Lucho Angulo: “Proteger los nevados es proteger el agua, la vida y la identidad de los Andes”

Cultura Lucho Angulo: “Proteger los nevados es proteger el agua, la vida y la identidad de los Andes” El artista plástico presenta una colección de pinturas inspirada en el retroceso de los glaciares de la Cordillera Blanca y plantea unir arte, ciencia, tecnología y arquitectura para enfrentar los…

Cultura

El artista plástico presenta una colección de pinturas inspirada en el retroceso de los glaciares de la Cordillera Blanca y plantea unir arte, ciencia, tecnología y arquitectura para enfrentar los efectos del cambio climático. Su proyecto busca dejar un testimonio visual de la problemática los nevados.

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29 segundos ago

31/08/2026

Redacción Lima Gris

Por Mónica Aguilar

El retorno a Huaraz después de varias décadas permitió al artista plástico Lucho Angulo reencontrarse con la Cordillera Blanca, pero también con una realidad que lo impactó profundamente: el acelerado deterioro de los nevados como consecuencia del cambio climático. Su relación con los Andes comenzó desde su infancia. Su padre, el arquitecto Lucho Angulo Lozno, participó en la reconstrucción de Yungay tras el terremoto de 1970, experiencia que marcó el vínculo familiar con Huaraz y la Cordillera Blanca. Décadas después, al regresar acompañado de su familia, el artista pudo comprobar que el paisaje que recordaba había cambiado considerablemente.

“Los nevados ya no son los mismos que conocí”, es una de las ideas que atraviesa su reflexión. Angulo recuerda que durante su juventud la Cordillera Blanca permanecía cubierta de nieve y que lugares como Llanganuco presentaban temperaturas mucho más bajas. Hoy observa un incremento de la temperatura, el retroceso de los glaciares, cambios en el ecosistema y la aparición de insectos en zonas altas donde anteriormente no eran frecuentes.

Para el artista, estos cambios no deben ser vistos únicamente como datos científicos. El retroceso de los glaciares representa una amenaza directa para los recursos hídricos y para las poblaciones que dependen del agua de los Andes. Por ello, considera que las autoridades y las instituciones deben pasar de la observación y el diagnóstico a la ejecución de medidas concretas y permanentes de protección.

Entre sus propuestas figura la construcción de canales, andenes y pequeños reservorios que permitan controlar la velocidad del agua proveniente del deshielo y contribuir a su conservación. También plantea una reforestación masiva de la Cordillera Negra, con especies que ayuden a generar humedad, conservar el agua y mejorar las condiciones del ecosistema.

Angulo sostiene, además, que el arte puede convertirse en parte de la solución. Una de sus propuestas consiste en desarrollar grandes estructuras artísticas móviles, inspiradas en abanicos o pavos reales, que puedan generar sombra en determinados momentos del día y reducir temporalmente la exposición de los nevados a la radiación solar. Estas estructuras podrían, además, convertirse en atractivos turísticos mediante proyecciones de imágenes y luces.

Su propuesta busca demostrar que la creatividad puede dialogar con la ingeniería y la arquitectura para generar alternativas frente a la crisis ambiental. En ese sentido, resume su visión con una frase: “El artista lo crea, el arquitecto lo diseña y el ingeniero lo hace realidad”.

El artista también llama la atención sobre la contaminación de los recursos hídricos. Durante sus recorridos por la región afirma haber observado aguas amarillentas que desembocan en el río Santa y expresa su preocupación por los posibles impactos de las actividades económicas sobre las fuentes de agua. En el caso de la minería, precisa que su posición no busca cuestionar esta actividad, sino reclamar mayores medidas de responsabilidad y control ambiental.

Pintar los nevados que desaparecen

Esta experiencia dio origen a una colección de aproximadamente 20 a 25 pinturas de gran formato, dedicada a los nevados de la Cordillera Blanca.

El proyecto pretende registrar, a través del arte, el estado actual de estas montañas para que las futuras generaciones puedan conocer cómo eran los paisajes andinos que hoy se encuentran en proceso de transformación.

Para Angulo, la exposición denominada «El mundo que perdimos» no busca simplemente mostrar paisajes atractivos. Su propósito es crear una memoria visual de los Andes y generar conciencia sobre el cambio climático. El artista considera que una pintura puede transmitir emociones y provocar una reflexión que, en determinados casos, un informe técnico no consigue generar.

Una de las obras más significativas de la colección está dedicada al Huascarán, considerado por Angulo un símbolo de la Cordillera Blanca y una montaña que merece especial protección. Para desarrollar sus pinturas, el artista ha realizado trabajo de campo en lugares de difícil acceso, enfrentándose a las condiciones propias de la altura y del territorio.

Su técnica combina el expresionismo abstracto, acrílico, tonos dorados y pan de oro, recursos con los que busca representar la luz sobre las montañas y transmitir las sensaciones que le producen los nevados. Más que reproducir una fotografía, pretende expresar el paisaje desde una dimensión emocional.

Los Andes como memoria e identidad

La preocupación de Angulo va más allá del aspecto ambiental. Para el artista, la desaparición de los glaciares significaría también la pérdida de una parte importante de la identidad cultural y la memoria de los pueblos andinos.

Desde la cosmovisión ancestral, las montañas son consideradas apus, y Angulo recupera esta concepción para destacar que los nevados no deben ser entendidos únicamente como elementos del paisaje. Son fuentes de agua y vida y forman parte de la relación histórica y espiritual que las comunidades mantienen con los Andes.

Por ello, advierte que el progreso y la tecnología no pueden sustituir a los ecosistemas naturales. Si los Andes desaparecen, sostiene, no existe una infraestructura artificial capaz de reemplazar todo lo que representan para la vida de las personas.

