINERÍA VERSUS PATRIMONIO ENCIENDE LA POLÉMICA

El diputado José Yataco defiende la minería artesanal en Nasca y plantea reunirse con el ministro de Cultura, Alberto Beingolea, mientras crece la preocupación por la protección de las Líneas y Geoglifos de Nasca, Patrimonio Cultural de la Humanidad.

DANIEL HERMOZA: “NO PODEMOS DAR FACULTADES LEGISLATIVAS A CIEGAS”

El representante de las MYPE, Daniel Hermoza, advierte que la incertidumbre económica, el riesgo de El Niño y las dificultades para acceder a crédito podrían llevar a miles de pequeños negocios a la informalidad o al cierre. Pide al Congreso mayor precisión y un plan nacional para las MYPE.

EDUCACIÓN PARA TODOS: CIFRAS REVELAN GRANDES BRECHAS EN EL PERÚ

En el marco de la Semana Internacional de los Estudiantes Adultos, se alerta que el 33,6 % de los mayores de 60 años no sabe leer ni escribir, mientras 8 millones de peruanos carecen de educación básica. Además, solo el 36,7 % de jóvenes de 17 a 24 años accede a la educación superior.

CÉSAR HOLGUÍN CUESTIONA INACCIÓN DE BEINGOLEA EN NASCA

El diputado César Holguín criticó la falta de acciones del ministro de Cultura, Alberto Beingolea, ante la situación de Nasca y cuestionó la contratación de allegados a ministros de Educación y Cultura. El parlamentario señaló que el Ministerio de Cultura mantiene una “especie de pasividad” frente a estos problemas.

SANTIAGO CHÁVEZ: 14 AÑOS Y 90 MEDALLAS EN NATACIÓN

El joven nadador loretano Santiago Chávez Manzur, de 14 años, suma 90 medallas y vuelve a poner a Loreto en el mapa deportivo. El pasado 28 de agosto conquistó cuatro medallas de oro, representando a su colegio San Agustín, y se perfila como una nueva promesa deportiva de Iquitos.

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Diputado José Yataco y la minería informal: ¿desarrollo a costa del patrimonio de Nasca? [VIDEO]

El diputado de la bancada del Partido Cívico Obras defiende la minería artesanal en Nasca y propone reunirse con el ministro de Cultura, Alberto Beingolea. Sin embargo, su posición abre una pregunta incómoda: ¿hasta dónde puede llegar la actividad minera cuando pone en riesgo un patrimonio cultural reconocido por la humanidad?

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14 horas ago

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02/09/2026

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Redacción Lima Gris

Las declaraciones del diputado José Yataco, de la bancada del Partido Cívico Obras y representante de Ica, han generado polémica al defender la presencia de familias dedicadas a la minería artesanal en Nasca, pese a que esta actividad se desarrolla en territorios donde también se encuentran las Líneas y Geoglifos de Nasca y Palpa, uno de los patrimonios culturales más importantes del Perú y del mundo.

Durante una entrevista con Lima Gris, el parlamentario fue consultado sobre la presencia de operaciones mineras en zonas cercanas a los geoglifos, así como sobre el abandono de hitos instalados por el Ministerio de Cultura para proteger las áreas patrimoniales. La respuesta de Yataco fue directa: «En Nasca hay muchas familias que viven de la minería artesanal» y planteó que durante la próxima semana de representación pueda reunirse con el ministro de Cultura, Alberto Beingolea, en la provincia.

El problema es que reducir la discusión a una cuestión de empleo y necesidades económicas puede terminar invisibilizando la dimensión histórica y cultural del territorio. La minería artesanal puede representar una fuente de ingresos para determinadas familias, pero eso no significa que cualquier espacio pueda convertirse en zona de explotación.

La preocupación se vuelve mayor cuando, como ha corroborado Lima Gris, existen sectores donde los geoglifos conviven con áreas de actividad minera. El caso de la ladera de los Camélidos resulta especialmente delicado. A ello se suma el deterioro y abandono de hitos que deberían delimitar y proteger las áreas arqueológicas.

Ante este escenario, resulta legítimo preguntarse si el Estado está cumpliendo realmente su obligación de proteger el patrimonio. Y, sobre todo, si una política de tolerancia frente a actividades mineras informales puede terminar convirtiéndose en una amenaza directa para bienes cuya importancia trasciende las fronteras del país.

El diputado Yataco sostiene que «la minería es prácticamente la actividad que mucho contribuye al desarrollo del país». Pero el desarrollo no puede medirse únicamente en toneladas extraídas, ingresos generados o puestos de trabajo. También debe considerar aquello que una sociedad está obligada a preservar para las futuras generaciones.

Las Líneas y Geoglifos de Nasca y Palpa no son un terreno disponible para negociar. Son testimonios de una civilización milenaria y forman parte de la memoria histórica del Perú.

