Cusco: un bosque aledaño al Parque Arqueológico Sacsayhuamán viene siendo devorado por la tala y contaminado por conciertos masivos

Actualidad Cusco: un bosque aledaño al Parque Arqueológico Sacsayhuamán viene siendo devorado por la tala y contaminado por conciertos masivos A pocos kilómetros de Sacsayhuamán, un bosque que durante décadas fue parte del paisaje cusqueño ha ido perdiendo árboles mientras el lugar se convierte en…

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A pocos kilómetros de Sacsayhuamán, un bosque que durante décadas fue parte del paisaje cusqueño ha ido perdiendo árboles mientras el lugar se convierte en escenario de conciertos y eventos masivos. Una residente denuncia tala, residuos, riesgos de seguridad y la existencia de estructuras arquológicas que corren peligro. ¿Qué hace El Ministerio de Cultura y el Ministerio del Ambiente?

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5 minutos ago

01/09/2026

Redacción Lima Gris

Por Mónica Aguilar

Llaullipata en peligro. En las inmediaciones de la carretera hacia Sacsayhuamán viene ocurriendo una tala progresiva de un bosque. A esto se suma el ingreso de vehículos pesados y la transformación de sectores que durante décadas permanecieron cubiertos de vegetación, transformados en un grotesco espacio para conciertos masivos. “Es desolador todo lo que han avanzado en estos años”, afirma uno de los habitantes de la zona, que ha sido testigo del daño provocado.

Su identidad por su seguridad lo mantendremos en reserva, pero su testimonio plantea una pregunta que las autoridades no deberían dejar pasar: ¿qué está ocurriendo realmente en Llaullipata?

El problema no solo es la voraz tala de árboles, aquí está en juego un espacio próximo a uno de los principales complejos arqueológicos del Cusco, un entorno natural que alberga una importante fauna. Además, existen estructuras que deberían ser revisadas por los especialistas de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco.

El bosque que comenzó a desaparecer

Según testimonios, los terrenos ubicados entre la carretera hacia Sacsayhuamán y el río Shapi pertenecerían a la familia Ruiz Caro. En la zona predominan eucaliptos, aunque también existen pinos, cipreses y, en determinados sectores, queuñas y chachacomos. Los habitantes de la zona, sostiene que, independientemente de la condición de las especies plantadas, con el paso de los años allí se desarrolló una masa vegetal que terminó formando parte del ecosistema local, como liebres andinas, ciervos, pequeños mamíferos y numerosas especies de aves.

Los habitantes recuerdan que durante la pandemia, la presencia humana disminuyó considerablemente, esto provocó que los animales aparecíeran con mayor frecuencia. Pero mientras los pobladores permanecían encerrados, los ernomes camiones seguían llegando. Estos vehículos son utilizados para retirar troncos. Después de tala, solo quedan restos de madera, aserrín y residuos en distintos sectores.

Aquí hay varias preguntas por responder: ¿cuántos árboles fueron extraídos?, ¿quién autorizó su tala?, ¿qué superficie fue intervenida y bajo qué condiciones?

Las respuestas deberían encontrarse en los documentos de las autoridades competentes y no solamente en las explicaciones de quienes viven en la zona.

El bosque agoniza

Durante la pandemia, los residentes aseguran haber enviado comunicaciones y realizado publicaciones en redes sociales para llamar la atención sobre lo que estaba ocurriendo. También acudieron a distintas instituciones.

Según su relato, en conversaciones anteriores recibieron explicaciones vinculadas con la propiedad de los árboles y su condición de especies maderables. Es decir, se le habría indicado que, al tratarse de árboles plantados y no necesariamente de especies nativas, estos podían ser aprovechados. Pero la denunciante sostiene que esa explicación resulta insuficiente.

“Pero no son solo árboles. Es toda una masa de vida que se está depredando y no vuelve jamás”, afirma.

Y allí aparece una obligación elemental del Estado: determinar si la extracción se realizó legalmente, si contó con las autorizaciones correspondientes y cuál fue su impacto sobre el entorno.

Pero la discusión va más allá, aquí también hay que determinar qué ocurre con el espacio donde ese árbol creció, qué efectos produce su desaparición y qué normas ambientales o patrimoniales resultan aplicables.

Cuando la naturaleza es aplastada por los conciertos

La transformación de Llaullipata no se habría limitado a la tala. Según testigos, dentro de la propiedad existen espacios abiertos que comenzaron a ser utilizados para conciertos, ferias y otros eventos masivos. Alli se producen espectáculos musicales que congregan a cientos o miles de personas, conciertos donde incluso ha participado el Grupo 5.

La preguntas se vuelven inevitables: ¿Qué permisos tenían esos eventos? ¿quién evaluó las condiciones de seguridad?, ¿qué rutas de evacuación fueron habilitadas?, ¿qué instalaciones eléctricas se utilizaron?, ¿qué medidas se adoptaron para proteger el entorno?, ¿qué controles realizó Defensa Civil?

La preocupación adquiere especial relevancia porque, según la residente, el lugar se encuentra en las inmediaciones de la zona de amortiguamiento del Parque Arqueológico de Sacsayhuamán.

Si el Estado permite que miles de personas ingresen periódicamente a un espacio de estas características, entonces también debe garantizar que la actividad sea compatible con la seguridad, la conservación ambiental y la protección del patrimonio.

Un joven murió electrocutado

Testigos de la zona, relatan la muerte de un joven durante una actividad realizada en el lugar. Según diversas versiones, para una feria que incluía conciertos se habría contratado a adolescentes provenientes de un hogar para realizar labores de apoyo logístico.

La muerte ocurrió en el 2023, durante la feria «La cusqueñisíma». La Comisión de Juristas de Cusco, en su momento que tomaron contacto con los familiares de la víctima para iniciar las acciones legales correspondientes. Según fuentes, el caso de la muerte del joven se encuentra archivos. Es decir, no hubo responsables.

“Hicieron un evento en un centro arqueológico sin contar con la autorización respectiva”, afirmó Cereceda en el 2023, quien además sostuvo que habría existido una presunta presión desde el Viceministerio de Cultura para permitir la realización de la actividad.

