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por Sergio Espinoza
Actualizado el 1 de Set, 2026 5:02 pmLa diputada Norma Yarrow señaló que se han observado casos de conflictos de interés en el direccionamiento de la franja electoral, por lo que propuso destinar esos recursos a los servicios públicos prioritarios.
La diputada de Renovación Popular, Norma Yarrow, presentó un proyecto de ley para eliminar el financiamiento público directo e indirecto a las organizaciones políticas, con el fin de destinar los recursos a los servicios públicos esenciales.
Se trata del proyecto de ley N.° 00106, que plantea la modificación del artículo 36-D de la Ley 28094 (Ley de Organizaciones Políticas), así como la derogación de sus artículos 29, 37 y 38.
En su planteamiento, Yarrow señaló que, en los últimos procesos electorales, se ha evidenciado que este mecanismo generó cuestionamientos por casos como la contratación de espacios publicitarios en medios de comunicación vinculados a dirigentes, militantes o personas relacionadas con ciertos partidos políticos.
La legisladora sostuvo que el actual régimen de financiamiento público de las organizaciones políticas ha generado riesgos de conflictos de interés por un mal uso de la franja electoral, cuestionamientos sobre la transparencia y una percepción ciudadana de ineficiencia en la asignación del gasto estatal.
🚨¡EL DINERO DE LOS PERUANOS DEBE ESTAR AL SERVICIO DE LOS PERUANOS, NO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS!
— Norma Yarrow (@NormaYarrowL) September 1, 2026
📃He presentado un proyecto de ley para eliminar el financiamiento público directo e indirecto a las organizaciones políticas. Salud, educación, seguridad y servicios básicos… pic.twitter.com/OLjCYkz9aY
“Estas situaciones han originado un creciente cuestionamiento ciudadano sobre la transparencia, imparcialidad y eficiencia del modelo vigente”, se lee en el documento.
Yarrow complementó que es necesario revisar la conveniencia de este modelo frente a otras prioridades nacionales, tales como la educación, la salud y la seguridad.
Según la autora de la propuesta legislativa, una eventual eliminación del financiamiento público implicaría la reducción del gasto público para reasignar esos recursos hacia “servicios públicos prioritarios”, así como la disminución de los costos administrativos asociados a la gestión, supervisión y fiscalización de este sistema.
El proyecto de ley lleva la firma de los integrantes de la bancada de Renovación Popular.
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