Por ello, la próxima visita del parlamentario a Nasca debería servir no solo para escuchar a quienes viven de la minería, sino también para escuchar a arqueólogos, especialistas, comunidades, autoridades locales y defensores del patrimonio.

Porque fiscalizar no significa justificar. Y defender el desarrollo tampoco debería significar aceptar que el patrimonio cultural de la humanidad termine pagando la factura.

Aquí la declaraciones del diputado José Yataco.

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Carta pública ante el abuso y maltrato a trabajadores (acreedores laborales) de RBC Televisión – Canal 11

El caso RBC

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14 horas ago

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02/09/2026

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Redacción Lima Gris

Lima, miércoles 2 de setiembre del 2026.

Señora Keiko Sofía Fujimori Higuchi

Presidenta de la República del Perú

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Señora Janet Ofelia Tello Gilardi

Presidenta del Poder Judicial

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Señor Tomás Aladino Gálvez

Fiscal de la Nación

[email protected]

Señor Juan Carlos del Prado Ponce

Presidente del INDECOPI

[email protected]

Señor Carlos Alberto Rivera Salazar

Integrante de la Comisión de Procedimientos Concursales (CCO)

[email protected]

Señor Esteban Aníbal Carbonell O’Brien

Vocal de la Sala Especializada de la Comisión de Procedimientos Concursales (CCO)

[email protected]

Señora Maribel Patricia Obregón Sáenz

Secretaria Técnica de la Sala Especializada de la Comisión de Procedimientos Concursales

[email protected]

Señor Álvaro Miguel Zegarra Mulánovich

Vicepresidente de la Sala Especializada de Procedimientos Concursales

[email protected]

Señor Javier Francisco Zúñiga Quevedo

Vocal de la Sala Especializada de Procedimientos Concursales

[email protected]

Señor Walter Leonardo Valdez Muñoz

Presidente de la Sala Especializada de Procedimientos Concursales

[email protected]

Señor José Antonio Arostegui Girano

Vocal de la Sala Especializada de Procedimientos Concursales

[email protected]

Señor Zósimo Juan Pichihua Serna

Superintendente del Mercado de Valores (SMV)

[email protected]

Señor Christian Sergio Armas Alvarado

Procurador Público de la SMV

[email protected]

Señor Alix Godos García

Intendente General de Supervisión de Condutas

[email protected]

Señor Anderson Vela Guerrero

Intendente General de Cumplimiento de Conductas

[email protected]

Señor Josué Manuel Gutiérrez Cóndor

Defensor del Pueblo

[email protected]

De nuestra mayor consideración:

Los suscritos les extendemos un cordial saludo y a la vez el pedido para que de acuerdo a sus competencias procedan de oficio ante el cuestionado proceder del empresario Ricardo Martín Belmont Vallarino (presidente de la Junta de Acreedores de Red Bicolor de Comunicaciones – RBC TV SAA), pues vamos para seis años desde el inicio del procedimiento concursal, no obstante -a causa de una serie de maniobras anticorporativas y antiéticas-, los trabajadores (acreedores laborales) no reciben un sol hasta el día de hoy, siendo burlados no solo nosotros como ciudadanos sino también el propio INDECOPI y el Poder Judicial que en todas las instancias nos dio la razón.

Ante un presidente de la Junta de Acreedores (o administrador como Ricardo Martín Belmont Vallarino), que desvía fondos de la concursada Red Bicolor de Comunicaciones SAA, se evidencia que el mismo incumple y modifica los acuerdos conciliatorios y que retrasa sistemáticamente el cronograma de pagos, por lo que los acreedores laborales esperamos que se activen de inmediato los mecanismos legales del Estado peruano para su remoción en el cargo.

¿Cómo proceder legalmente bajo el marco del Sistema Concursal Peruano? ¿Qué debe hacer la Comisión de Procedimientos Concursales (CCO) del Indecopi?

Aunque el Indecopi no administra directamente la empresa, posee facultades sancionadoras y de fiscalización rigurosas. Es más, ante las reiteradas multas aplicadas al ciudadano Ricardo Martín Belmont Vallarino y el desvío de fondos que ha hecho, la Comisión de Procedimientos Concursales ya le aplicó multas pero debe actuar de forma más contundente y categórica, al amparo de la Ley General del Sistema Concursal, pues el desvío de fondos a otras empresas constituye una infracción muy grave (vulneración del destino patrimonial de la concursada).

Asimismo, sucede que cuando el presidente de una Junta de Acreedores ignora los requerimientos de información sobre el destino del dinero o las órdenes de la CCO, entonces esta Comisión deberá remitir los actuados al Ministerio Público para que se le denuncie por el delito de resistencia o desobediencia a la autoridad, pues el desvío de dinero a otra empresa fuera del cronograma concursal no es solo una falta administrativa, sino un delito penal de carácter económico.