La víctima fue identificada como Elías Huaccanqui, de 26 años, quien falleció luego de caer desde una altura aproximada de seis metros mientras colocaba un panel publicitario.

La naturaleza convertida en espectáculo

Los problemas denunciados no terminan con la seguridad. La pobladores describen la existencia de residuos, ruido y una presión creciente sobre el entorno. Afirman que durante algunos eventos los asistentes llegaron a utilizar los alrededores del bosque como servicios higiénicos.

“Era doloroso, pero la gente venía y venía. Y poco le importaba, porque no conocen, no saben lo que hay”, relata.

Mientras el país habla de turismo sostenible, protección ambiental y puesta en valor del patrimonio, un espacio cercano a Sacsayhuamán vendría siendo utilizado para actividades multitudinarias cuyo impacto ambiental requiere, como mínimo, una evaluación.

Concierto en haciendo Llaullipata.

La pregunta para el Ministerio del Ambiente es concreta: ¿existe alguna evaluación ambiental de las actividades desarrolladas en esta zona y de los efectos acumulativos de la tala, el tránsito vehicular, el ruido, los residuos y las concentraciones masivas de personas?

Las piedras que esperan una respuesta

Pero Llaullipata guarda otra interrogante. Los residentes aseguran haber encontrado piedras y sectores que, desde su percepción, podrían corresponder a antiguos andenes u otras estructuras incas.

Si una ciudadana advierte la presencia de estructuras o elementos que podrían tener valor arqueológico en las inmediaciones de Sacsayhuamán, lo razonable es que un especialista del Ministerio de Cultura realice una inspección técnica y determine qué son.

La apertura de una trocha habría permitido, según testigos, el ingreso de vehículos hacia sectores donde se venía interviniendo el bosque. En el lugar se encontró numerosas piedras y basura.

Ministerio de Cultura y Ministerio del Ambiente: llegó la hora de actuar

El caso de Llaullipata no puede resolverse con declaraciones. El Ministerio de Cultura debería informar si ha recibido denuncias sobre posibles estructuras arqueológicas en la zona, si realizó inspecciones y cuál fue el resultado. También debería precisar si las actividades desarrolladas en las inmediaciones de Sacsayhuamán cumplieron con las disposiciones de protección patrimonial que correspondan.

El Ministerio del Ambiente, por su parte, debería explicar qué entidad tiene competencia sobre la eventual afectación ambiental denunciada, si existen evaluaciones o fiscalizaciones y qué medidas de protección corresponden. Y las autoridades municipales tampoco pueden mirar hacia otro lado si en el lugar se desarrollaron eventos masivos.

Basta de depredar nuestros bosques. Porque cuando el último árbol haya caído, cuando el último animal haya abandonado el lugar, ninguna comisión, ningún informe y ninguna conferencia de prensa podrá devolver aquello que se perdió.

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El comunicado con el que el Decano de Arqueólogos pretende eludir una denuncia por presunta falsificación

Redacción Lima Gris

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El comunicado con el que el Decano de Arqueólogos pretende eludir una denuncia por presunta falsificación

En un pronunciamiento de cinco puntos cargado de victimización, Miguel Canchari Huamaní alega “presunción de inocencia” y pretende reducir el caso a un “trámite administrativo” ante Provías. Sin embargo, los documentos oficiales expedidos por el propio Ministerio de Cultura lo acorralan.

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16 horas ago

01/09/2026

Redacción Lima Gris

Hay un vicio recurrente en la función pública y gremial peruana: pretender disimular los hechos graves bajo el manto retórico de la “leguleyada” y la victimización. El reciente comunicado emitido por el Colegio Profesional de Arqueólogos del Perú (COARPE) y firmado por su Decano Nacional, Miguel Antonio Canchari Huamaní, es un ejemplo manual de esa estrategia de distracción.

Frente a la investigación sacada a la luz por Lima Gris, el decano no responde con pruebas; responde con adjetivos. Califica de “temeraria e infundada” la información, pide esperar el pronunciamiento de las autoridades y se atrinchera en un escudo gastado: apelar a un presunto “procedimiento administrativo en etapa de investigación ante PROVÍAS Descentralizado” para sugerir que aquí no pasa nada.

Comunicado del Decano Miguel Canchari.

Sin embargo, los papeles no mienten. Y la documentación oficial que obra en las instancias correspondientes desbarata punto por punto el débil parapeto del Decano Canchari.

La prueba que el pronunciamiento oculta

El señor Canchari omite mencionar en su pronunciamiento un hecho medular: existe una denuncia administrativa disciplinaria interpuesta formalmente en su contra el 21 de julio de 2026 ante el propio Colegio de Arqueólogos, acompañada de las pruebas que él insiste en obviar.

La denunciante, la arqueóloga Rocío Coras Contreras (COARPE N° 040849), ha sido categórica al señalar ante Provías Descentralizado y ante el propio gremio que jamás contrató ni emitió constancias de trabajo a favor de Canchari. En el expediente que el Decano prefiere no citar, la especialista denuncia directamente la falsificación de su firma y el uso de documentos falsos en la Contratación Pública Especial N° 20-2025-MTC/21-1.

¿Cuáles son los documentos que el decano pretende hacer pasar como inexistentes o materia de simple “investigación”?

El Contrato N° 01-2016-RCC/AC y la Constancia de Trabajo de fecha 10 de enero de 2017: Documentos presentados a la licitación para acreditar que Canchari laboró como arqueólogo residente del Plan de Monitoreo Arqueológico (PMA) de la obra carretera Quinua – San Francisco (Tramo II) desde marzo de 2016 hasta enero de 2017.
El Contrato N° 01-2018-RCC/AC y la Constancia de Trabajo de fecha 08 de junio de 2019: Presentados para aducir que prestó servicios en el PMA de la obra Abra Toccto – Vilcashuamán entre mayo de 2018 y junio de 2019.

Las fechas y la resolución que desarman el engaño

En el periodismo de investigación, los datos objetivos se sobreponen al discurso defensivo. Y la falsedad de estas acreditaciones no es una «opinión periodística»; está refrendada por las resoluciones oficiales de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ayacucho (DDC-AYA/MC).