Nevado el Huascarán.

Un llamado a las nuevas generaciones

El artista considera que la protección de los Andes debe convertirse en una tarea colectiva y de largo plazo. Por ello, reclama la participación de autoridades, universidades, investigadores, empresas, ingenieros, arquitectos, artistas y organizaciones vinculadas con la conservación.

También dirige un mensaje especial a los jóvenes, a quienes pide prepararse, investigar y desarrollar nuevas tecnologías que permitan reducir el impacto sobre la naturaleza. Para Angulo, pequeñas acciones como evitar la contaminación son importantes, pero también lo es promover soluciones innovadoras que permitan enfrentar los efectos del cambio climático.

A pesar de su preocupación por el futuro de los glaciares, el artista mantiene una posición optimista. Considera que todavía existe tiempo para actuar y que mientras los nevados continúen existiendo será posible desarrollar nuevas ideas y tecnologías para protegerlos.

Su proyecto contempla además la posibilidad de ampliar la iniciativa mediante un documental, investigaciones y la participación de instituciones nacionales e internacionales. De esta manera, busca que la exposición trascienda las salas de una galería y se convierta en una plataforma de sensibilización y diálogo sobre el futuro de los Andes.

Al concluir su reflexión, Angulo insiste en un mensaje sencillo pero contundente: no dejar de ayudar a los Andes. Su propósito es que quienes observen sus pinturas no se limiten a admirar la belleza de los nevados, sino que se pregunten qué pueden hacer para evitar su desaparición.

Para el artista, pintar los nevados que están desapareciendo es también documentar un momento histórico del planeta.

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Senador Jaime Delgado alerta avance de la minería informal sobre Nasca y exige proteger las Líneas

Redacción Lima Gris

Cultura

Senador Jaime Delgado alerta avance de la minería informal sobre Nasca y exige proteger las Líneas

Senador plantea recuperar los conocimientos ancestrales de la cultura Nasca para enfrentar la crisis hídrica y el fenómeno El Niño, y pide al Ministerio de Cultura reforzar la protección de las Líneas de Nasca.

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21 horas ago

30/08/2026

Redacción Lima Gris

El avance de la minería informal sobre el territorio de Nasca y la necesidad de recuperar los antiguos sistemas de manejo del agua desarrollados por esta civilización encendieron las alertas durante la Primera Mesa Técnica de Trabajo sobre saberes ancestrales Nasca y gestión integral de los recursos hídricos.

El senador Jaime Delgado exhortó al Gobierno a articular acciones concretas para proteger las Líneas de Nasca y, al mismo tiempo, recuperar los conocimientos que permitieron a esta cultura gestionar el agua en uno de los territorios más áridos del país. En ese contexto, pidió al ministro de Cultura, Alberto Beingolea, reforzar la protección del patrimonio arqueológico y reclamó al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) garantizar los recursos destinados a proyectos de siembra y cosecha de agua.

Durante la reunión, Delgado sostuvo que los saberes ancestrales no deben ser vistos únicamente como parte del patrimonio histórico del país, sino también como una fuente de conocimiento que puede contribuir a enfrentar los actuales desafíos ambientales y climáticos.

“Los Nazca desarrollaron soluciones para captar, conducir y aprovechar el agua en un territorio extremadamente árido, y hoy necesitamos estudiar ese conocimiento para enfrentar nuestros propios problemas. El Gobierno tiene que colaborar: Cultura debe proteger las Líneas de Nasca y Midagri debe garantizar los recursos para sembrar y cosechar agua”, precisó.

El senador expresó, además, su preocupación por el retiro de presupuesto destinado al Fondo Sierra Azul, programa del Midagri vinculado con proyectos de siembra y cosecha de agua. Consideró indispensable asegurar el financiamiento de estas intervenciones ante un escenario marcado por la creciente vulnerabilidad hídrica y la posibilidad de eventos climáticos extremos asociados al fenómeno El Niño.

Delgado planteó que las experiencias desarrolladas por los antiguos pobladores de Nasca sean estudiadas y contrastadas con la ciencia y la tecnología moderna para determinar qué mecanismos pueden ser recuperados, adaptados y aplicados en la actualidad.

La protección del patrimonio también ocupó un lugar central en el encuentro. Delgado alertó sobre la creciente presencia de minería informal en zonas de Nasca y advirtió que esta actividad representa una amenaza para un territorio de enorme valor arqueológico y cultural. Por ello, consideró urgente que el Ministerio de Cultura fortalezca las acciones de vigilancia y protección de las Líneas de Nasca, reconocidas como Patrimonio Mundial.

La mesa técnica, denominada “Saberes Ancestrales Nasca aplicados a la Gestión Integral de Recursos Hídricos frente al fenómeno El Niño”, reunió a investigadores, arqueólogos, especialistas, técnicos, representantes de instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil.

El encuentro permitió analizar los sistemas desarrollados por la cultura Nasca para captar, conducir y aprovechar el agua, así como explorar un diálogo entre conocimiento ancestral, investigación científica y tecnología contemporánea para generar alternativas frente a la crisis hídrica.

Delgado anunció que estas mesas técnicas serán ampliadas a la macrorregión sur con el propósito de identificar otros conocimientos ancestrales que puedan contribuir a mejorar la gestión de los recursos hídricos y fortalecer la prevención frente a fenómenos climáticos extremos.

En la reunión participaron Abel Cruz, presidente del Movimiento Peruanos Sin Agua; Miguel Estrada, decano de la Facultad de Ingeniería Civil de la UNI; Cirilo Supo, especialista en siembra y cosecha de agua; representantes del Fondo Sierra Azul, la Autoridad Nacional del Agua (ANA), Conveagro y organizaciones de la sociedad civil.

