Foto: The White House - Video: Canal NEl fallo judicial a favor del mandatario de EE. UU. permite edificar el salón sobre un búnker de 600 millones de dólares.
AVPorAlvaro Vega Lavado »El Tribunal Supremo de los Estados Unidos autorizó a Donald Trump a retomar los trabajos de construcción del salón de baile en la Casa Blanca tras revocar la medida cautelar que mantenía paralizadas las obras sobre el nivel del suelo.
La máxima instancia judicial resolvió la controversia con una votación de cinco votos a favor frente a cuatro en contra.
Fuente: The White HouseLa resolución judicial desestimó de manera definitiva la demanda interpuesta por la Fundación Nacional para la Conservación Histórica al determinar que dicha entidad carecía de legitimidad para accionar.
El dictamen permite a la administración federal continuar con la intervención arquitectónica iniciada en el ala este de la sede de gobierno.
El Tribunal Supremo levantó las restricciones a favor de Donald Trump
La mayoría de los jueces de la corte suprema determinó que la organización demandante no logró acreditar un perjuicio directo derivado de las modificaciones estructurales del predio histórico.
Con este criterio legal, se dejó sin efecto el fallo emitido por un tribunal inferior que había ordenado suspender las labores en la superficie.
El presidente estadounidense celebró la resolución judicial y ratificó que las instalaciones permitirán recibir visitas de Estado con altos estándares protocolares.
Trump señaló: «Pienso que será uno de los mejores salones de baile de su tipo en cualquier parte del mundo. Mucha gente está dando muy buenas opiniones al respecto».
El salón de baile impulsado por Trump contará con un búnker subterráneo
El diseño técnico del proyecto contempla la edificación del salón de recepciones sobre una base militar subterránea de cinco niveles de profundidad.
El complejo bajo tierra fue concebido con blindajes y muros reforzados para resistir eventuales ataques con proyectiles balísticos.
Las obras civiles requirieron la demolición de un sector del ala este de la residencia presidencial iniciada en octubre del año pasado.
Estimaciones de medios de comunicación estadounidenses sitúan el costo de la infraestructura en 600 millones de dólares, de los cuales el 50 % será asumido con fondos del erario público.
La Fundación de Conservación Histórica cuestionó la legalidad del proyecto
Los representantes de la organización civil sostenían en su recurso legal que las obras alteran el patrimonio arquitectónico de la Casa Blanca sin el debido consentimiento del Congreso de los Estados Unidos.
Los demandantes alegaban que el Poder Ejecutivo requería una autorización legislativa expresa para ejecutar demoliciones en el recinto federal.
Por su parte, los abogados del Gobierno sustentaron que la obra resulta indispensable para fortalecer la seguridad nacional y optimizar las actividades diplomáticas oficiales.
La confirmación del fallo permite reiniciar de inmediato el ensamblaje de las estructuras sobre el terreno despejado.
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