En el caso del tramo Quinua – San Francisco: Mientras la constancia presentada a nombre de Canchari pretende justificar servicios prestados hasta 2017, la Resolución Directoral No. 005-2015-DDC AYA-MC demuestra que la ejecución del proyecto se dio entre el 08-01-2015 y el 30-06-2016. Además, la arqueóloga Coras precisa mediante Carta N° 03-2026-ARQ/A que dicho monitoreo fue ejecutado por ella misma de forma personal y que la obra nunca contó con residente.
En el caso del tramo Abra Toccto – Vilcashuamán: El documento atribuido a Canchari sostiene que este trabajó del 05-03-2018 al 08-06-2019. Sin embargo, la Resolución Directoral No. 361-2016-DDC AYA-MC expedida por el Ministerio de Cultura expone que las obras de remoción de suelos culminaron formalmente en noviembre de 2017 y que la resolución final se aprobó en marzo de 2018. ¿Cómo pudo ser residente en un periodo en que las obras ya habían concluido?

Documentos de la denuncia presentados a COARPE.

La ética que compromete a la institución

El delito de falsificación y uso de documento privado falso (Artículo 427 del Código Penal) es de gravedad contundente, pero cuando quien se ve salpicado por estos actos es la máxima autoridad del gremio llamado a resguardar la ética en la arqueología nacional, el problema deja de ser un legajo administrativo.

El Decano Canchari apela al principio de presunción de inocencia. Está en su derecho en el ámbito judicial. Pero en el terreno de la representación institucional y pública, esconderse tras la burocracia de Provías mientras existen cartas formales de su propia colega desconociendo las firmas y resoluciones del Estado contradictorias, resulta un insulto a la comunidad científica que representa.

Exhortar a los medios a callar mientras «las autoridades actúan» no borra los contratos cuestionados ni limpia el registro de fiscalización posterior aperturado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (Carta N° 000902-2026-MTC/21.OA-ETABAST).

La verdad no se establece por comunicado oficial de la institución afectada, sino por el peso inobjetable de las pruebas. Y en este expediente, los documentos hablan solos.

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Trujillo: la noche en que los falsos policías acribillaron a cuatro personas y secuestraron un empresario

Un comando vestido con uniformes policiales interceptó de madrugada la camioneta de Jens Marty Lara Tantaquilla. Lo sacaron del vehículo y se lo llevaron. Sus cuatro acompañantes fueron asesinados a balazos. Todo ocurrió a pocas cuadras de una sede policial. Mientras el crimen organizado perfecciona sus métodos, el gobierno de Keiko Fujimori vuelve a quedar bajo la pregunta más incómoda: ¿dónde está el Estado?

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1 día ago

31/08/2026

Redacción Lima Gris

Trujillo amaneció ayer domingo con cuatro muertos, un empresario desaparecido y una escena que parece arrancada de una película de mafias: hombres armados, uniformes policiales, fusiles, una camioneta blanca y una falsa intervención que produjo una escena sangrienta.

El objetivo era Jens Marty Lara Tantaquilla, empresario vinculado a la actividad minera y natural de Pataz. El hombre viajaba de madrugada por la avenida Húsares de Junín cuando apareció una camioneta blanca. De ella descendieron sujetos armados que vestían prendas similares a las utilizadas por unidades especializadas de la Policía. La operación parecía policialpero no lo era.

Jens Marty Lara Tantaquilla, empresario secuestrado.

Las cámaras de seguridad registraron parte de la escena. Los delincuentes interceptaron el vehículo, redujeron al empresario y lo obligaron a bajar. Después lo subieron a la camioneta utilizada por los secuestradores. Adentro quedaron cuatro personas. Y entonces comenzó la matanza.

Farhad Andrea Monzón Lingán, Nadia Edith Urtecho Rodríguez, Luis Alberto Rojas Ramos de Rosas y Christopher Eduardo García Álvarez fueron asesinados. Cuatro nombres. Cuatro historias. Cuatro familias que este lunes ya no tienen a quién esperar.

La Policía ha identificado preliminarmente a organizaciones criminales como Los Pulpos o La Jauría entre las hipótesis que se investigan. La modalidad —delincuentes vestidos como policías para ejecutar un secuestro— ha llamado especialmente la atención de los investigadores.

Pero hay un detalle que convierte este crimen en algo todavía más perturbador. Ocurrió a pocas cuadras de la sede de la División de Investigación Criminal de Trujillo.

No fue en una carretera perdida. No fue en un descampado. No ocurrió en la oscuridad de un territorio sin vigilancia. Fue en Trujillo. En una zona urbana con cámaras y con instituciones del Estado. Y, aun así, cuatro personas terminaron muertas y un empresario fue secuestrado.

La pregunta inevitable es qué tan lejos ha llegado el crimen organizado cuando puede disfrazarse de Policía, movilizar hombres armados, interceptar un vehículo, ejecutar a cuatro personas y escapar con un secuestrado en una ciudad donde existen unidades especializadas para combatir precisamente este tipo de delitos.

Delincuentes con uniformes de la PNP.

El caso tiene además un elemento que no puede ser ignorado: la Policía había manejado información sobre un posible secuestro de gran magnitud en Trujillo y se habían emitido alertas a potenciales objetivos, según declaraciones recogidas por medios nacionales.

Entonces aparece la pregunta que nadie quiere responder. ¿Qué hizo el gobierno de Keiko Fujimori y el Ministerio del Interior con esa información?

Porque mientras los informes circulan por los escritorios, los delincuentes circulan por las calles. Mientras las autoridades anuncian operativos, las organizaciones criminales preparan los siguientes golpes.

Mientras se habla de recuperar el control territorial, una banda puede apropiarse de los símbolos de la propia Policía y utilizarlos para engañar, secuestrar y matar. Y mientras todo esto ocurre, el gobierno de Keiko Fujimori parece observar la escena desde una distancia preocupante.

La pregunta ahora no es solamente quién ordenó el secuestro. Tampoco quién apretó el gatillo. La pregunta es mucho más grande: ¿Cuánto territorio más tendrá que perder el Estado para que el Gobierno de Keiko Fujimori deje de mirar la violencia desde los despachos y empiece, de una vez, a combatirla en las calles?