También participó el reconocido arqueólogo, antropólogo e historiador Federico Kauffmann Doig, quien destacó la importancia de continuar investigando las Líneas de Nasca y revalorar este legado cultural como parte de una estrategia que permita comprender mejor el territorio y contribuir a mitigar los riesgos asociados al fenómeno El Niño.

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Cultura

Un inspector para Villasucia

“VillaSucia”, es una obra teatral para niños, creada por el eximio actor, director, dramaturgo y escritor Ismael Contreras Aliaga, basada en El Inspector del dramaturgo ruso, Nicolás Gogol, comedia satírica publicada en 1836 que critica a la sociedad rusa del siglo XIX.

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2 días ago

30/08/2026

María Luz Crevoisier

Por María Luz Crevoisier

Palosanto, este reconocido grupo de teatro y comunicación, ahora bajo la batuta de Marisa Contreras , presentará la obra de equívocos y que ganó el Concurso XVII de obras de teatro para niños y jóvenes de la UNMSM en el Centro Cultural CAFAE-SE (Av. Arequipa 2985) del 5 de setiembre al 18 de octubre, en el horario de 4pm, los sábados y domingos.

El argumento es muy sencillo, y pone sobre el tapete a las malas autoridades municipales, sus falsas promesas electorales. En un pueblo que podría ser cualquiera de los nuestros de la costa, sierra o selva, ha corrido la noticia de que llegará un inspector disfrazado de mendigo, para no despertar sospechas y naturalmente las autoridades edilicias que no cumplen con su tarea, quedan muy preocupadas y organizan un recibimiento a todo dar, creando un ambiente ficticio de gran actividad.

El desenlace de la obra, no puede ser más jocoso e inesperado, pues el supuesto inspector, es en realidad un verdadero vagabundo, quien agradece a su suerte el haber sido tan afanosamente agasajado.

El elenco está conformado por los actores; Isabel Falcón (Regidora), Fabrizio Uscamayta (Alcalde), Juliet Pacahuala (Regidora), Roberth Hilario ( vagabundo), Alfie Carrillo (Inspector).

Las luces y sonido, están a cargo de Beto Varela, las canciones son de Ismael Contreras, en la producción está Cecilia Zapata y la dirección recae en Marisa Contreras, hija de Ismael.

El escenario, es una combinación de telones pintados a mano que ambientan un distrito de Lima o de cualquier ciudad del Perú, complementado con una estructura de madera que cuenta con distintos niveles.

PaloSanto nació hace 18 años y sus montajes contienen valores interculturales porque no se trata solamente de divertir, sino de inculcar enseñanzas que sirvan de guía a niños y adolescentes. De ahí que Palosanto ha trabajado siempre a nivel de colegios e incluso durante la pandemia no interrumpió su cometido y difundieron el programa “Un momento con Palo Santo”, en el que intervenían Ismael, Cecilia y Marisa, con cuentos y canciones. En ese período también surgió su canal Zacatapum.

Por esta labor, Ismael Contreras debe figurar en la gran Dramaturgia para niños en América Latina, junto a los grandes creadores de obras para niños de Guatemala, México, Argentina ,Brasil, como Javier Villafañe, María Clara Machado, Dora Alonso, las poetas Alfonsina Storni, Juana de Ibarborou, los españoles Federico García Lorca, Alejandro Casona.

Ismael escribió unas 20 obras de teatro para niños y público familiar. Varias de ellas fueron premiadas y también publicadas. Y todas, montadas.

“Villasucia” Premio en el XVIII Concurso Nacional de Obras de Teatro Escolar – UNMSM 1977.

“Por una flor” (Tïtulo original “Dos vecinos…una flor” Primer Premio XXV Concurso Nacional Obras Teatro Escolar-UNMSM 1984).

El Botón de Plata”(Segundo Premio XXVI Concurso Nacional de Obras de Teatro Escolar- UNMSM 1985) y anteriormente, premiada en un concurso de obras de teatro de la Municipalidad de Lima.

Obras para adultos premiadas

“Quién ganó a Mingo Gonzalez” Ganador de Primer Accesit Premio Andrés Bello- Celcit Venezuela 1982. Publicada en Antología de Dramaturgos de la ENSAD (1946-2010) por la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático. Publicada también en Teatro Peruano, Primera edición 1985

“El Hueco en la Pared” – (Título original “Pico de Oro”) Mención Honrosa Concurso Nacional 1984 de Obras de Teatro-UNMSM- Publicada en México-Tablado latinoamericano 199

Autor de obra Waykushka el Desterrado” Ganador del Premio Iberescena en Dramaturgia 2008/2009 con su Proyecto “Teatro Sagrado”.

La sucesora

Marisa Contreras, la actual directora de PaloSanto, tuvo una formación de lujo junto a su talentoso padre. Con él recorrió todos los caminos de la actuación teatral y con ese bagaje complementó su preparación en ENSAD, graduándose como Artes Escénicas diseño escenográfico. Durante años trabajó en los montajes de PaloSanto , teniendo su prueba de fuego en Fiesta del Bosque que terminó siendo un verdadero éxito. A partir del 2022 con la muerte de Ismael, asumió por completo la dirección del grupo.

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Cultura

Cantos Celestiales: las voces originarias frente al silencio del Congreso

Mientras el Estado reduce espacios para las lenguas originarias, desde la Selva Central surgen iniciativas que buscan preservar la memoria, la oralidad y los cantos de los pueblos Yanesha y Quechua. Paloma Rosales, al frente de CantoRaíz, convierte la música en un puente entre comunidades, generaciones y territorios para mantener vivas voces que también forman parte del Perú contemporáneo.

