EE. UU. cuestiona la reforma constitucional aprobada en Nicaragua

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EE.UU cuestionó la reforma electoral aprobada en Nicaragua que excluye a la oposición de las elecciones

EE. UU. cuestiona la reforma constitucional aprobada en Nicaragua. Video: Canal NRSPorRodrigo Saldarriaga Valverde »

El Gobierno de los Estados Unidos elevó las advertencias hacia Nicaragua tras la aprobación en primera legislatura de una reforma a la Constitución Política, medida que inhabilita a los opositores políticos para participar en procesos electorales y ejercer cargos públicos. A través de la Secretaría de Estado liderada por Marco Rubio, las autoridades estadounidenses cuestionaron las disposiciones impulsadas por la administración que encabezan Daniel Ortega y Rosario Murillo, exhortando a sus socios internacionales a no continuar actuando "como si nada" ante las acciones del régimen nicaragüense.

La modificación legal prohíbe la postulación y ejercicio público de personas calificadas por el régimen como "traidores a la patria", así como de aquellos vinculados a supuestos intentos de golpe de Estado, financiamiento extranjero o acciones dirigidas contra la soberanía. Asimismo, la enmienda amplía la extensión del mandato presidencial y de otras autoridades estatales de 6 a 7 años, dejando en suspenso los comicios electorales fijados para este año.

Antecedentes políticos y denuncias de represión en Nicaragua

Desde la perspectiva del oficialismo nicaragüense, la normativa busca garantizar que los sectores catalogados como "vende patria" no intervengan en la política interna del país. Sin embargo, las medidas se suman a la postura adoptada por Daniel Ortega, quien previamente declaró que no volverían a desarrollarse elecciones en territorio nicaragüense, advertencia frente a la cual la diplomacia norteamericana señaló que no permanecerá de brazos cruzados.

Daniel Ortega ejerce el poder en Nicaragua de forma continua desde 2007 y comparte la presidencia con su esposa, Rosario Murillo. Diversas organizaciones internacionales atribuyen al Ejecutivo la persecución de la oposición política y violaciones sistemáticas a los derechos humanos, escenario agudizado tras las protestas de 2018, las cuales concluyeron con un saldo superior a los 300 fallecidos producto de la represión.