Urgimos a las autoridades del Estado a documentar este caso, sobre todo cuando ya habría denuncias contra el señor Ricardo Martín Belmont Vallarino por Fraude en la Administración de Personas Jurídicas y Quiebra Fraudulenta. En ese sentido, los acreedores afectados y burlados por años solicitamos la intervención de oficio de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción o Delitos Económicos para denunciar al presidente de la junta de acreedores de Red Bicolor de Comunicaciones SAA por delitos como administración fraudulenta, apropiación ilícita, o fraude concursal (ocultamiento de bienes o simulación de deudas/desvíos para perjudicar el cobro de acreedores), de ser el caso, debiendo el INDECOPI a través de la CCO tomar atención debida al respecto.

Finalmente, reiteramos nuestro agradecimiento a sus dignos despachos por el interés y la atención que le otorguen a este caso por ser de justicia, toda vez que el Estado debe garantizar que se respete la Constitución, la ley y los derechos de los trabajadores y acreedores laborales, como parte sustantiva del compliance, así como del paso seguro de nuestro país hacia la OCDE, como también en provecho de la predictibilidad y la seguridad jurídica que permiten la inversión privada, que fomentan la seriedad de las buenas prácticas corporativas y la cultura empresarial con ética en una nación emprendedora y pujante como la peruana, temas que parecen no importar al ciudadano Ricardo Belmont Vallarino.

Atte.,

Karim Yuliet Alegría del Águila

DNI 07759079

Rafael Romero Vásquez

DNI 10802382

Evelyn Jacqueline Agreda Alarcón

DNI 45970834

Miriane Luz Mogollón Tinoco

DNI 10331231

Lenith Ariana Checa Tuesta

DNI 60182840

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Daniel Hermoza: «No podemos dar facultades legislativas a ciegas»

Representante de las Mypes, Daniel Hermoza, advierte que la incertidumbre, el riesgo de El Niño y las dificultades de acceso al crédito pueden empujar a miles de pequeños negocios hacia la informalidad o el cierre. Reclama al Congreso mayor precisión antes de entregar facultades legislativas al Ejecutivo y exige un plan nacional para las MYPE.

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16 horas ago

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02/09/2026

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Redacción Lima Gris

Por Mónica Aguilar

Las micro y pequeñas empresas enfrentan un escenario complejo. A las dificultades que ya arrastran para formalizarse, acceder al crédito y sostener sus negocios se suma ahora la incertidumbre generada por las reformas que plantea el Ejecutivo y los posibles efectos del fenómeno El Niño.

Para Daniel Hermoza, especialista en MYPE, el debate no puede centrarse únicamente en eliminar trámites o modificar los regímenes tributarios. Considera que el problema de fondo es la falta de capital, el bajo crecimiento económico y la ausencia de una política de Estado que atienda de manera integral a las micro y pequeñas empresas.

En esta entrevista analiza las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo, la situación de las MYPE y las medidas que, a su juicio, deberían adoptarse para proteger el empleo y promover la formalización.

Señor Hermoza ¿Cuál es su principal preocupación frente a las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo?

Nos preocupa especialmente que en el primer borrador de las facultades legislativas, que circuló, se planteara la posibilidad de eliminar el RUS y el RER, que son regímenes tributarios especiales para las MYPE.

También discrepamos de las declaraciones del ministro de Economía, Elmer Cuba, respecto a que los regímenes especiales tributarios y laborales no habían contribuido al desarrollo de las MYPE. Consideramos que sí han contribuido a la formalización.

Es cierto que algunas empresas hacen un uso indebido de estos beneficios y, en lugar de crecer, se estancan o crean otras empresas para no superar los límites establecidos. Pero esa distorsión no representa a la mayoría de las empresas que utilizan estos regímenes.

¿El documento presentado por el Ejecutivo es suficientemente claro respecto de los cambios que pretende realizar?

No, no está suficientemente claro, el documento es bastante genérico. Habla de normas tributarias que faciliten la formalización y el crecimiento, pero no especifica exactamente qué se quiere modificar.

Si se solicita una facultad para modificar normas tributarias, se debe precisar cuáles. Porque, de lo contrario, se podría entender que se está otorgando una facultad demasiado amplia.

Además, hemos visto anuncios que después son desmentidos. Hoy se habló, por ejemplo, de grabar los ahorros y los intereses y luego se dijo que eso no se había planteado. No podemos estar con estas idas y vueltas porque lo que generan es inestabilidad.

¿Cómo afecta esta incertidumbre a los emprendedores que buscan formalizarse?

Si quiero ser formal es porque busco predictibilidad. Quiero tener beneficios laborales y tributarios que me permitan empezar a crecer. Pero si veo que esos beneficios pueden ser eliminados, la formalidad pierde atractivo y puedo decidir continuar siendo informal.

Creo que se ha elegido un mal momento para plantear reformas que afectan beneficios de las MYPE, especialmente cuando tenemos por delante un problema climático que puede generar un fuerte impacto económico.