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4 días ago

28/08/2026

Redacción Lima Gris

Por José E. Caro Gómez

El Perú no es, ni ha sido nunca, un país homogéneo. Su historia está atravesada por la coexistencia de pueblos, lenguas, tradiciones e identidades diversas que, a lo largo del tiempo, han establecido relaciones de intercambio, convivencia, conflicto y resistencia. Es aquí donde resulta preocupante que recientemente hayan dejado de prestarse los servicios de intérpretes de lenguas originarias en el Congreso de la República del Perú. Más allá de las razones administrativas que puedan alegarse, una decisión de esta naturaleza tiene una dimensión política y simbólica. Cuando se retira la posibilidad de que una persona pueda expresarse en su propia lengua dentro de una de las principales instituciones del Estado, también se corre el riesgo de invisibilizar la existencia de quienes hablan esa lengua y de limitar su participación efectiva en la vida pública.

El problema no es solamente que alguien deje de traducir. La interpretación permite que ciudadanos quechuas, aimaras, amazónicos o pertenecientes a otros pueblos originarios puedan relacionarse con las instituciones del Estado desde su propia lengua. Su ausencia puede transmitir, de manera implícita, la idea de que determinadas lenguas tienen un lugar secundario en la esfera pública.

Y aquí aparece una pregunta incomoda que escapa de una decisión administrativa: ¿qué lugar ocupan realmente las diferentes culturas y lenguas del Perú dentro del Estado?

La historia peruana ofrece suficientes ejemplos de como el reconocimiento de las diferencias culturales ha sido, muchas veces, una condición para establecer relaciones más equilibradas entre el estado y sus ciudadanos. Por el contrario, cuando las diferencias son negadas o consideradas un obstáculo, reaparece una mirada vertical sobre el territorio y sobre quienes lo habitan. Esto tiene antecedentes que todavía forman parte de nuestra memoria política. Una de las expresiones más desafortunadas de esa concepción fue la frase del expresidente Alan García sobre los llamados «ciudadanos de segunda clase», la expresión revelaba una manera de imaginar el país desde una jerarquía: unos ciudadanos situados en el centro de las decisiones y otros convertidos en una suerte de periferia política, económica y cultural.

En ese sentido, la descentralización peruana ha sido durante décadas una promesa recurrente. Sin embargo, muchas veces lo que se presenta como descentralización termina siendo apenas desconcentración administrativa. La verdadera descentralización tendría que implicar también reconocer que el país no es una sola voz y que sus ciudadanos no tienen por qué relacionarse con el Estado únicamente desde los códigos culturales y lingüísticos de la capital.

Esta tensión puede observarse también en la relación entre los Andes y la Amazonía. La Selva Central, por ejemplo, no puede entenderse únicamente como un espacio amazónico aislado de la historia andina. Durante distintos momentos de la historia, poblaciones quechuas se desplazaron hacia territorios amazónicos, estableciendo relaciones con los pueblos originarios que ya habitaban esas zonas. De estos procesos surgieron encuentros, intercambios y también desencuentros. Las fronteras culturales nunca han sido completamente rígidas.

Hoy esos territorios continúan siendo espacios donde confluyen distintas memorias e identidades. Algunas zonas de la Selva Central han quedado asociadas, además, a conflictos sociales, economías ilegales y situaciones de violencia que suelen ser reducidas, desde Lima, a la categoría de «zonas rojas». Esa mirada puede terminar simplificando territorios complejos y poblaciones con historias propias. Mientras desde Lima se suele mirar estos territorios desde sus problemas, en ellos también se desarrollan procesos culturales que muestran otra realidad. Un ejemplo visible es Selvámonos, festival que reúne cada año a numerosos jóvenes y visitantes en la Selva Central y que se ha convertido en un espacio de encuentro cultural. Pero fuera de los grandes festivales existen iniciativas menos visibles y quizá más profundas: aquellas que trabajan con la memoria oral, las lenguas y el patrimonio inmaterial de las comunidades.

En ese ámbito se encuentra el trabajo de Paloma Rosales, cantante y gestora cultural que reside en la Selva Central. Rosales lidera CantoRaíz, un proyecto dedicado a la recopilación y difusión de cantos Yaneshas y Quechuas. El año pasado lanzó su primer videoclip y este año produjo el disco *Cantos Celestiales Yaneshas*, de Dora Espíritu y Catalina López, de Loma Linda, Iscozacín.

Su trabajo parte de una idea fundamental: la memoria cultural de los pueblos no se encuentra únicamente en la ciudad letrada, en los archivos o en los libros, sino también en la oralidad. Un canto puede contener historia, concepción del mundo, relación con el territorio y una forma particular de comprender la existencia. Cuando una lengua deja de transmitirse, no desaparecen solamente determinadas palabras; también se debilita un universo cultural construido durante generaciones.

Por eso la labor de quienes trabajan con los cantos Yaneshas, Quechuas, Awajún y de otros pueblos originarios adquiere especial importancia. Cuando se dice conservar canciones en este contexto es reconocerlas como expresiones vivas de comunidades que continúan produciendo cultura, conocimiento y memoria.

Aparece una contradicción que debería interpelarnos. Mientras desde algunos espacios institucionales se reducen o eliminan mecanismos destinados a garantizar la presencia de las lenguas originarias, desde el propio territorio existen personas que realizan el trabajo contrario: recuperar voces, registrar cantos, producir discos, organizar presentaciones, viajar y establecer conexiones entre comunidades y públicos de otros lugares.

