El exministro del Interior, Daniel Urresti, criticó al gobierno de Keiko Fujimori y aseguró que hasta la fecha, esta gestión sigue sin mostrar planes claros para combatir la delincuencia y la criminalidad que viene afectando a la población.
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“Los planes del gobierno para la lucha contra la criminalidad son muy gaseosos y falta aterrizar a hechos concretos. Pese al pedido de facultades, aún se desconocen (los planes). Esta es una lucha en la que tienen que participar todos: El Ejecutivo, los alcaldes, senadores, diputados, todos”, señaló.
PARTE DE LA CULPA
Urresti también apuntó contra el exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, a quien responsabilizó de que la inseguridad tuviera un notable crecimiento en la ciudad.
“Su incapacidad para enfrentar la inseguridad ciudadana, dejó la capital en grave riesgo de convertirse en el nuevo Trujillo. Por tres años, se dedicó a hacer obras que ni siquiera terminó, y dejó la seguridad a la deriva. Cada vez hay más extorsiones, más asesinatos por encargo y más organizaciones criminales operando con total impunidad. Si no actuamos ahora, la situación será mucho más grave”, aseveró.
MEDIDAS
El también candidato a la alcaldía de Lima indicó que, de ser elegido como burgomaestre de la ciudad, su principal labor será la de recuperar la seguridad en Lima, para lo cual buscará mejorar la capacidad operativa de la Policía Nacional (PNP), a través de la incorporación de vehículos civiles para inteligencia, y la implementación de sistemas de geolocalización y reconocimiento facial apoyados por inteligencia artificial.
También aseguró que se buscará contar con 1000 patrulleros mediante renting, para reforzar el patrullaje metropolitano; la contratación de 100 equipos Terna para intervenir en los puntos con mayor incidencia delictiva; y proporcionar equipos para extraer información de celulares incautados; y seguimiento de operaciones vinculadas con dinero procedente de actividades criminales.
Asimismo, sostuvo que se construirán cuatro megacomplejos policiales que reunirán unidades operativas, fiscales y jueces, con el objetivo de agilizar los procesos de flagrancia; así como el cierre de mercados negros y establecimientos dedicados a la comercialización de celulares y bienes robados en coordinación con la Policía, el Ministerio Público y Osiptel.
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