¿Qué sectores ya están sintiendo los efectos de esta situación?

Las MYPE de Gamarra ya han sido afectadas porque perdieron una de sus campañas más importantes: la de invierno. El calor impidió vender buena parte de la ropa que habían producido y, por lo tanto, no pudieron recuperar el capital invertido.

Ahora deben afrontar la campaña navideña con menos recursos, a eso se suma que los bancos están siendo más cautelosos para otorgar créditos debido al riesgo generado por el fenómeno “El Niño”.

En Villa El Salvador, por ejemplo, unas 300 MYPE del sector madera fueron afectadas porque se mojó la madera que tenían lista para trabajar. También se dañaron rollos de cuero y telas.

¿Qué debería hacer el Gobierno para lograr una formalización más atractiva para los emprendedores?

El problema de fondo de la informalidad no es solamente la tramitología. La estructura tributaria y laboral para las MYPE no está tan mal como se afirma.

Uno de los grandes problemas es el escaso crecimiento económico. Cuando una persona entra al mercado y sus expectativas de venta disminuyen, muchas empresas terminan cerrando.

Las estadísticas de bajas empresariales son un indicador importante. Cada año cientos de miles de empresas dejan de operar. Hemos pedido que se haga un estudio serio para determinar por qué ocurre esto.

¿Qué encontraron en sus estudios sobre el tiempo que toma pasar de la informalidad a la formalidad?

En un estudio que realizamos entre nuestros asociados encontramos que el 50 % señaló que no tuvo período de informalidad: decidió crear una empresa y desde el primer día fue formal.

El otro 50 % manifestó que demoró entre cuatro y ocho años, dependiendo del rubro. La razón principal fue la necesidad de acumular capital.

En actividades como la fabricación de calzado y confecciones, la formalización puede ser más rápida porque muchos comienzan trabajando desde sus propias casas. En cambio, en el comercio se necesita acumular capital para adquirir un local y recién entonces dar el salto hacia la formalidad.

¿Qué mecanismos financieros podrían ayudar a reducir ese período de informalidad?

Necesitamos desarrollar capital de riesgo. El capital semilla sirve para iniciar un pequeño negocio y comprar insumos, pero el capital de riesgo permite adquirir maquinaria, alquilar un local y ampliar la empresa.

Ese tipo de financiamiento prácticamente no existe en el Perú. Debemos construir un sistema que permita acortar el tiempo que una empresa permanece en la informalidad.

La reducción de la tramitología puede ayudar a una empresa que ya se formalizó, pero también necesitamos resolver el problema del acceso al crédito.

¿Qué medidas se necesitan para evitar que los emprendedores recurran al financiamiento informal?

El Estado debe evitar que el crédito informal gane espacio. Cuando el crédito formal disminuye, el emprendedor que necesita capital puede terminar recurriendo a préstamos informales con tasas de interés muy altas.

Por eso planteamos que se genere rápidamente un fondo de garantía, similar al modelo de Reactiva, para las MYPE que puedan verse afectadas por el fenómeno El Niño.

No se trata de regalar dinero. Se trata de generar un fondo de respaldo que permita que el sistema financiero continúe otorgando créditos a los emprendedores.

Pregunta. ¿Qué debería hacer el Gobierno para que las MYPE crezcan y generen empleo formal durante los próximos años?

Primero debemos reestructurar los servicios del Estado. Hemos propuesto que los programas, sistemas y viceministerios vinculados con las MYPE se integren en un solo ministerio.

Actualmente están dispersos y cada uno trabaja por su lado. Necesitamos integrarlos para que funcionen eficientemente.

En segundo lugar, necesitamos un verdadero plan de desarrollo de las MYPE. Otros sectores, como el turismo, cuentan con planes nacionales que establecen objetivos y acciones. En el caso de las MYPE no tenemos un plan de esa naturaleza.

¿Qué papel debe cumplir la capacitación técnica dentro de ese plan?

Es fundamental. Tenemos un gran déficit de técnicos en prácticamente todos los sectores.

Gamarra, por ejemplo, es una verdadera universidad de confeccionistas. Los jóvenes aprenden en la práctica a colocar botones, hacer cuellos, armar camisas y desarrollar diferentes procesos, pero no necesariamente reciben una certificación.

Necesitamos profesionalizar esos conocimientos porque debemos elevar la productividad para ser competitivos. También necesitamos fortalecer instituciones como Senati y multiplicar los centros de formación técnica especializados.

¿Cómo se podría impulsar la internacionalización de las pequeñas empresas peruanas?

Necesitamos incorporar la internacionalización dentro de un plan de desarrollo. Debemos buscar mercados para las MYPE y crear mecanismos que permitan a nuestros empresarios llegar al exterior.

Podríamos reunir a cientos de empresarios con apoyo del Estado y abrir un centro comercial en Francia para ofrecer productos peruanos.