Conversando con Paloma, le hice algunas preguntas pues este mes de agosto presenta un pre-lanzamiento del disco Cantos Celestiales Yaneshas.

¿Cuáles fueron los antecedentes que te influyeron y por qué decidiste trabajar con estas comunidades?

Hace tres años conocí a mi tía abuela Barbara Baca, cantora de mi familia, y esto despertó mi interés por las mujeres cantoras. En 2024 grabamos de manera autogestiva tres de sus canciones, principalmente en quechua. Ese mismo año, en Oxapampa, empecé a acompañar al elenco de música y baile tradicional de la Comunidad de Tsachopen, donde conocí los cantos y sus diferentes usos según cada ocasión. Este proceso me llevó a investigar sobre la tradición oral yanesha y quechua y a conocer el trabajo de Richard Smith y del maestro bilingüe Ruben Potesta, quien me presentó a Dora Espíritu y Catalina López, cantoras de la comunidad yanesha de Loma Linda.

¿Podrías contarnos algunos desencuentros y, principalmente, encuentros entre las dos poblaciones?

Más que entre poblaciones, hablaría de las familias con las que he trabajado. Tanto en mi familia andina como en las familias amazónicas se habla cada vez menos la lengua originaria. Sin embargo, en Loma Linda y Tsachopen se mantienen prácticas comunitarias y asambleas para tomar decisiones sobre el territorio. En la zona andina también existen formas de organización familiar, como la distribución del agua para los cultivos. Una diferencia importante es el acceso a servicios: mientras en Cusco existen carreteras, electricidad y mayores opciones de estudio, en las comunidades amazónicas persisten dificultades de transporte, cortes de luz y poca conectividad.

Hay una cita de Dora wue que resume un poco este aspecto «Nosotros sabemos que nuestra cultura, es una cultura (…) muy espiritual y quisiéramos seguir aprendiendo y poniéndola en practica. Porque no es fácil, ahora con la tecnología que vemos, los chicos se basan en el celular y dejan de lado los cantos. para ellos es algo que no tiene ritmo o valor. Pero tenemos que trabajar. La educación, me parece que engloba todo. Gobierno, comunidad, gobernantes, todos tenemos que apoyar nuestra cultura para que podamos seguir aprendiendo los cantos. Hay bastantes conocimientos de nuestros abuelos que al morir, se pierden sus conocimientos. Ahora están quedando pocas generaciones que no le han dado importancia»

Para ti, ¿cuáles de las canciones del disco te parecen más relevantes y por qué?

Si bien este año como Yaru producciones nos hemos dedicado de lleno al trabajo de producción del Disco Cantos Celestiales Yaneshas, Las canciones que iniciaron este proyecto fueron las de mi tía abuela, Estrellita del Sol de Yanahuara. El proceso de grabación fue muy significativo recomiendo esta https://www.youtube.com/embed/VahChqbyhdM?si=7cziXVTHtcsBYmds

Luego de escuchar algunas grabaciones, creo que iniciativas como Cantos Celestiales puede ser considerada y convertirse en un puente. Allí donde una comunidad con su voz puede devolverle un rostro y una historia, el desafío, finalmente es garantizar que quienes hablan lenguas originarias puedan utilizarlas para participar plenamente en la sociedad peruana. Porque reconocer una lengua no significa únicamente conservar una expresión del pasado: es reconocer a las personas que la hablan en el presente y aceptar que también tienen derecho a nombrar, interpretar y construir el país desde su propia voz.

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Cultura

La ruta de la orden de servicio de S/ 32.500: así se armó el contrato de la madre de la gerenta de la Biblioteca Nacional

La Orden de Servicio N.° 03991-2026-S fue tramitada como “contrato menor” desde el Gabinete de Asesores del Ministerio de Cultura. El documento revela el requerimiento, la certificación presupuestal, el monto y las funciones que debía cumplir Lourdes Beatriz Morales Morote directamente en apoyo al despacho ministerial. Ahora, esa ruta documental está bajo la lupa de la Fiscalía Anticorrupción.

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4 días ago

27/08/2026

Redacción Lima Gris

La intervención de la Fiscalía Anticorrupción en el Ministerio de Cultura y en la Biblioteca Nacional del Perú abrió una nueva etapa en el caso de la contratación de Lourdes Beatriz Morales Morote, madre de Sofía Aguayo Morales, designada gerenta general de la Biblioteca Nacional. El 26 de agosto, la Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, a través de su Primer Despacho, realizó diligencias urgentes para recoger documentación relacionada con ambas decisiones y determinar si los hechos podrían tener relevancia penal. La diligencia estuvo a cargo de la fiscal adjunta provincial Jhannice Bastidas Arroyo.

En ese contexto, la Orden de Servicio N.° 03991-2026-S que ya se encuentra en manos de la Fiscalía Anticorrupción, adquiere especial importancia. El documento permite reconstruir buena parte de la operación administrativa y, al mismo tiempo, deja varias preguntas que ahora deberán ser respondidas por quienes participaron en su elaboración, aprobación y contratación.

El documento clave

La orden tiene como proveedora a Lourdes Beatriz Morales Morote y fue emitida bajo la modalidad de “contrato menor”. El requerimiento aparece identificado como REQ 5127, correspondiente al “Servicio de asistencia técnica en gestión de procesos administrativos para el despacho ministerial”.

El documento registra como oficina solicitante al Gabinete de Asesores del Ministerio de Cultura, a cago del cuestionado funcionario Iván Pereyra Villanueva. También consigna el número SIAF 0014450 y el número de proceso 10091662251. Según fuentes del Mincul, la solicitud de Pereyra Villanueva fue debido a una orden que le dió el ministro Alberto Beingolea para contratar a Morales Morote, expepecista y mujer de confianza del ministro.

