El Ejecutivo pide facultades para actualizar la normativa minera y modificar aspectos vinculados con el otorgamiento, vigencia y caducidad de concesiones. El proyecto plantea activar inversiones privadas, pero deja para los decretos legislativos el contenido concreto de la reforma.
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Juan IparraguirreEscucharResumenCompartirEl Gobierno de Keiko Fujimori plantea modificar las reglas que regulan las concesiones mineras en Perú. El pedido de facultades presentado al Congreso incluye una actualización de la normativa para dar seguridad jurídica y activar inversiones privadas, con cambios en aspectos vinculados con el otorgamiento, vigencia y caducidad de concesiones y otros títulos habilitantes.
Únete a nuestro canal de política y economíaLa propuesta forma parte de un paquete de 66 materias por las que el Ejecutivo solicita facultades legislativas durante 120 días. En el bloque referido al desarrollo productivo y minería también se plantean medidas de simplificación administrativa, formalización, trazabilidad y desarrollo de proveedores. Sin embargo, el proyecto deja para una etapa posterior la definición de las reglas concretas que reemplazarían a las actuales.
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Concesiones: el punto central del cambio
Una concesión minera otorga a su titular derechos sobre los recursos minerales ubicados dentro del área concedida, bajo las condiciones establecidas por la legislación. Por ello, las reglas que determinan cómo se obtiene, cuánto tiempo se mantiene y en qué circunstancias puede caducar son relevantes para las empresas que evalúan proyectos de largo plazo.
El Ejecutivo plantea revisar precisamente esos aspectos. El pedido menciona modificaciones al otorgamiento, vigencia y caducidad de concesiones y otros títulos habilitantes, además de una actualización de la normativa minera orientada a generar mayor seguridad jurídica.
El exministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, señaló a La República que una revisión del marco legal puede ser necesaria porque buena parte de las reglas actuales se construyó en la década de 1990, cuando las condiciones tecnológicas, económicas y sociales eran distintas. A su juicio, cualquier modificación debe hacerse con cuidado para evitar que una reforma destinada a dar mayor previsibilidad termine generando incertidumbre para los inversionistas.
“Las situaciones tecnológicas, los avances de la tecnología de hoy en día, el mercado de minerales de hoy en día” son distintos a los de hace tres décadas, señaló Herrera Descalzi, quien añadió que también han cambiado las condiciones sociales y económicas alrededor de la actividad minera.
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¿Qué podría cambiar para las empresas mineras?
La modificación de las reglas puede tener efectos económicos distintos dependiendo de qué aspectos sean finalmente alterados. Si se reducen etapas o plazos para obtener una concesión, una empresa podría disminuir el tiempo que transcurre antes de iniciar la siguiente fase de un proyecto. Si cambian las condiciones para mantener vigente un derecho minero, las compañías también tendrían que ajustar la planificación de inversiones asociadas a sus concesiones.
Herrera Descalzi considera que uno de los temas que debería revisarse es el derecho de vigencia, pago que realizan los titulares de concesiones por hectárea. El exministro señaló que actualmente se mantiene una referencia de US$3 por hectárea al año y planteó que debería evaluarse si ese monto sigue siendo adecuado, considerando además que existen concesiones que comprenden áreas extensas.
También mencionó la posibilidad de revisar el tamaño de las áreas y los parámetros aplicables a la pequeña y mediana minería, aunque advirtió que modificaciones de ese tipo deberían sustentarse en estudios técnicos.
El planteamiento introduce un elemento adicional en la discusión: cambiar las reglas de las concesiones no solo implica modificar procedimientos para otorgarlas, sino también revisar las condiciones económicas y productivas bajo las cuales los titulares mantienen esos derechos.
Menos trámites, pero sin abrir espacio a más incertidumbre
El Ejecutivo también plantea simplificar procedimientos administrativos vinculados con las actividades productivas. En minería, esta medida aparece junto con la actualización normativa y la revisión de las reglas sobre concesiones.
Herrera Descalzi considera que la permisología es uno de los puntos que debería estar en el centro de la reforma. Según explicó, existen exigencias que pueden resultar innecesarias y retrasar significativamente los proyectos, además de generar espacios propicios para prácticas de corrupción.
El exministro sostuvo que reducir estos procedimientos puede ser parte de los cambios necesarios, pero advirtió que las modificaciones deben ser cuidadosamente diseñadas para no generar una percepción de inestabilidad que termine afectando las inversiones.