Los chinos han desarrollado estrategias similares con sus barrios comerciales en diferentes partes del mundo. Es un ejemplo que podríamos analizar y adaptar a nuestra realidad.

¿Qué le pediría al Congreso antes de otorgar las facultades legislativas al Ejecutivo?

Le pediría mayor claridad. No puede haber enunciados genéricos cuando se solicitan facultades legislativas. El Congreso debe saber exactamente qué leyes se van a modificar y qué aspectos se pretenden cambiar.

Estamos a favor de los cambios que necesita el país, pero deben ser cambios conscientes. Tenemos que saber exactamente qué estamos apoyando.

No se trata de dar las facultades a ciegas, sino de hacerlo con responsabilidad y con evidencia.

¿Por qué es importante considerar las diferencias entre las MYPE de Lima y las de las regiones?

Porque las MYPE peruanas no son una masa uniforme. La realidad de una empresa de Cajamarca, Madre de Dios, Puno, Arequipa, Trujillo o Lima son diferente.

Una política que funciona en Lima no necesariamente tendrá el mismo resultado en una región. Además, debemos considerar las dificultades y limitaciones de los gobiernos regionales y locales, que muchas veces no están conectados con la realidad de las MYPE.

Si finalmente se aprueban las facultades legislativas, ¿qué resultado concreto debería observar un pequeño empresario en los próximos seis meses?

Es difícil decirlo porque estamos en una etapa de incertidumbre. Cuando un proyecto de ley pasa por el Congreso existe un proceso de discusión, opiniones y dictámenes que permite analizar sus efectos.

Cuando se otorgan facultades al Ejecutivo, la dinámica es diferente y se pueden aprobar decretos legislativos directamente. Por eso no sabemos cómo van a salir esas normas.

Estamos en una etapa de especulación y no podemos anticipar con certeza qué resultados tendremos.

¿Esta falta de predictibilidad puede terminar afectando la economía?

Por supuesto. No podemos vivir en una situación en la que un día se anuncia que se aplicarán impuestos a los intereses de los ahorros y horas después el Ministerio de Economía sale a desmentirlo.

Ese tipo de mensajes genera incertidumbre y puede provocar decisiones apresuradas de ciudadanos y empresas.

No podemos jugar de esa manera con la economía. Pensé que la inestabilidad había terminado, pero lamentablemente seguimos sin tener predictibilidad.

Finalmente, ¿qué mensaje les daría a los millones de emprendedores peruanos que esperan mejores condiciones para trabajar y hacer crecer sus negocios?

Les pediría que tengamos fe en los nuevos políticos que tenemos tanto en el Legislativo como en el Ejecutivo, pero también que les exijamos responsabilidad.

Estamos hablando de la vida de millones de peruanos que han invertido en sus pequeños negocios y que viven de ellos. Si las autoridades actúan de manera irresponsable o demagógica, lo más probable es que perdamos más empleo.

A los emprendedores les diría que sigan adelante y que tengan fe en que sus dirigentes continuarán luchando para lograr mejores condiciones para hacer empresa en el Perú.

Necesitamos que las MYPE sean parte de verdaderas políticas de Estado. Otros sectores tienen objetivos y planes de largo plazo; las MYPE también necesitan esa visión.

Los peruanos sabemos cómo enfrentar las adversidades y reconvertirnos. Vamos a superar también esta etapa complicada.

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Los titulares de Lima Gris: 02 de septiembre

Las noticias que marcan la agenda

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02/09/2026

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Redacción Lima Gris

PNP niega que camioneta usada en secuestro y asesinato en Trujillo pertenezca a la institución

Comunicado oficial señala que el vehículo investigado es particular y que la placa policial EFP-176 fue clonada. Además, la PNP señala que no existen indicios que comprometan a agentes o vehículos de la institución.

Cusco: bosque aledaño al Parque Arqueológico Saqsayhuamán viene siendo devorado por la tala

A pocos kilómetros de Sacsayhuamán, un bosque que durante décadas fue parte del paisaje cusqueño ha ido perdiendo árboles mientras el lugar se convierte en escenario de conciertos y eventos masivos. Los habitantes de la zona denuncian la existencia de estructuras arquológicas que corren peligro.

Perú rompe relaciones diplimáticas con Irán

El Gobierno del Perú anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con Irán, argumentando preocupaciones por el deterioro democrático, las restricciones a la navegación en el estrecho de Ormuz y la obstrucción a las inspecciones del Organismo Internacional de Energía Atómica.

La medida no implica la ruptura de relaciones consulares, por lo que se mantendrán los mecanismos necesarios para proteger a los ciudadanos de ambos países.

Jaime Quito cuestiona contrataciones en Ministerio de Cultura

El senador Jaime Quito criticó el escándalo por las contrataciones en el Ministerio de Cultura y cuestionó el conocimiento del sector por parte del ministro Alberto Beingolea.

Quito sostuvo que la prioridad de algunos ministros sería colocar a sus allegados en los ministerios.

