Pese a las condenas obtenidas por los crímenes de Saweto y Quinto Inuma, los responsables prófugos, las reparaciones civiles impagas y el avance de actividades ilegales mantienen en peligro a sus familias y comunidades.
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Renzo AnselmoEscucharResumenCompartirLas condenas por los asesinatos de los líderes indígenas de Saweto y del defensor kichwa Quinto Inuma no han terminado con el peligro para sus familias. Viudas e hijos permanecen alejados de sus comunidades por temor a represalias, afrontan dificultades económicas y advierten que las actividades ilegales denunciadas por sus familiares continúan avanzando en sus territorios.
El cuádruple crimen de Saweto, ocurrido en 2014, y el asesinato de Inuma, perpetrado en 2023 pese a que contaba con medidas de protección del Estado, forman parte de una larga lista de 37 líderes, comuneros y comuneras asesinados en la Amazonía entre 2013 y 2025, según la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep).
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Si bien ambos casos alcanzaron sentencias condenatorias, las familias sostienen que la justicia sigue incompleta. Hay responsables prófugos, recursos legales pendientes, reparaciones civiles sin pagar y comunidades expuestas a invasiones, tala ilegal, narcotráfico y otras economías ilícitas.
Alivio parcial
Quinto Inuma Alvarado fue asesinado el 29 de noviembre de 2023 cuando regresaba a su comunidad Santa Rosillo de Yanayacu, en el distrito de Huimbayoc, provincia y región de San Martín. Había denunciado la tala ilegal, invasiones y tráfico ilícito de drogas dentro y fuera del territorio comunal. Recibió medidas de protección del Estado, pero eso no evitó que acabaran con su vida.
El pasado 24 de agosto, a casi tres años del crimen, el Poder Judicial concluyó que el atentado fue planificado en represalia por su defensa ambiental y condenó por sicariato, en primera instancia, a los cuatro implicados con penas de entre 15 y 35 años de prisión. Kevin Inuma, hijo mayor del defensor, afirmó que la sentencia alivió en parte la preocupación familiar, pero resaltó que el camino de justicia aún no termina.
“Nosotros como familia hemos recibido con algo de tranquilidad (la condena), nos ha dado un poco de calma porque pensábamos que, de repente, iban a salir libres y nos podrían poner en riesgo. Pero aún sigue el proceso porque me imagino que van a apelar”, indicó. Aunque la apelación no fue notificada formalmente hasta el cierre de esta nota, lo más probable es que se presente, señaló la abogada Cristina Gavancho, parte de la defensa legal de la familia Inuma.
Comunidad sin titulación
Pese a la sanción contra los responsables, Kevin Inuma remarcó que el peligro que denunció su padre años atrás no ha desaparecido para su comunidad. “Nuevamente hay problemas porque están ingresando al territorio bastantes personas migrantes que solo buscan apropiarse de espacios para traficarlos”, dijo.
Los foráneos que ingresan ilegalmente al territorio lo hacen para acaparar tierras, talar grandes extensiones (entre 10 y 15 hectáreas por parcela) para sembrar, aumentar el valor comercial del suelo y luego revenderlo. Esto, según dijo, choca con las prácticas sostenibles de la comunidad, que cultiva un máximo de 1 a 3 hectáreas por chacra para subsistir sin alterar gravemente los ríos ni la fauna local.
Agregó que el peligro se agrava porque hasta ahora la comunidad Santa Rosillo de Yanayacu no cuenta con un título de propiedad que la proteja jurídicamente. “Ya estamos por los tres años desde que falleció mi papá y hasta ahora no se ve la titulación. Al ver ese incumplimiento del Estado, es como decir que nos están abandonando porque permiten que invasores sigan ingresando a la comunidad. ¿Hasta cuándo van a seguir esperando? ¿Quieren que haya más muertes?”, señaló.
Prófugos de la justicia
El caso Saweto también mantiene varios frentes pendientes. A 12 años del cuádruple crimen que acabó con la vida de Edwin Chota, Leoncio Quintisima, Jorge Ríos y Francisco Pinedo el 1 de setiembre de 2014, solo dos de los cuatro sentenciados a 28 años y 3 meses de prisión han sido capturados. Los otros dos continúan prófugos y un quinto inculpado permanece como reo contumaz mientras su juicio está paralizado hasta que sea capturado.
El proceso judicial aún no termina tampoco. Pese a que la sentencia fue ratificada en segunda instancia hace un año, la defensa de los cuatro sentenciados presentó un recurso de casación ante la Corte Suprema alegando una vulneración al debido proceso.
Asimismo, dos de los condenados, los hermanos Segundo y Josimar Atachi Félix, interpusieron una demanda de hábeas corpus ante el Tribunal Constitucional cuestionando las sentencias por la presunta afectación a sus derechos fundamentales.
Para Rocío Trujillo, abogada de las víctimas, ambos recursos buscan dejar sin efecto el fallo judicial y retrasar la obtención de justicia. “Al final lo que buscan es que se declare nula la sentencia. Son de alguna forma mecanismos para dilatar el proceso y obtener impunidad”, expresó.
Apartados de su tierra
Con un proceso legal en marcha y tres implicados no capturados, las viudas y los hijos de los líderes de Saweto asesinados aún no pueden retornar a su comunidad por temor a represalias, según afirmó Trujillo.
“El centro poblado donde vivían los asesinos y sus familiares está muy cerca de la comunidad de Saweto. Entonces, hay un riesgo latente porque no hay una seguridad para ellas ni para sus hijos e hijas, por lo cual temen que pueda suceder algo”, dijo.
Además, según Trujillo, comunidades como Saweto ubicadas en la cuenca de Tamaya seguirían siendo presionadas por la presencia de operadores de actividades ilícitas vinculados a la tala ilegal y el tráfico de coca.
“El año pasado tomamos conocimiento de que toda esta zona de Tamaya sigue con una fuerte presencia de economías ilegales y organizaciones criminales como el Comando Vermelho. Hay informes incluso que dan cuenta de dicho aumento, lo cual pone en riesgo los territorios de los pueblos indígenas y sus defensores”, refirió.
Reparación y protección
La imposibilidad de volver a un territorio aún bajo amenaza ha implicado un doloroso choque cultural y de subsistencia para las familias afectadas, al verse obligadas a pasar de una vida autónoma, donde dependían de sus chacras, la caza, la pesca y su "farmacia" natural en el bosque, a una total dependencia económica en la ciudad.
Las dificultades económicas que atraviesan los deudos de Saweto y Quinto Inuma también los llevan a exigir el pago de las reparaciones civiles. En el primer caso, el monto asciende a S/400.000 para las cuatro familias; en el segundo, a S/1.000.000.
Sin embargo, su principal reclamo es que el Estado establezca mecanismos de protección más efectivos que permitan prevenir nuevos asesinatos. “Queremos que los mecanismos del Estado sean eficaces. No después de la muerte, sino antes, porque no queremos que sigan falleciendo más defensores. Como familia, no queremos que otros sufran lo que nosotros hemos sufrido”, señaló Kevin Inuma.
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