Foto y video: Canal NEl Ministerio de Justicia anulará tres contratos de vigilancia por 16 millones de soles tras diligencias de la Fiscalía.
AVPorAlvaro Vega Lavado »La Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios realizó diligencias urgentes en la sede del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para recabar información sobre tres procesos de contratación de servicios de vigilancia.
La acción fiscal se ejecutó tras un reportaje del programa Cuarto Poder que reveló que la empresa proveedora presentó facturas no reconocidas por la Sunat.
Fuente: Canal NEl procedimiento penal fue ordenado por el fiscal provincial Carlos Nivin Valdiviezo e implementado en las instalaciones ministeriales por la fiscal adjunta provincial Jhannice Bastidas Arroyo.
Según informó Canal N, los representantes del Ministerio Público fueron atendidos por personal de la Secretaría General y de la Oficina General de Administración para la entrega de los expedientes.
La Fiscalía recabó expedientes de contratación en la sede ministerial
Los peritos y fiscales solicitaron las copias certificadas y registros digitales vinculados a las tres licitaciones adjudicadas a la empresa de seguridad privada GZ Perú S.A.
Las diligencias tienen como objetivo esclarecer la validez de los documentos tributarios presentados por la contratista para acreditar su experiencia técnica en el rubro.
El equipo fiscal levantó actas de exhibición documental respecto a los procesos de selección convocados por la entidad pública.
Las investigaciones preliminares determinarán si existió colusión o falsedad documental en la tramitación de los contratos suscritos por el sector público.
El Minjus anulará contratos por S/ 16 millones tras hallazgos de la Fiscalía
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, anunció que el Poder Ejecutivo declaró la nulidad de oficio de los tres contratos suscritos con la compañía GZ Perú S.A. por un monto superior a los 16 millones de soles.
La autoridad ministerial precisó que la decisión se sustentó en el informe técnico de la Oficina de Abastecimiento que ratificó las inconsistencias ante la Sunat.
El trámite legal para rescindir formalmente los vínculos con la empresa proveedora demandará un plazo estimado de dos semanas en la sede central.
Para evitar que las sedes queden desprotegidas, el ministerio emitirá órdenes de servicio individuales de emergencia antes de convocar a una adjudicación directa.
Las investigaciones comprenden a funcionarios de administraciones previas
El titular del sector explicó que los acuerdos contractuales cuestionados fueron firmados al cierre del periodo del exministro Luis Jiménez, durante el mandato de José María Balcázar.
La actual administración dispuso la remoción de los directores de la Oficina General de Administración e inició procesos disciplinarios internos.
La Contraloría General de la República intervendrá en el caso para individualizar las responsabilidades administrativas de los funcionarios que avalaron la contratación.
En paralelo, el Ministerio Público continuará con los actos de investigación penal para sancionar a los involucrados en las presuntas irregularidades.
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