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Quinto Inuma: condenan a sus asesinos tres años después

Casi tres años después del asesinato del apu kichwa, cuatro hombres fueron condenados hasta a 35 años de prisión. El tribunal determinó que el crimen fue planificado y estuvo relacionado con la defensa del territorio que Inuma sostenía frente a intereses vinculados con actividades ilícitas y el aprovechamiento de los recursos naturales. La sentencia cierra una parte de la historia.

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1 día ago

31/08/2026

Redacción Lima Gris

Por Susan Acuña Cruz

En Santa Rosillo de Yanayacu, una comunidad nativa kichwa de San Martín, el Estado puede estar presente en un documento, en una resolución, en una firma. Puede reconocer un peligro, activar una alerta y otorgar garantías. Pero otra cosa muy distinta es estar allí cuando llegan los hombres armados.

Quinto Inuma Alvarado conocía esa contradicción. Era el apu de Santa Rosillo de Yanayacu y llevaba años enfrentando una realidad que en Lima suele parecer lejana: la disputa por un territorio amazónico donde sus habitantes denunciaban tala ilegal, tráfico de tierras y narcotráfico. Entre 2016 y 2023, la comunidad presentó 13 denuncias ante el Ministerio Público por delitos ambientales y tráfico de drogas. La vigilancia del territorio también había generado hostigamientos y agresiones contra integrantes de la ronda comunal.

Quinto no hablaba de un peligro imaginario. Denunciaba aquello que veía. Y cuando alguien se interpone frente a intereses ilegales, el bosque deja de ser solamente bosque. Se convierte en territorio en disputa.

El Estado lo sabía

Aquí aparece la parte más grave de esta historia: el Estado sabía. En 2021, una evaluación de riesgo realizada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos identificó la situación de los dirigentes de Santa Rosillo como de riesgo alto. En febrero de ese año se activó un procedimiento de alerta temprana a favor de Quinto y de su hermano Manuel. También existían garantías personales.

No era una advertencia menor. En julio de 2021, después de sufrir una agresión física, Quinto tuvo que ser trasladado de la comunidad en un helicóptero de la Policía Nacional.

Es decir, antes de su asesinato ya existían las amenazas, los ataques, las denuncias y la evaluación oficial que advertía del peligro. Todo estaba escrito. Lo que no estaba garantizado era que alguien pudiera impedir que ese peligro se convirtiera en realidad.

Y entonces aparece la pregunta que ninguna ceremonia oficial puede borrar: ¿Qué significa realmente proteger a una persona? Porque proteger no puede significar únicamente emitir una resolución.

El último viaje

El 29 de noviembre de 2023, Quinto regresaba a su comunidad después de participar en un encuentro de defensores ambientales en Pucallpa. Viajaba por el río Yanayacu. Era un recorrido conocido. Pero aquella vez el río se convirtió en una emboscada.

Según el Poder Judicial, los atacantes dispararon desde la orilla contra la embarcación. Quinto recibió varios impactos y murió. Axeldina Barbarán Tapullima, quien viajaba con él, resultó herida.

El tribunal estableció que hubo un acuerdo para asesinar al apu y que el crimen estuvo relacionado con su posición como dirigente y con la defensa del territorio frente a intereses vinculados con la explotación de recursos naturales. Quinto llevaba años denunciando.

Aquel 29 de noviembre dejaron de existir sus denuncias. Pero no desapareció aquello contra lo que denunciaba.

PNP en la captura de los asesinos de Quinto.

Tres años después

La justicia peruana necesitó casi tres años para llegar a una conclusión. El juicio oral comenzó en enero de 2026 y se prolongó durante casi ocho meses. Hubo 31 sesiones, 22 testigos, 13 peritos y alrededor de 76 medios probatorios documentales. Los jueces incluso se trasladaron a Tarapoto para realizar sesiones presenciales.

El resultado fue contundente. Genix Saboya Saboya y Limber Ríos Ruiz fueron condenados a 35 años de prisión. Segundo Juan Villalobos Guevara recibió 28 años y cuatro meses. Jerrly Saboya Saboya fue condenado a 15 años como cómplice primario.

El tribunal determinó, además, que Villalobos ofreció un beneficio económico para que se ejecutara el asesinato y estableció las responsabilidades de los demás condenados en la ejecución y facilitación del arma.

También fijó una reparación civil de un millón de soles: S/750.000 para los herederos de Quinto y S/250.000 para Axeldina Barbarán Tapullima, la sobreviviente del ataque. La sentencia es de primera instancia y puede ser apelada.

La justicia llegó. Tarde, pero llegó. Y eso importa. Porque durante años estos crímenes han alimentado una sensación devastadora: que matar a quien defiende su territorio puede resultar más sencillo que protegerlo. La sentencia rompe, al menos en este caso, parte de esa lógica.

Una sentencia no devuelve a un padre

Pero una condena no puede hacer retroceder el tiempo. No devuelve a Quinto. No devuelve a un padre. No devuelve a una familia los días anteriores al asesinato.

Para Kevin Inuma, hijo del apu, las condenas significan cierta tranquilidad. Pero la historia que enfrentaba su padre continúa. Santa Rosillo de Yanayacu todavía espera la titulación de su territorio. Actualmente, nuevas personas estarían intentando ingresar a la comunidad. Ahí está la paradoja. La justicia ha encontrado a los responsables de la muerte de Quinto. Pero el problema por el que Quinto murió sigue esperando una respuesta.

La geografía amazónica, la distancia y las dificultades logísticas explicaban parte de las limitaciones de la Policía para realizar patrullajes preventivos en Santa Rosillo. Pero ninguna de esas dificultades puede convertirse en una excusa permanente para que el Estado llegue siempre después de la tragedia. La verdadera pregunta no es solamente quién disparó. La justicia ya respondió eso. La pregunta que queda pendiente es otra: ¿Por qué un hombre que había advertido durante años que estaba en peligro terminó muriendo exactamente como había advertido que podía ocurrir?

