Hacia la tarde de ayer, la persona retenida fue liberada, aunque está en investigación si se trató de una acción por parte de las fuerzas policiales o una liberación, producto del pago de una recompensa. Este es solo un caso entre varios atentados más que muestran su severo y múltiple impacto perjudicial.

Golpe económico a La Libertad

El dato más reciente sobre la economía de La Libertad tiene como corte el cierre de este primer trimestre. A esa fecha, dicha región marcó un avance de 2.3%, por debajo del promedio nacional de 3.5%.

Esto significó una ligera aceleración respecto al crecimiento de apenas 1.9% durante el 2025 y luego de expandirse más de 6% en el 2024, explicado en un rebote luego de la contracción de más de 2% en el 2023.

Carlos León, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (Redes) y quien reside en dicha región, apuntó en primera instancia que hoy no se puede hablar, al menos en La Libertad, de actos delictivos individuales, sino que se trata de un escenario de economías del crimen que están fuertemente vinculadas y financiadas entre sí.

Un acumulado del impacto del crimen en La Libertad en diversos sectores presenta que alrededor de la tercera parte de su Producto Bruto Interno (PBI) está altamente expuesto, en la actualidad, a las actividades delictivas.

`; document.body.appendChild(modalWrapper); let figcaption = modalWrapper.querySelector("figcaption"); if(figcaption) figcaption.style.display="none"; modalWrapper.querySelector(".s-multimedia__close-modal").addEventListener("click",()=>{modalWrapper.remove(); e.style.display="flex"; if(caption) caption.style.display="block";});})})});});

Un primer aspecto apunta al rubro de “otros servicios”, que representa más del 22% de su PBI regional; y al de comercio, con un peso de más de 10%.

En los sectores de servicios y pequeños negocios la tasa de extorsión representa entre el 1% y 2% del total de ingresos, los cuales oscilan entre los S/ 15,000 hasta S/ 50,000. En estos casos los cobros son con amenazas directas”, explicó.

El economista añadió que esta actividad delincuencial está generalizada. “La muestra es que tú caminas y ves varios stickers de seguridad. La Policía le echa la culpa a un solo grupo, pero son varios”, complementó.

En el caso de la construcción, que significa casi el 6.5% del total de su PBI, León explicó que en La Libertad se tiene mayoritariamente la que es de mediano tamaño. Agregó que está altamente expuesta, pero bajo otro mecanismo.

“A la mediana construcción no se le cobra directamente una extorsión como cupos, sino que es por la vía de proveedores. Se les obliga a contratar los servicios de seguridad o limpieza mediante empresas que constituyen los mismos delincuentes”, explicó.

Otro sector es la minería, que representa junto a hidrocarburos el 7.4% del PBI regional. León precisó que la ilegalidad está enfocada, principalmente, en la minería de oro, por lo que el espacio expuesto altamente sería de 3%, aproximadamente.

También aparece en este lamentable escenario el rubro de transportes, que vinculado a correo pesa más de 6% en el PBI departamental. “El transporte de pasajeros y de carga está sometido al crimen y las extorsiones. Aquí la exposición sería de 2% aproximadamente”, anotó.

De otro lado, alojamiento y restaurantes, con un valor de 2.2% del PBI regional, está en casi su totalidad perjudicada por el avance campante de la delincuencia, explicada mayormente en la extorsión.

“Agropecuario y manufactura están entre las principales actividades económicas de la región, pero por ser industrias grandes, negocios sólidos, no logran ser penetradas por el crimen”, agregó el economista.

Panorama legal y estados de emergencia

Gestión identificó que Pataz, unas de las provincias de La Libertad más azotadas por la minería ilegal, se encuentra hace tiempo bajo estado de emergencia, que supone la restricción y/o suspensión del ejercicio de una serie de derechos constitucionales, además de la presencia de las fuerzas armadas, entre otros.

Precisamente, fue en febrero del 2024 que la provincia entró a este régimen. Desde entonces, se efectuaron 19 prórrogas, de entre 30 y 60 días. Actualmente, el Decreto Supremo 113-2026-PCM, del 24 de julio, plantea este escenario hasta inicios de octubre.

En todo este tiempo, sin embargo, se tuvo atroces crímenes como la matanza de más de 10 mineros, quienes fueron secuestrados, torturados y encontrados en unos socavones.

Leer artículo completo en gestion.pe →