La fecha que aparece en la orden de servicio es 8 de agosto de 2026. Dos días después que la hija, Sofía Aguayo Morales, fuera designada gerente general de la Biblioteca Nacional del Perú. La Fiscalía Anticorrupción deberá determinar qué ocurrió esos días, qué documentos fueron generados en ese periodo y cuándo se produjeron efectivamente cada uno de los actos administrativos que llevaron a la contratación.

Fiscalía recabando información en las oficinas del Ministerio de Cultura.

S/ 32.500 por 145 días

La contratación fue fijada en S/ 32.500, con un plazo de ejecución de 145 días calendario contados desde el día siguiente de notificada la orden de servicio. El valor unitario consignado es de S/ 6.500, y el documento establece cinco entregables.

En términos mensuales, el monto equivale aproximadamente a S/ 6.500, aunque jurídicamente el documento no establece una remuneración mensual sino una contraprestación total de S/ 32.500 por el servicio contratado.

La afectación presupuestal también está identificada: corresponde a la partida 2.3.2.9.1.1, por S/ 32.500, con fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios. La certificación presupuestal asociada figura como 0174, aprobada, también por S/ 32.500.

Es decir, la orden no quedó únicamente en una solicitud administrativa: tuvo respaldo presupuestal específico.

¿Qué debía hacer exactamente la contratada?

Aquí aparece uno de los aspectos más sensibles del documento. La amiga del ministro Alberto Beingolea, no cuenta con grados o títulos académicos registrados en Sunedu, por ello se tuvo que crear una orden para instalarla en el despacho ministerial ubicado en el piso 8 de la sede central del Mincul, ubicado en San Borja.

El servicio no se limita a una genérica “asistencia administrativa”. Los términos de la orden asignan a Morales Morote funciones directamente relacionadas con el funcionamiento cotidiano del despacho del ministro.

La primera tarea consiste en gestionar junto con la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional las actividades protocolares que requieran la participación del ministro.

La segunda es brindar apoyo administrativo al titular del sector en reuniones y en la gestión y coordinación de comisiones de servicio a nivel nacional.

La tercera consiste en gestionar, planificar, mantener actualizada y calendarizar la agenda del ministro.

La cuarta le encarga colaborar en la filtración y recepción de llamadas telefónicas, correos electrónicos y mensajes oficiales.

Y la quinta comprende la gestión de la logística de viajes oficiales, incluyendo viáticos y desplazamientos de la autoridad.

En otras palabras, el documento describe una función estrechamente vinculada al despacho personal y operativo del ministro de Cultura.

No se trata, según la propia orden, de un servicio destinado a una oficina técnica especializada del sector. El lugar de prestación es la sede central del Ministerio de Cultura, en la avenida Javier Prado Este, San Borja.

Sofía Aguayo Morales, Alberto Beingolea y Lourdes Morales Morote.

Cinco informes para cobrar los S/ 32.500

La contratación tampoco estableció un único producto final. La orden exige cinco entregables, cada uno acompañado de un informe sobre las actividades realizadas.

El primero debe presentarse dentro de los primeros 25 días calendario; el segundo, a los 55 días; el tercero, a los 85 días; el cuarto, a los 115 días; y el quinto, al cumplirse 145 días. Todos debían acreditar el desarrollo de las actividades establecidas en los términos de referencia.

El pago fue establecido en cinco armadas iguales, previa recepción formal y completa de la documentación correspondiente. La propia orden señala que la conformidad será otorgada por el Gabinete de Asesores. Es decir, por Iván Pereyra Villanueva.

Ministro Beingolea e Iván Pereyra Villanueva.

La ruta administrativa que aparece en el documento

La documentación permite identificar varios eslabones. Primero: aparece un requerimiento identificado como REQ 5127, destinado al servicio de asistencia técnica en gestión de procesos administrativos para el despacho ministerial.

Segundo: el requerimiento está vinculado al Gabinete de Asesores, oficina que figura como área correspondiente en la orden.

Tercero: aparece una certificación presupuestal asociada, identificada con el número 0174, por S/ 32.500.

Cuarto: el sistema registra el SIAF 0014450 y el número de proceso 10091662251.

Quinto: se genera la Orden de Servicio N.° 03991-2026-S.

Sexto: el documento establece que la ejecución comienza al día siguiente de la notificación y se extiende hasta 145 días calendario.

La orden fue elaborada según registro por Stefany Claudia Balarezo Castañeda, quien ocupa el cargo de analista logístico de contrataciones en el Ministerio de Cultura.

Stefany Claudia Balarezo Castañeda.

En el documento de la orden de servicio también figuran los nombres y rúbricas de Ivonne Paola Cruz Córdova, coordinadora de adquisiciones y contrataciones públicas; y Christian Nelsón Alcalá Negrón, director de la oficina de abastecimiento.

Ivonne Paola Cruz Córdova y Christian Nelsón Alcalá Negrón.

Un contrato que terminó bajo la lupa fiscal

La contratación no puede analizarse aisladamente del contexto en el que se produjo. La investigación periodística de Lima Gris reveló que Lourdes Morales Morote es madre de Sofía Aguayo Morales, quien fue designada gerenta general de la Biblioteca Nacional del Perú. El mismo reportaje cuestionó los vínculos políticos previos de ambas con el Partido Popular Cristiano, organización a la que también estuvo vinculado Alberto Beingolea.

