El Gobierno ha anunciado que en el año 2026 Agrobanco y el Fondo Agro Perú desembolsarán más de 1000 millones de soles destinados al pequeño agricultor. A pesar de que el propósito de brindar mayor crédito es loable, los especialistas José Yturrios P. y Javier Alvarado G., de la División de Agricultura y Cambio Climático en RECURSOS, cuestionan la efectividad de ampliar esta oferta mediante un banco público de primer piso. Esto ocurre en un mercado donde ya participan treinta instituciones financieras privadas y cooperativas supervisadas.

El predominio del sector privado en el campo

Actualmente, el financiamiento dirigido a la pequeña agricultura descansa mayoritariamente en manos del sector privado. Las estadísticas muestran que, de cada 100 soles colocados en este segmento, 83 soles provienen de instituciones distintas a Agrobanco. Así, logran atender a nueve de cada diez deudores. En el año 2025, el crédito total al sector agropecuario de pequeña escala alcanzó los 4900 millones de soles. En ese escenario, las cajas municipales lideraron con un 54 por ciento de participación, mientras que Agrobanco solo representó el 17 por ciento de las colocaciones.

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También pueden participar clubes de ciencia y tecnología, instituciones educativas, centros de investigación, comunidades de Zonas de Agrobiodiversidad, etc. (Foto: PromPerú)

La evolución reciente refuerza esta tendencia. Entre 2021 y 2025 las cajas municipales experimentaron un crecimiento del 121 por ciento en sus créditos agrícolas. Por otro lado, Agrobanco registró un avance del 34 por ciento. A partir de estos datos, Yturrios y Alvarado advierten que una expansión del crédito público de primer piso podría estar desplazando a la inversión privada. Por tanto, en lugar de generar una verdadera adición al mercado, podría tener un efecto negativo.

El alto costo de prestar y el peso de los subsidios

Ante las críticas por las altas tasas de interés, los autores aclaran que esto no es consecuencia de una falta de competencia. Esto se debe a que existen treinta entidades activas en el rubro. En realidad, el costo del microcrédito responde a los elevados gastos operativos, el costo de fondeo y la percepción del riesgo. Agrobanco no está exento de esta realidad, manteniendo una tasa técnica que oscila entre el 28 y 34 por ciento. Si bien el agricultor termina pagando una fracción menor gracias a la intervención del Fondo para la Inclusión Financiera del Pequeño Productor Agropecuario, el diferencial de la tasa es asumido íntegramente por el Estado. Frente a este modelo, los expertos sostienen que sería más eficiente utilizar los fondos públicos para potenciar a las decenas de intermediarios privados que ya poseen tecnología, redes establecidas y probada experiencia en el ámbito rural.

Los especialistas plantean que el Estado actúe como banca de segundo piso para movilizar más capital y financiar inversiones de largo plazo en el campo. (Foto: Agrobanco)

Hacia una nueva arquitectura financiera rural

Para lograr una verdadera transformación productiva, Yturrios y Alvarado proponen abandonar el subsidio permanente y atacar directamente los factores que encarecen el crédito rural. Entre las medidas urgentes destacan la creación de mejores sistemas de información, la digitalización de cobranzas y la organización territorial de los productores para abaratar los costos de transacción.

Esto se viene impulsando desde RECURSOS con el esquema de proximidad denominado «Ultima Milla». Sumado a ello, advierten que la agricultura necesita dejar de depender únicamente de préstamos de corto plazo para campañas. Requiere, en su lugar, financiamiento de tres a cinco años que permita adquirir tecnología, maquinaria e infraestructura. Además, se busca consolidar un ecosistema que incluya seguros, factoring y fideicomisos.

Finalmente, los autores sugieren que el Estado asuma un rol creador de mercado y opere como un banco de segundo piso, replicando el exitoso modelo del Fondo MIVIVIENDA. De este modo, los recursos públicos servirían para otorgar garantías y fondeo a largo plazo, cambiando el indicador de éxito estatal. Así, lo importante ya no sería cuánto presta el Gobierno directamente, sino cuánto capital adicional logra movilizar para elevar la productividad de los pequeños agricultores.

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