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Decano del Colegio de Arqueólogos del Perú, Miguel Canchari Huamaní, es denunciado por falsificación y uso de documentos

La máxima autoridad del gremio que debe garantizar la ética y el ejercicio profesional de la arqueología enfrenta una denuncia por la presunta falsificación de firmas, alteración de documentos y uso de experiencia laboral que habría sido utilizada para acreditar requisitos en una millonaria licitación de PROVIAS.

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2 días ago

31/08/2026

Unidad de Investigación

El Colegio Profesional de Arqueólogos del Perú (COARPE) es fundamental como el organismo rector que garantiza el ejercicio ético, legal y científicamente riguroso de la arqueología en el país. Su importancia radica, en primer lugar, en la defensa y preservación del Patrimonio Cultural de la Nación, asegurando que toda investigación, excavación o intervención en sitios arqueológicos cumpla con los más altos estándares metodológicos y con la legislación vigente, como la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación.

Al colegiar, certificar y fiscalizar a los profesionales, actúa como un baluarte contra las intervenciones inadecuadas, protegiendo así la memoria histórica y la identidad del Perú frente a amenazas constantes como la expansión urbana desordenada, el vandalismo o la explotación de recursos naturales sin la debida supervisión técnica.

Además de su rol fiscalizador y protector, es un actor clave en el fortalecimiento académico y social de la disciplina, promoviendo la capacitación continua, la investigación aplicada y la difusión responsable del conocimiento arqueológico. Funciona como un interlocutor válido y asesor técnico del Estado, particularmente del Ministerio de Cultura, en la formulación de políticas públicas, normativas y planes de gestión territorial que involucren el patrimonio.

Al mismo tiempo, vela por los derechos laborales y la dignificación de la profesión del arqueólogo, fomentando que esta ciencia no sea solo un instrumento de estudio del pasado, sino una herramienta activa para el desarrollo sostenible, el turismo cultural responsable y la revalorización de las comunidades locales como guardianas legítimas de su propio legado ancestral.

Denuncia por falsificación de documentos y fraude al Estado

La máxima autoridad del COARPE es actualmente el arqueólogo Miguel Antonio Canchari Huamaní, quien asumió el cargo en febrero del presente año, gestión que durará hasta febrero de 2028. Una arqueóloga ayacuchana denunció a Miguel Antonio Canchari Huamani de falsificar su firma y alterar fechas de proyectos de monitoreo para acreditar experiencia laboral apócrifa en una millonaria licitación de PROVIAS. El caso ha encendido las alarmas sobre la ética en la profesión que tutela el patrimonio cultural del país.

Este escándalo de proporciones nacionales ha sacudido los cimientos del Colegio Profesional de Arqueólogos del Perú (CPAP). Miguel Antonio Canchari Huamani, actual Decano Nacional de la institución encargada de velar por la ética y el ejercicio profesional de la arqueología en el país, ha sido denunciado administrativa y penalmente por la presunta comisión de los delitos de Falsificación de Documentos Privados y Uso de Documento Falso, además de incurrir en faltas muy graves contra el decoro y la ética profesional.

Decano de COARPE Miguel Antonio Canchari Huamani.

La denuncia, formalizada ante el Tribunal de Honor del CPAP y puesta en conocimiento del Ministerio Público, fue interpuesta por la arqueóloga Rocio Coras Contreras, quien descubrió que su firma fue falsificada y que su historial profesional fue manipulado para acreditar una experiencia laboral inexistente a favor del propio Decano y de un contratista del Estado. El documento falsificado habría sido utilizado en la licitación en el año 2025, cuando Canchari Huamaní era director de asuntos gremiales del Colegio Profesional de Arqueólogos del Perú, además de ser Gerente del Centro Histórico de la Municipalidad Provincial de Huamanga (doblemente autoridad).

El detonante: una fiscalización de PROVIAS

El caso salió a la luz en abril de 2026, cuando el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado (PROVIAS DESCENTRALIZADO), dependiente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), inició una fiscalización posterior al proceso de Contratación Pública Especial N° 20-2025-MTC/21-1.

Dicho proceso buscaba adjudicar el «Servicio de Consultoría de Obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la Infraestructura Vial Paquete 3R Tramo: Empalme PE-16 (DV. Ocros) – Ticllos – Corpanqui – Cajamarquilla – Tacra – Ocros – Rinconada – Huanchay – Huaylillas Grande», un proyecto de gran envergadura en la región Áncash.

Para postular, el contratista Reynaldo Wilber Serna Dueñas presentó el currículum y los documentos de sustento de experiencia del arqueólogo Miguel Antonio Canchari Huamani. Sin embargo, al cruzar la información con los registros oficiales del Ministerio de Cultura y de los directores de los proyectos originales, las inconsistencias saltaron a la vista. PROVIAS y Contraloría remitió una carta a la presunta afectada, Rocio Coras, para verificar la autenticidad de los documentos.

La respuesta de la arqueóloga, fechada el 20 de abril de 2026, fue contundente: «En honor a la verdad, debo señalar que son completamente FALSOS. Es evidente que el Arqlg. Miguel Antonio Canchari Huamani utilizó mis datos para elaborar sus contratos y constancias para servicios de Planes de Monitoreo Arqueológico (PMAR), en las que NO tuvo participación alguna».

El Modus Operandi: Alteración de Fechas y Roles

Según la documentación de la denuncia, Canchari Huamani no solo habría falsificado la firma de Coras Contreras en documentos privados, sino que también alteró sustancialmente las fechas de ejecución y los roles desempeñados en dos proyectos viales reales en el departamento de Ayacucho, con el fin de que su perfil encajara en los requisitos de la licitación de 2025.

1.- El Proyecto Quinua – San Francisco (VRAEM):

La Realidad: Ejecutado entre el 08 de enero de 2015 y el 30 de junio de 2016. Rocio Coras figuró como Arqueóloga Directora (no hubo residente arqueólogo).
La Falsificación: Canchari presentó un contrato y una constancia de trabajo fechados entre el 01 de marzo de 2016 y el 10 de enero de 2017, adjudicándose el cargo de «Arqueólogo Residente».