Precisamente por esas denuncias, la Fiscalía Anticorrupción intervino ayer 26 de agosto las sedes del Ministerio de Cultura y de la Biblioteca Nacional para recabar documentación sobre la contratación de Morales y la designación de su hija. El Ministerio Público informó que busca establecer si los hechos investigados presentan características de delito.

La diligencia cambia el escenario. Lo que inicialmente era una denuncia periodística ahora tiene una investigación fiscal en marcha.

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Cultura

Nasca bajo asedio: zona arqueológica Los Paredones, explosivos y una emergencia que terminó abriendo la puerta al Túnel El Sapo

Dos informes técnicos del Ministerio de Cultura describen excavaciones, voladuras, maquinaria pesada y una trocha que terminó seccionando un sitio arqueológico protegido. La documentación apunta hacia la actuación del alcalde de Nasca y a una cadena de decisiones administrativas que permitió intervenir una zona intangible pese a las advertencias de especialistas.

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5 días ago

26/08/2026

Unidad de Investigación

Nasca vuelve a aparecer en el mapa nacional, pero esta vez no por sus geoglifos, por el turismo ni por la extraordinaria civilización que convirtió este territorio en uno de los grandes testimonios arqueológicos del Perú. Aparece por algo mucho más grave: la evidencia técnica de que una parte de su patrimonio arqueológico fue intervenida con maquinaria pesada, excavaciones y explosivos.

El caso tiene como escenario el sitio arqueológico Paredones de Nasca, Sector 1. Y lo que revelan dos informes técnicos elaborados por especialistas de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Ica es una sucesión de hechos que obliga a formular preguntas sobre la actuación de la Municipalidad Provincial de Nasca y, también, sobre la responsabilidad de funcionarios del propio Ministerio de Cultura.

El primer informe corresponde a una diligencia realizada el 3 de abril de 2025. El segundo deriva de una nueva inspección efectuada el 24 de marzo de 2026 y de un registro fotográfico con dron realizado el 29 de abril de ese mismo año. La comparación entre ambos documentos permite observar no solamente la dimensión de la afectación, sino también la persistencia de determinadas evidencias en el terreno. Y allí comienza el problema.

Un tajo abierto en territorio protegido

La primera inspección fue contundente. El arqueólogo Abdul Yalli Alarcón constató una excavación a tajo abierto que había removido el suelo y destruido el pavimento desértico. El área afectada fue estimada inicialmente en aproximadamente 5.000 metros cuadrados. Durante la diligencia ocurrió un hecho particularmente revelador: tres obreros que se encontraban en el lugar, vestidos con indumentaria de trabajo y cascos, huyeron al advertir la presencia de la comitiva inspectora. Pero la excavación no era el único problema.

Los especialistas encontraron cables eléctricos tipo mellizo introducidos en 15 perforaciones practicadas en la superficie rocosa, dispuestas de manera ascendente y separadas aproximadamente cada dos metros. La evidencia era compatible con una preparación para realizar voladuras.

En otro extremo del área se encontraron tierra removida, cables destruidos y un fuerte olor a pólvora. El informe técnico consignó así evidencias compatibles con el uso reciente de explosivos. No se trataba, por tanto, de una simple intervención superficial del terreno.

Era una modificación física del espacio arqueológico mediante procedimientos capaces de producir un daño irreversible.

Y eso adquiere mayor gravedad porque el área se encontraba próxima a sectores de tumbas y cementerios prehispánicos. El primer informe calificó la alteración como irreversible.

Un año después, la huella permanecía

La segunda inspección, realizada el 24 de marzo de 2026, mostró que el problema no podía reducirse a una excavación puntual.

El especialista Alex Wilfredo Huamani Cruces registró un corte del talud del cerro de entre dos y cinco metros de altura. La modificación había alterado la topografía, la coloración natural y la percepción paisajística del sitio.

También se identificó la reutilización de una antigua trocha carrozable mediante el ingreso de maquinaria pesada y camiones. La vía terminó seccionando directamente una parte del sitio arqueológico.

La superficie presentaba además montículos de piedra suelta asociados a las explosiones, restos de cables mellizos, cintas de seguridad amarillas y rojas abandonadas y, un elemento especialmente sensible para un arqueólogo, fragmentos de cerámica prehispánica disturbada sobre la superficie.

El área afectada fue calculada esta vez en aproximadamente 4.896 metros cuadrados, con un perímetro de 352,02 metros lineales. El punto central del tajo fue ubicado mediante coordenadas UTM WGS 84 en 507489 E / 8359156 N.

Estos datos técnicos importan porque permiten dimensionar lo ocurrido. No estamos ante una huella menor producida accidentalmente por el tránsito de una persona o un vehículo. Hay una modificación topográfica, un corte de talud, apertura o reutilización de una vía, remoción de terreno, empleo de maquinaria pesada y evidencias relacionadas con explosivos.

El patrimonio arqueológico no es solamente aquello que puede verse a simple vista. El suelo, la estratigrafía, las estructuras enterradas, los contextos funerarios y la relación espacial entre los elementos forman parte del bien protegido. Cuando una maquinaria remueve una superficie arqueológica, no solamente cambia el paisaje: puede destruir para siempre la información histórica contenida en el subsuelo.

La emergencia como argumento

Aquí aparece uno de los puntos más delicados del caso. Según la documentación reunida, la Municipalidad Provincial de Nasca solicitó el 20 de febrero de 2025 una opinión técnica urgente para extraer 39.900 metros cúbicos de roca en el sector de Paredones. El argumento utilizado fue la necesidad de ejecutar defensas ribereñas frente al desborde del río Aja, invocando el Decreto Supremo N.° 021-2025-PCM, que declaró la emergencia por lluvias.