El pedido de facultades no presenta todavía una relación detallada de los procedimientos que desaparecerían, los que serían reemplazados ni los plazos que se pretende reducir. Por eso, el efecto económico de esta parte de la reforma dependerá de cuáles sean las reglas que finalmente se aprueben.
La pequeña minería también entra en la discusión
La reforma minera no se limita a las grandes inversiones. Herrera Descalzi puso especial énfasis en la situación de la pequeña minería, que considera uno de los problemas más complejos del sector debido a su vínculo con la informalidad y la minería ilegal.
Según el exministro, la pequeña minería tiene actualmente una actividad económica rentable y genera empleo, lo que dificulta una estrategia basada únicamente en medidas de confrontación. Al mismo tiempo, señaló que la informalidad puede ser aprovechada por actividades ilegales que operan fuera del marco establecido por el Estado.
Por ello, planteó que la reducción de la informalidad debe ser progresiva, acompañada de cambios en el marco legal. Dentro de ese proceso, consideró especialmente relevante definir cómo funcionará la Ley MAPE y cuál será el tratamiento del REINFO dentro de ese nuevo marco.
El pedido de facultades incluye precisamente medidas vinculadas con la formalización y trazabilidad de la actividad minera. La discusión, en este caso, no se limita a facilitar inversiones, sino también a determinar cómo se incorporará a la formalidad a un sector que mantiene un peso importante en la actividad extractiva.
La inversión minera no depende solo de las concesiones
El Ejecutivo relaciona la actualización de la normativa minera con la necesidad de generar condiciones para activar inversión privada. Sin embargo, contar con una concesión y tener reglas más previsibles constituye solo una parte del proceso para desarrollar un proyecto.
Las empresas también deben evaluar el potencial geológico, los precios internacionales de los minerales, la infraestructura disponible, el acceso a energía y agua, los costos de operación y los distintos permisos necesarios para avanzar desde la exploración hasta la explotación.
Por ello, incluso una modificación de las reglas de concesiones que reduzca tiempos administrativos no permitiría asegurar por sí sola un aumento de la inversión minera. El efecto dependerá de cuánto incidan los cambios sobre las decisiones que las empresas toman antes de comprometer capital en nuevos proyectos.
Herrera Descalzi coincidió en que la actualización del marco legal puede ser necesaria, pero insistió en que el proceso debe evitar cambios apresurados. “Para no equivocarse no hay que acelerar el paso más allá de lo que se puede”, sostuvo.
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Formalización y trazabilidad amplían el alcance de la propuesta
El paquete planteado por el Ejecutivo también incorpora mecanismos de formalización y trazabilidad, además de asistencia técnica para desarrollar proveedores y encadenamientos productivos.
La trazabilidad adquiere particular importancia en actividades como la minería de oro, donde el seguimiento de la cadena comercial puede ser utilizado para distinguir la producción que ingresa al circuito formal de aquella vinculada con actividades ilegales.
Herrera Descalzi consideró que el control de la cadena comercial debería tener un papel relevante y mencionó la necesidad de una mayor participación de entidades como la administración tributaria y la autoridad laboral para fiscalizar tanto el movimiento económico como las condiciones de quienes trabajan en estas actividades.
El planteamiento amplía la discusión sobre las concesiones. La reforma no solo determinaría bajo qué condiciones se otorgan y mantienen los derechos mineros, sino también cómo el Estado pretende controlar las actividades que se desarrollan alrededor de ellos.
El Congreso tendrá que definir hasta dónde llega la reforma
El pedido de facultades no modifica por sí mismo la legislación minera. Para que las propuestas puedan convertirse en cambios normativos, el Congreso primero deberá decidir si delega esas competencias y establecer el marco dentro del cual podrá legislar el Gobierno.
Si la autorización es aprobada, el Ejecutivo tendrá 120 días para emitir los decretos legislativos correspondientes. Será en esas normas donde se conocerá cómo quedarán finalmente las condiciones para otorgar y mantener concesiones, qué procedimientos serán modificados y cómo funcionarán las medidas de formalización y trazabilidad.
Para Herrera Descalzi, el plazo constituye uno de los principales límites del proceso. Consideró que existen varios asuntos que requieren revisión y que el tiempo disponible obliga a priorizar los cambios que puedan sustentarse técnicamente.
El debate, por tanto, no estará únicamente en si se actualiza la normativa minera. También tendrá que determinarse si las modificaciones sobre concesiones, permisología, formalización y fiscalización cuentan con suficiente sustento para cambiar reglas que afectan decisiones de inversión de largo plazo.
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