2.- El Proyecto Abra Toccto – Vilcashuamán:

La Realidad: Ejecutado entre el 25 de agosto de 2016 y noviembre de 2017 (con informe final aprobado en marzo de 2018). Coras fue nuevamente la Directora del Plan de Monitoreo.
La Falsificación: Se presentaron documentos con fechas alteradas que abarcaban desde el 05 de marzo de 2018 hasta el 08 de junio de 2019, nuevamente con la firma de Coras falsificada para dar fe de que Canchari fue el «Arqueólogo Residente».

Pruebas contundentes del Ministerio de Cultura

La denuncia cuenta con un respaldo documental que hace casi imposible el descargo del Decano. Se han adjuntado las Resoluciones Directorales emitidas por la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ayacucho (Resoluciones N° 005-2015, N° 043-2016, N° 361-2016 y N° 056-2018).

En estos documentos oficiales del Ministerio de Cultura se certifica que la Lic. Rocio Coras Contreras (RNA N° BC-1145) fue la única directora autorizada de los Planes de Monitoreo Arqueológico en las fechas reales, desmintiendo categóricamente los contratos apócrifos presentados por Canchari Huamani.

Un golpe a la Ética y al Patrimonio Cultural

El caso no solo representaría un fraude al Estado peruano al alterar las bases de una contratación pública millonaria, sino que constituye un agravio directo a la deontología de la arqueología.

La denunciante ha invocado el Artículo 427 del Código Penal Peruano, que sanciona la falsificación de documentos privados con penas privativas de libertad de dos a cuatro años, además de la tipificación como Falta Muy Grave en el Estatuto del Colegio Profesional de Arqueólogos del Perú (Artículo 129°), al tratarse de «hechos constitutivos de delito que afecten el decoro o la ética profesional».

Asimismo, se ha puesto en conocimiento del Consejo Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales del Perú la presunta violación a los principios de Probidad e Idoneidad (Artículos 3.2 y 3.4 del Código de Ética del CDCP), los cuales exigen a los representantes de los colegios profesionales actuar con «moralidad, integridad, honradez y honestidad, desechando todo provecho o ventaja personal indebida».

Exigencia de sanción ejemplar

«El accionar del Decano Nacional corresponde a un hecho constitutivo de delito… afectando gravemente la confianza pública y el prestigio de la profesión», señala el escrito de denuncia. Coras Contreras ha solicitado la apertura inmediata del Procedimiento Administrativo Disciplinario (PAD) por parte del Tribunal de Honor del COARPE, instando a la suspensión preventiva del Decano mientras duren las investigaciones.

De igual manera, la arqueóloga ha solicitado que se ponga en conocimiento de la Fiscalía Penal para que se inicien las acciones penales correspondientes, recordando que «no se puede reparar en atentar contra el Estado peruano, que somos toda la ciudadanía en común».

Hasta el cierre de esta edición, ni el Decano Miguel Antonio Canchari Huamani ni el Consejo Directivo Nacional del COARPE han emitido un pronunciamiento oficial respecto a esta grave denuncia. Sin embargo, el caso ya ha generado un profundo malestar entre los colegiados de todo el país, quienes exigen transparencia y cuestionan cómo la máxima autoridad de la institución que debe proteger el patrimonio cultural y la ética profesional se encuentra, presuntamente, involucrada en una red de falsificación para lucrarse con contratos del Estado.

Constancias de trabajo de 2017 y 2019.

Nos comunicamos telefónicamente con Miguel Canchari Huamaní quien señaló raudamente que la denuncia es falsa y que se encontraba ocupado, que la denuncia se encuentra en investigación y al culminar esta etapa emitirá su pronunciamiento. Lo cierto es que el mismo decano ha paralizado el proceso de investigación al interior del Colegio Profesional de Arqueólogos del Perú. Nos comunicamos con el arqueólogo Wilber Bolivar Yapura, presidente del Consejo de Decanos del COARPE, quien manifestó desconocer oficialmente la denuncia y el expediente, manifestando: “Hasta este momento no se me ha remitido dicha denuncia. Se comunicaron telefónicamente dos personas mencionando esta denuncia. Le remití un documento al Decano solicitándole que me pueda remitir las denuncias que hubiera, pero hasta la fecha no nos ha remitido nada”.

Esta situación evidencia la actitud del decano de entorpecer las investigaciones a pesar que la denuncia fue presentada el 31 de julio pasado, lo cual también podría ser objeto de otra denuncia penal.

Desde Lima Gris, haremos seguimiento a las investigaciones del Ministerio Público y a la resolución que emita el Tribunal de Honor del Colegio Profesional de Arqueólogos del Perú.

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Dictan prisión preventiva contra seis presuntos atacantes durante protestas en Ucayali [VIDEO]

Los investigados son señalados como presuntos responsables de los hechos violentos registrados durante una manifestación en el kilómetro 35 de la carretera Federico Basadre. Otros cuatro afrontarán el proceso en libertad con restricciones.

Published

5 días ago

28/08/2026

Redacción Lima Gris

El Primer Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Campo Verde, en Ucayali, consiguió que el Poder Judicial dicte nueve meses de prisión preventiva contra seis presuntos atacantes, investigados por su participación en los violentos disturbios ocurridos durante una jornada de protestas en el kilómetro 35 de la carretera Federico Basadre.

Los investigados son Pablo P. A., Julio C. R., Eber E. M., Jeison H. C., Brandon R. S. y Edwar P. V., a quienes la Fiscalía atribuye, de manera preliminar, los presuntos delitos de entorpecimiento de servicios públicos, disturbios, daños agravados y violencia contra la autoridad.

Los hechos ocurrieron el 14 de agosto de 2026, durante una manifestación protagonizada por ciudadanos que protestaban en esta zona de Ucayali. Según la investigación fiscal, un grupo de manifestantes habría protagonizado actos de violencia contra efectivos policiales, utilizando piedras y presuntas bombas molotov.

Como consecuencia de estos enfrentamientos, varios agentes resultaron lesionados y un patrullero policial fue incendiado.

La Fiscalía sostiene que los seis investigados estarían vinculados con estos hechos, por lo que solicitó la medida de prisión preventiva mientras continúan las diligencias destinadas a esclarecer responsabilidades individuales.