Arequipa irreumpe en el arte contemporáneo

Diez artistas exploran la identidad, la memoria, el cuerpo, el territorio y la tecnología en una exposición que reúne distintas formas de entender y representar Arequipa.

La muestra se presenta en la Galería Más Arte —ubicado en la  calle Mariano Odicio 282, Miraflores. Ingreso libre.

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Los titulares de Lima Gris: 01 de septiembre

Las noticias minuto a minuto.

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01/09/2026

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Redacción Lima Gris

Decano del Colegio de Arqueólogos del Perú, Miguel Canchari Huamaní, es denunciado por falsificación y uso de documentos

La máxima autoridad del gremio que debe garantizar la ética y el ejercicio profesional de la arqueología enfrenta una denuncia por la presunta falsificación de firmas, alteración de documentos y uso de experiencia laboral que habría sido utilizada para acreditar requisitos en una millonaria licitación de PROVIAS.

Frente a estas informaciones, el Colegio de Arqueólogos rechazó categórica y enfáticamente la calificación de coyuntura utilizada desde el “escándalo” , así como cualquier afirmación que pretenda dar por ciertos los hechos antes de un pronunciamiento oficial de la autoridad competente.

El gremio invocó el respeto al debido proceso y la presunción de inocencia. Canchari Huamaní, por su parte, sostiene que la denuncia es falsa.

Lionel Messi anuncio su retiro de la selección Argentina

El capitán confirmó su despedida tras 20 años vistiendo la camiseta albiceleste y reconoció que fue una decisión que “dolió y duele en el alma”.


Congreso pide explicaciones por designación en Derrama Magisterial.

 La congresista por Junín, Gina Duarte de Pezet, solicitó a la Comisión de Educación citar al ministro de Educación para explicar la designación de la excongresista Tania Ramírez García como representante del Ministerio de Educación ante la Derrama Magisterial.

El pedido busca conocer los criterios técnicos y legales utilizados para esta designación y determinar si se respetaron los principios de idoneidad, meritocracia y transparencia. La comisión deberá evaluar ahora si corresponde convocar al titular del sector para brindar explicaciones públicas sobre la cuestionada decisión.
Tras el pedido de citación de la comisión de Educación, la excongresista presentó su renuncia como representante del MINEDU en la Derrama Magisterial.

Alerta por avance de la minería informal en Nasca

 El senador Jaime Delgado advirtió sobre el avance de la minería informal en zonas cercanas a las Líneas de Nasca y pidió al Ministerio de Cultura reforzar su protección.

Asimismo, planteó recuperar los conocimientos ancestrales de la cultura Nasca para enfrentar problemas como la crisis hídrica y el fenómeno El Niño, destacando la importancia de preservar tanto el patrimonio arqueológico como los saberes tradicionales de esta cultura.

Ministro responde por protección de las Líneas de Nasca. 

Ante los cuestionamientos de los medios de comunicación y la presión del Congreso, el ministro de Cultura, Alberto Beingolea, se pronunció sobre la situación de las Líneas y Geoglifos de Nasca.

El titular del sector deberá explicar las acciones que se vienen adoptando para garantizar la protección de este importante patrimonio arqueológico frente a las amenazas que afectan la zona.

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PNP niega que camioneta usada en secuestro y asesinato en Trujillo pertenezca a la institución

Comunicado oficial señala que el vehículo investigado es particular y que la placa policial EFP-176 fue clonada. La Policía sostiene que su unidad legítima continúa operativa en San Gabán-Juliaca y que, hasta el momento, no existen indicios que comprometan a agentes o vehículos de la institución.

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2 días ago

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01/09/2026

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Redacción Lima Gris

La Policía Nacional del Perú salió al frente de las versiones que vinculaban a la institución con la camioneta presuntamente utilizada en el secuestro de un empresario y el homicidio de cuatro personas en Trujillo, región La Libertad. A través del Comunicado N.° 19-2026, difundido este 1 de septiembre, la PNP negó que el vehículo investigado sea una unidad oficial.

Según el documento, las verificaciones técnico-policiales realizadas hasta el momento determinaron que las características físicas y registrales de la camioneta no corresponden a una unidad oficial del Ministerio del Interior ni de la Policía Nacional.

Uno de los principales elementos de la controversia era la placa EFP-176, que aparece en las imágenes del vehículo. La PNP precisa que dicha matrícula fue clonada y colocada de manera indebida en la camioneta investigada. Por tanto, sostiene que la utilización de esa placa policial no convierte al vehículo en una unidad institucional.

La propia Policía informó que realizó la verificación de la unidad legítimamente vinculada con la matrícula EFP-176. Se trata de un patrullero que permanece bajo control institucional y se encuentra asignado al Departamento de Seguridad de Protección de Carreteras (DESPDC) San Gabán-Juliaca.

