La diputada de Renovación Popular, Norma Yarrow, presentó un proyecto de ley que plantea eliminar el financiamiento público directo e indirecto que reciben las organizaciones políticas. La iniciativa busca que esos recursos sean destinados a servicios públicos esenciales y contribuir a una mayor eficiencia del gasto estatal.
Según la propuesta, el objetivo es optimizar el uso de los recursos públicos y reducir los riesgos de conflictos de interés y cuestionamientos vinculados con el manejo del financiamiento destinado a los partidos políticos.
Para ello, el proyecto modifica el artículo 36-D de la Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas, referido a las sanciones aplicables a personas jurídicas distintas de las organizaciones políticas.
La iniciativa establece como infracción grave que una persona jurídica realice aportes, de manera directa o indirecta, a una organización política. También plantea considerar como infracción grave que una entidad pública o privada se niegue a proporcionar información requerida por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
Asimismo, propone derogar los artículos 29, 37 y 38 de la Ley 28094, disposiciones relacionadas con el financiamiento público directo de las organizaciones políticas.
El argumento de Yarrow
La parlamentaria sostiene que el actual esquema permite destinar recursos del Estado a actividades partidarias en un contexto marcado por restricciones presupuestales y mayores demandas sociales en sectores como salud, educación y seguridad.
En ese sentido, considera necesario revisar si el financiamiento público a las organizaciones políticas continúa respondiendo al interés general o si corresponde modificar esta política.
“El dinero de los peruanos debe estar al servicio de los peruanos, no de los políticos”, señaló Yarrow en su cuenta de X al anunciar la presentación del proyecto.
La legisladora agregó que los recursos públicos deberían priorizar la atención de servicios como salud, educación, seguridad y servicios básicos, y cuestionó el eventual uso inadecuado de fondos estatales destinados a las organizaciones políticas.
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Casos que ponen el tema en debate
Durante las Elecciones Generales 2026 se registraron cuestionamientos relacionados con el uso de los recursos destinados a la franja electoral.
Uno de los casos involucró a Primero La Gente, que asignó S/ 464,000 de su franja electoral a Nativa. La decisión generó cuestionamientos debido a los vínculos entre el medio y Miguel del Castillo, entonces candidato a diputado de dicha organización política.
Asimismo, Alianza para el Progreso (APP) asignó S/ 349,882 de su franja electoral a Cosmos Televisión, decisión que también fue objeto de cuestionamientos públicos.
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