En tanto, Richard C. C., Edson A. M., Reineiro V. D. y Abdías V. V., también investigados por estos hechos, afrontarán el proceso bajo comparecencia con restricciones. El Poder Judicial, además, les impuso el pago de una caución de S/ 1,000 a cada uno.

La investigación continuará para determinar la responsabilidad de cada uno de los involucrados, quienes mantienen su condición de presuntos responsables mientras no exista una sentencia judicial firme.

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FPP y COSCO SHIPPING fortalecen vínculo informativo en torno al Megapuerto de Chancay

La Federación de Periodistas del Perú recibió a una delegación de ejecutivos del conglomerado marítimo-logístico chino para abordar el desarrollo del puerto de Chancay, la transferencia tecnológica, la generación de empleo y nuevas estrategias de comunicación e intercambio periodístico entre Perú y China.

Published

5 días ago

28/08/2026

Redacción Lima Gris

En el marco del fortalecimiento de las relaciones de cooperación e intercambio informativo entre Perú y China, la Federación de Periodistas del Perú (FPP) recibió en su sede central a una delegación de ejecutivos de COSCO SHIPPING, conglomerado marítimo y logístico vinculado a la operación del Megapuerto de Chancay.

El encuentro tuvo como principal objetivo establecer mecanismos de comunicación directa que permitan un mayor intercambio de información sobre el desarrollo del proyecto portuario, su impacto en la economía nacional y las oportunidades que genera para las comunidades de Chancay y el país.

La delegación de COSCO SHIPPING estuvo integrada por Kang Bingjian, gerente general adjunto, y Hu Yu, vicepresidente ejecutivo, quienes destacaron el alcance internacional de la compañía, con operaciones vinculadas a una amplia red portuaria a nivel mundial.

Durante la reunión, los representantes de la empresa resaltaron la importancia de mantener una relación transparente y fluida con los medios de comunicación peruanos. El diálogo permitió abordar, además, los desafíos derivados de las diferencias culturales y la necesidad de fortalecer los canales de información sobre las inversiones en infraestructura, así como las acciones de responsabilidad social que se desarrollan en Chancay, particularmente en los ámbitos de salud y educación.

Comunicación, tecnología y desarrollo

Los directivos de la Federación de Periodistas del Perú señalaron que el proyecto portuario de Chancay constituye una de las principales inversiones de infraestructura en el país y se encuentra relacionado con la iniciativa global de la Franja y la Ruta.

En ese contexto, la FPP manifestó su interés en realizar un seguimiento periodístico permanente al proceso de transferencia tecnológica, la creación de puestos de trabajo y los efectos económicos y sociales que el desarrollo del megapuerto pueda generar en las comunidades locales y en el conjunto del país.

La Federación enfatizó que esta labor informativa deberá desarrollarse bajo criterios de independencia periodística, pluralidad y transparencia, principios que deben orientar la cobertura de cualquier proyecto de gran impacto nacional.

Durante el encuentro, la dirigencia de la FPP también presentó los avances en la implementación de su nuevo canal de televisión digital, cuya señal será próximamente difundida en distintas localidades del territorio nacional.

Esta nueva plataforma, junto con los medios digitales de la organización, permitirá ampliar la cobertura informativa descentralizada sobre el desarrollo del comercio transpacífico, la infraestructura portuaria y sus repercusiones en la economía peruana.

El presidente de la Federación de Periodistas del Perú, Ángel Sánchez, planteó la posibilidad de establecer una alianza estratégica de comunicación que permita fortalecer los vínculos institucionales y generar nuevos espacios de intercambio informativo entre ambas organizaciones.

Formación periodística y cooperación con China

La reunión también permitió destacar el papel de la FPP en la formación y capacitación de nuevas generaciones de periodistas. En ese sentido, se puso en valor el trabajo desarrollado mediante convenios con facultades universitarias de Ciencias de la Comunicación y las actividades impulsadas desde la Casa de Cooperación con China.

Estos espacios buscan facilitar que estudiantes, practicantes y jóvenes periodistas tengan acceso a experiencias de intercambio y participen en coberturas vinculadas a temas de relevancia económica, comercial y geopolítica.

La agenda de cooperación contempla, además, la posibilidad de fortalecer los intercambios periodísticos y académicos, incluyendo futuras actividades y visitas a China.

En la reunión participaron los dirigentes nacionales de la FPP Daniel Vento, Juan Cueva y Miguel Zea; el periodista Edwin Cavello, director del portal Lima Gris; el equipo de soporte administrativo y técnico, encabezado por Edwin López; la directora de plataformas digitales, Carmen Cabellos; y miembros del equipo de reporteros de las plataformas informativas del gremio, entre ellos Brenda Porras Almanacin.

El encuentro concluyó con el compromiso de mantener abiertos los canales de diálogo e intercambio de información, en un momento en que el Megapuerto de Chancay adquiere creciente importancia dentro de la agenda económica y geopolítica del Perú y de su relación con el Asia-Pacífico.

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Fiscalía Anticorrupción interviene el Ministerio de Cultura y la BNP por contrataciones de madre e hija

La Segunda Fiscalía Anticorrupción realizó diligencias en el Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional para recabar documentos sobre la contratación de Lourdes Morales Morote y el nombramiento de su hija, Sofía Aguayo Morales en la gestión del ministro Beingolea. La investigación se origina tras la denuncia periodística de Lima Gris y busca determinar si los hechos podrían constituir delito.

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6 días ago

26/08/2026

Redacción Lima Gris

El Ministerio de Cultura vuelve a quedar bajo la lupa de la Fiscalía. Esta vez, la investigación se centra en una contratación y una designación que involucran a una madre y a su hija y que, en apenas 25 días de gestión, han abierto una nueva interrogante sobre el uso del aparato estatal.

La Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios —Primer Despacho— realizó diligencias urgentes en las instalaciones del Ministerio de Cultura y de la Biblioteca Nacional del Perú. El objetivo: obtener documentación relacionada con la contratación de Lourdes Morales Morote en el Despacho Ministerial y con la designación de su hija, Sofía Aguayo Morales, como gerente general de la Biblioteca Nacional del Perú.