El comunicado añade que dicho vehículo cuenta con sus elementos de identificación y registros correspondientes y permanece en condición operativa desde el 28 de agosto de 2025.

Pero la investigación permitió encontrar otro elemento que podría resultar clave para establecer la verdadera identidad de la camioneta utilizada en el hecho criminal. Se trata de la placa BNG-906, que, de acuerdo con la consulta registral citada por la PNP, corresponde a una camioneta Toyota Hilux de propiedad particular. Esta matrícula será incorporada a las pesquisas técnico-científicas.

La institución también advierte que el uso de prendas, distintivos o equipamiento similar al policial por parte de delincuentes no constituye evidencia de un vínculo con la Policía Nacional. Según la PNP, la simulación de una intervención policial puede ser utilizada por organizaciones criminales como un recurso para sorprender y someter a sus víctimas.

En ese sentido, la Policía afirma que hasta el momento no existen indicios que comprometan a personal policial ni a unidades móviles de la institución con el caso. Las diligencias continúan para identificar, ubicar y capturar a todos los responsables, además de determinar el origen de los bienes utilizados durante el hecho.

Con este pronunciamiento, la PNP busca desmontar la versión de que una camioneta oficial habría sido empleada directamente en el secuestro y asesinato. Sin embargo, la investigación deberá establecer cómo fue utilizada una placa policial clonada, quién tuvo acceso a ella y quiénes participaron en la utilización de una camioneta particular que habría sido presentada ante las víctimas como un vehículo policial.

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Cusco: un bosque aledaño al Parque Arqueológico Sacsayhuamán viene siendo devorado por la tala y contaminado por conciertos masivos

A pocos kilómetros de Sacsayhuamán, un bosque que durante décadas fue parte del paisaje cusqueño ha ido perdiendo árboles mientras el lugar se convierte en escenario de conciertos y eventos masivos. Los residentes de la zona denuncian tala, residuos, riesgos de seguridad y la existencia de estructuras arquológicas que corren peligro. ¿Qué hace El Ministerio de Cultura y el Ministerio del Ambiente?

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2 días ago

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01/09/2026

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Redacción Lima Gris

Por Mónica Aguilar

Llaullipata en peligro. En las inmediaciones de la carretera hacia Sacsayhuamán viene ocurriendo una tala progresiva de un bosque. A esto se suma el ingreso de vehículos pesados y la transformación de sectores que durante décadas permanecieron cubiertos de vegetación, transformados en un grotesco espacio para conciertos masivos. “Es desolador todo lo que han avanzado en estos años”, afirman los cusqueños.

La identidad de los ciudadanos por su seguridad lo mantendremos en reserva, pero sus testimonios plantean una pregunta que las autoridades no deberían dejar pasar: ¿qué está ocurriendo realmente en Llaullipata?

El problema no solo es la voraz tala de árboles, aquí está en juego un espacio próximo a uno de los principales complejos arqueológicos del Cusco, un entorno natural que alberga una importante fauna. Además, existen estructuras que deberían ser revisadas por los especialistas de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco.

El bosque que comenzó a desaparecer

Según testimonios, los terrenos ubicados entre la carretera hacia Sacsayhuamán y el río Shapi pertenecerían a la familia Ruiz Caro. En la zona predominan eucaliptos, aunque también existen pinos, cipreses y, en determinados sectores, queuñas y chachacomos. Los habitantes de la zona, sostiene que, independientemente de la condición de las especies plantadas, con el paso de los años allí se desarrolló una masa vegetal que terminó formando parte del ecosistema local, como liebres andinas, ciervos, pequeños mamíferos y numerosas especies de aves.

Los habitantes recuerdan que durante la pandemia, la presencia humana disminuyó considerablemente, esto provocó que los animales aparecíeran con mayor frecuencia. Pero mientras los pobladores permanecían encerrados, los ernomes camiones seguían llegando. Estos vehículos son utilizados para retirar troncos. Después de tala, solo quedan restos de madera, aserrín y residuos en distintos sectores.

Aquí hay varias preguntas por responder: ¿cuántos árboles fueron extraídos?, ¿quién autorizó su tala?, ¿qué superficie fue intervenida y bajo qué condiciones?

Las respuestas deberían encontrarse en los documentos de las autoridades competentes y no solamente en las explicaciones de quienes viven en la zona.

El bosque agoniza

Durante la pandemia, aparecieron publicaciones en redes sociales para llamar la atención sobre lo que estaba ocurriendo. Las denuncias ciudadanas también llegaron a las instituciones.

Los testimonivos de diferentes visitantes a la zona, expresan gran preocupación. Lo que se observa en el lugar es una tala permanente que viene depredando una de las riquezas naturales del Cusco.

“Pero no son solo árboles. Es toda una masa de vida que se está depredando y no vuelve jamás”, afirman.

Y allí aparece una obligación elemental del Estado: determinar si la extracción se realizó legalmente, si contó con las autorizaciones correspondientes y cuál fue su impacto sobre el entorno.

