El Gobierno declaró el estado de emergencia en 10 distritos de Cajamarca por el incremento de la minería ilegal, delitos conexos y otras situaciones de violencia que afectan el orden interno. El Gobierno oficializó la medida el viernes 28 de agosto mediante el Decreto Supremo N.° 120-2026-PCM.
La declaratoria tendrá una vigencia de 60 días calendario. De acuerdo con la información oficial, la decisión se sustenta en informes de la Policía Nacional del Perú sobre afectaciones vinculadas a la minería ilegal, la delincuencia común y el crimen organizado.
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Distritos incluidos en la medida
Los distritos comprendidos son Encañada, en la provincia de Cajamarca; Cachachi, en Cajabamba; Sorochuco y Huasmín, en Celendín; Hualgayoc y Bambamarca, en Hualgayoc; San Ignacio, San José de Lourdes y Namballe, en San Ignacio; y Bellavista, en Jaén.
La Comandancia General de la PNP formuló la solicitud y la Región Policial Cajamarca la sustentó con informes técnicos. En la provincia de Jaén, la declaratoria incluye solo a Bellavista. En San Ignacio, la medida alcanza a San Ignacio, San José de Lourdes y Namballe.
Control del orden interno
Durante la emergencia, la Policía Nacional mantendrá el control del orden interno. Las Fuerzas Armadas brindarán apoyo en las acciones que correspondan, según lo establecido en el decreto.
Las zonas de intervención serán determinadas con información de inteligencia, estadísticas, mapas del delito y otros instrumentos técnicos. Además, se conformará un Comando de Coordinación Operativa Unificada.
Este comando será presidido por el jefe de la Región Policial Cajamarca. También estará integrado por representantes de las Fuerzas Armadas, el Gobierno Regional, el Ministerio Público, el Poder Judicial y las municipalidades provinciales comprendidas en la emergencia.
Acciones previstas
Entre las medidas contempladas figuran el fortalecimiento de patrullajes y operativos, el control territorial en zonas críticas, la instalación de puestos de comando temporales y mecanismos de control en rutas de acceso a zonas de explotación minera.
La estrategia también incluye el uso de drones con cámaras térmicas para ubicar campamentos ocultos y detectar actividades ilegales. Asimismo, se realizarán acciones de inteligencia para identificar organizaciones criminales vinculadas con la minería ilegal, sus cabecillas y posibles fuentes de financiamiento.
El decreto dispone controles en rutas hacia zonas mineras para detectar tráfico de explosivos y armas de fuego. También contempla la revisión de posibles irregularidades relacionadas con el Reinfo.
Con esta declaratoria, el Ejecutivo establece un esquema de intervención temporal en distritos de Cajamarca donde, según los informes policiales, se registra un incremento de la minería ilegal y hechos asociados a violencia, delitos conexos y afectación del orden interno.
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