Las diligencias estuvieron a cargo de la fiscal adjunta provincial Jhannice Bastidas Arroyo, quien deberá determinar, a partir de la documentación recabada, si los hechos denunciados presentan relevancia penal.

La intervención fiscal constituye un nuevo capítulo de una historia que Lima Gris puso en evidencia: la llegada de dos familiares a posiciones vinculadas directamente con la administración cultural del Estado.

Según la información difundida, Morales Morote obtuvo una orden de servicio por S/ 32.500 para prestar servicios en el despacho del ministro de Cultura, Alberto Beingolea. Paralelamente, su hija, Sofía Aguayo Morales, fue designada en un puesto de alta responsabilidad dentro de la Biblioteca Nacional.

El problema no es únicamente el monto de una contratación ni la existencia de un vínculo familiar. La pregunta central que ahora deberá responder el Ministerio Público es otra: ¿qué criterios se utilizaron para realizar ambas incorporaciones y existió algún tipo de favorecimiento indebido?

La investigación adquiere especial relevancia porque, de acuerdo con la denuncia periodística, Sofía Aguayo Morales, es una exmilitante del Partido Popular Cristiano (PPC) y ha sido vinculada a una investigación de la Fiscalía Anticorrupción. Estos antecedentes deberán ser contrastados por el Ministerio Público y confrontados con la documentación oficial que sustenta su contratación.

La coincidencia temporal de ambas incorporaciones plantea, por ello, un asunto que trasciende los nombres propios: la necesidad de transparencia en las decisiones adoptadas desde el Ministerio de Cultura.

El Estado no es una agencia de colocaciones. Cada contratación, designación u orden de servicio debe responder a criterios objetivos, verificables y compatibles con las exigencias de idoneidad y mérito que demanda la administración pública.

Y cuando aparecen familiares ocupando posiciones vinculadas a una misma estructura institucional, la obligación de explicar los procedimientos utilizados se vuelve todavía mayor.

Ahora corresponde conocer qué documentos encontró la Fiscalía, quién autorizó la contratación de Morales Morote, qué informes sustentaron la orden de servicio por S/ 32.500, cuáles fueron los criterios empleados para la designación de Sofía Aguayo Morales y qué funcionarios participaron en esas decisiones.

También será necesario determinar si se cumplieron los procedimientos administrativos y si existieron evaluaciones previas de idoneidad, experiencia y compatibilidad para ambos casos.

El ministro Alberto Beingolea tiene, en consecuencia, una explicación pendiente. Ya no podrá mantenerse silencio.

La discusión ya no está solamente en las redes sociales ni en una denuncia periodística. Una Fiscalía Anticorrupción ha ingresado al Ministerio de Cultura y a la Biblioteca Nacional para revisar los documentos.

Hay una pregunta que queda flotando ¿el Ministerio de Cultura está siendo administrado bajo criterios de mérito y transparencia o se está convirtiendo en un botín para repartir cargos y contratos entre allegados?

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Juzgado de Familia de Jaén dicta medidas de protección en solo dos horas para niña sobreviviente de tragedia familiar

La menor, de tres años, habría estado presente durante un violento episodio ocurrido en un hospedaje que terminó con la muerte de su padre. El juez Elmer Alonso Torres Huamanchumo dispuso medidas urgentes para garantizar su integridad física y emocional, pese a que el expediente no contaba con una Ficha de Valoración de Riesgo.

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7 días ago

25/08/2026

Redacción Lima Gris

En apenas dos horas, el Tercer Juzgado de Familia de Jaén, Subespecialidad en Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar, dictó medidas de protección a favor de una niña de tres años que quedó en situación de extrema vulnerabilidad tras una tragedia familiar ocurrida en esta ciudad.

La decisión fue adoptada por el juez Elmer Alonso Torres Huamanchumo, luego de que el caso ingresara a su despacho durante la tarde del 20 de agosto de 2026, remitido por la Fiscalía Provincial de Familia de Jaén.

Según los actuados fiscales, la menor habría estado presente durante un grave episodio de violencia registrado al interior de un establecimiento de hospedaje, hecho que terminó con la muerte de su padre. Su madre permanece detenida en relación con estos acontecimientos.

Ante la gravedad de la situación, el magistrado determinó judicialmente un nivel de riesgo severo, aun cuando el expediente no contaba con una Ficha de Valoración de Riesgo. Para adoptar esta decisión consideró elementos objetivos como la corta edad de la niña, las lesiones traumáticas acreditadas médicamente, su exposición directa a un episodio de violencia extrema y la ausencia de una red familiar protectora inmediata.

Frente a este escenario, el juzgado emitió una resolución debidamente motivada y dispuso medidas destinadas a garantizar la protección integral de la menor. Entre ellas, ordenó la prohibición de acercamiento y de cualquier acto de violencia en su contra, así como el acceso a tratamiento psicológico especializado para atender las consecuencias emocionales derivadas de la experiencia traumática.

También se dispuso el monitoreo permanente por parte del Centro Emergencia Mujer de Jaén y la coordinación con las instituciones responsables de su cuidado y protección, con el objetivo de asegurar que permanezca en un entorno seguro y reciba la atención que requiere.

El juez Torres Huamanchumo, además, delimitó las competencias correspondientes y puso el caso en conocimiento del órgano jurisdiccional que viene atendiendo el proceso relacionado con la desprotección familiar. Asimismo, ordenó verificar la situación de una adolescente vinculada al mismo grupo familiar, a fin de garantizar también la protección de sus derechos e integridad.

La actuación judicial constituye una respuesta inmediata ante un caso de violencia que involucra a una niña en condición de especial vulnerabilidad. La decisión pone en primer plano la necesidad de que el sistema de justicia actúe con rapidez cuando existen elementos que advierten un riesgo grave para la integridad física y emocional de menores de edad.

Con esta intervención, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque reafirma su compromiso con una justicia oportuna y célere, orientada a proteger a las personas en situación de vulnerabilidad y a garantizar que el interés superior de niñas, niños y adolescentes sea una prioridad en la actuación judicial.

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