Pero la discusión va más allá, aquí también hay que determinar qué ocurre con el espacio donde ese árbol creció, qué efectos produce su desaparición y qué normas ambientales o patrimoniales resultan aplicables.

Cuando la naturaleza es aplastada por los conciertos

La transformación de Llaullipata no se habría limitado a la tala. Según testigos, dentro de la propiedad existen espacios abiertos que comenzaron a ser utilizados para conciertos, ferias y otros eventos masivos. Alli se producen espectáculos musicales que congregan a cientos o miles de personas, conciertos donde incluso ha participado el Grupo 5.

La preguntas se vuelven inevitables: ¿Qué permisos tenían esos eventos? ¿quién evaluó las condiciones de seguridad?, ¿qué rutas de evacuación fueron habilitadas?, ¿qué instalaciones eléctricas se utilizaron?, ¿qué medidas se adoptaron para proteger el entorno?, ¿qué controles realizó Defensa Civil?

La preocupación adquiere especial relevancia porque, según los residentes, el lugar se encuentra en las inmediaciones de la zona de amortiguamiento del Parque Arqueológico de Sacsayhuamán.

Si el Estado permite que miles de personas ingresen periódicamente a un espacio de estas características, entonces también debe garantizar que la actividad sea compatible con la seguridad, la conservación ambiental y la protección del patrimonio.

Un joven murió electrocutado

Testigos de la zona, relatan la muerte de un joven durante una actividad realizada en el lugar. Según diversas versiones, para una feria que incluía conciertos se habría contratado a adolescentes provenientes de un hogar para realizar labores de apoyo logístico.

La muerte ocurrió en el 2023, durante la feria «La cusqueñisíma». La Comisión de Juristas de Cusco, en su momento que tomaron contacto con los familiares de la víctima para iniciar las acciones legales correspondientes. Según fuentes, el caso de la muerte del joven se encuentra archivos. Es decir, no hubo responsables.

“Hicieron un evento en un centro arqueológico sin contar con la autorización respectiva”, afirmó Cereceda en el 2023, quien además sostuvo que habría existido una presunta presión desde el Viceministerio de Cultura para permitir la realización de la actividad.

La víctima fue identificada como Elías Huaccanqui, de 26 años, quien falleció luego de caer desde una altura aproximada de seis metros mientras colocaba un panel publicitario.

La naturaleza convertida en espectáculo

Los problemas denunciados no terminan con la seguridad. La pobladores describen la existencia de residuos, ruido y una presión creciente sobre el entorno. Afirman que durante algunos eventos los asistentes llegaron a utilizar los alrededores del bosque como servicios higiénicos.

Mientras el país habla de turismo sostenible, protección ambiental y puesta en valor del patrimonio, un espacio cercano a Sacsayhuamán vendría siendo utilizado para actividades multitudinarias cuyo impacto ambiental requiere, como mínimo, una evaluación.

Concierto en haciendo Llaullipata.

La pregunta para el Ministerio del Ambiente es concreta: ¿existe alguna evaluación ambiental de las actividades desarrolladas en esta zona y de los efectos acumulativos de la tala, el tránsito vehicular, el ruido, los residuos y las concentraciones masivas de personas?

Las piedras que esperan una respuesta

Pero Llaullipata guarda otra interrogante. Los habitantes aseguran haber encontrado piedras y sectores que, desde su percepción, podrían corresponder a antiguos andenes u otras estructuras incas.

Si los ciudadanos advierten la presencia de estructuras o elementos que podrían tener valor arqueológico en las inmediaciones de Sacsayhuamán, lo razonable es que un especialista del Ministerio de Cultura realice una inspección técnica y determine qué son.

La apertura de una trocha habría permitido, según testigos, el ingreso de vehículos hacia sectores donde se venía interviniendo el bosque. En el lugar se encontró numerosas piedras y basura.

Ministerio de Cultura y Ministerio del Ambiente: llegó la hora de actuar

El caso de Llaullipata no puede resolverse con declaraciones. El Ministerio de Cultura debería informar si ha recibido denuncias sobre posibles estructuras arqueológicas en la zona, si realizó inspecciones y cuál fue el resultado. También debería precisar si las actividades desarrolladas en las inmediaciones de Sacsayhuamán cumplieron con las disposiciones de protección patrimonial que correspondan.

El Ministerio del Ambiente, por su parte, debería explicar qué entidad tiene competencia sobre la eventual afectación ambiental denunciada, si existen evaluaciones o fiscalizaciones y qué medidas de protección corresponden. Y las autoridades municipales tampoco pueden mirar hacia otro lado si en el lugar se desarrollaron eventos masivos.

Basta de depredar nuestros bosques. Porque cuando el último árbol haya caído, cuando el último animal haya abandonado el lugar, ninguna comisión, ningún informe y ninguna conferencia de prensa podrá devolver aquello que se perdió.

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