Una emergencia permite acelerar determinadas decisiones del Estado. Pero no convierte una zona arqueológica intangible en territorio sin reglas. El problema que emerge de los documentos es que la extracción de roca terminó relacionada con un proyecto de infraestructura vial: el denominado Túnel “El Sapo”.

La sospecha de una utilización de la emergencia para facilitar otro objetivo adquiere especial importancia por una evidencia consignada durante la inspección del 3 de abril de 2025.

Los especialistas encontraron un trazo marcado con cal sobre la parte alta del cerro. Al contrastar las coordenadas con el archivo del diseño técnico, la línea coincidía con la proyección y el eje central del proyecto del Túnel “El Sapo”.

La pregunta resulta inevitable: si la emergencia fue declarada en febrero de 2025 y la solicitud municipal se presentó bajo ese argumento, ¿por qué existía ya un trazo coincidente con el eje de un proyecto vial?

La documentación sostiene, además, que el reconocimiento físico del terreno para el túnel habría ocurrido desde 2023, incluso con participación de funcionarios vinculados al Ministerio de Cultura.

Si esa secuencia documental se confirma en las investigaciones correspondientes, el caso dejaría de ser solamente una intervención irregular sobre un sitio arqueológico y pasaría a plantear una cuestión de mayor dimensión: si una declaración de emergencia fue utilizada para acelerar trabajos que podían servir simultáneamente a una obra vial previamente proyectada.

El explosivo que no debía estar allí

Hay un dato que debería concentrar la atención de las autoridades. La propia autorización contenía una recomendación específica: no utilizar explosivos en el área arqueológica intangible.

Sin embargo, el informe de 2025 encontró las evidencias de perforaciones, cables y voladura. El segundo informe volvió a registrar indicios compatibles con explosiones. La contradicción es evidente.

Una autorización administrativa establecía una restricción. La realidad física encontrada por los arqueólogos mostraba evidencias que apuntaban precisamente a la realización de aquello que estaba prohibido.

Y cuando se trata de patrimonio arqueológico, el argumento de que la obra tenía una finalidad pública no resuelve el problema. Una carretera puede ser necesaria. Una defensa ribereña puede ser urgente. Un túnel puede ser considerado estratégico para una ciudad. Pero ninguna de esas razones elimina la obligación de proteger un bien integrante del patrimonio cultural.

El Estado tiene que ser capaz de conciliar infraestructura y patrimonio. Cuando no lo hace, el desarrollo termina convirtiéndose en destrucción.

La cadena de decisiones

La documentación no coloca toda la responsabilidad en quienes operaron las máquinas. El caso presenta una segunda dimensión: la cadena administrativa.

Según el informe, la Municipalidad Provincial de Nasca, bajo la gestión del alcalde Wilman Jorge Bravo Quispe, solicitó la extracción de 39.900 metros cúbicos de roca. El documento atribuye también responsabilidades a funcionarios del Ministerio de Cultura por decisiones que habrían facilitado la intervención.

Entre ellos aparece el cuestionado arqueólogo Johny Augusto Isla Cuadrado, quien emitió el Informe N.° 000270-2025-DDC ICA-JIC/MC, con opinión técnica favorable para la extracción de rocas de una denominada “cantera abandonada”.

También aparece Víctor Eduardo Injante Tipismana, entonces director de la DDC Ica, quien mediante el Oficio N.° 000327-2025-DDC ICA/MC autorizó formalmente la extracción.

La documentación menciona asimismo a Moira Rosa Novoa Silva, exdirectora general de Patrimonio de la sede central (y exviceministra que avaló el recorte del perímetro de las Líneas de Nasca y Palpa), por haber hecho suyo un informe legal que permitió el acceso temporal y excepcional de maquinaria pesada a la zona intangible.

Y señala a Jeanette Agueda Gutiérrez Achulla y Jorge Carlos Ramos Huamán por una presunta omisión de funciones. Pero existe un punto todavía más incómodo.

El propio informe menciona que la autorización se produjo pese a la existencia del Informe N.° 000206-2025-DDC ICA-MMR/MC, elaborado por la arqueóloga Miriam Moquillaza Ramos.

La conclusión de ese documento era contraria a la intervención: la actividad no resultaba viable porque el paso de camiones afectaría un sector importante de tumbas históricas y produciría un impacto destructivo irreversible.

Es decir, según la documentación revisada, dentro del propio Ministerio de Cultura existía una advertencia técnica sobre el riesgo. La pregunta entonces ya no es solamente quién ingresó con las máquinas. La pregunta es quién autorizó, quién advirtió, quién decidió continuar y quién dejó de actuar cuando el daño fue constatado.

1er informe paredones Descarga

La segunda falla: mirar y no denunciar

Hay otro elemento que merece una investigación rigurosa. Después de la constatación del atentado de 2025, los funcionarios de la DDC Ica no habrían interpuesto inmediatamente una denuncia penal contra los responsables. La documentación señala que se comunicó a la sede central la paralización de la obra, pero no se recomendó el inicio inmediato de acciones judiciales. La reacción posterior vino desde dentro de la propia institución.

El abogado del Área de Asesoría Jurídica de la DDC Ica, Edgar Jair Rejas Hernández, presentó una denuncia administrativa ante el Órgano de Control Institucional contra el director, la subdirectora y el asesor legal por una presunta omisión de deberes funcionales en la defensa del sitio arqueológico.

Si un organismo estatal tiene como función esencial proteger el patrimonio y sus propios especialistas constatan una excavación, evidencias de explosivos y afectación arqueológica, la ausencia de una reacción penal inmediata merece una explicación pública. Porque el silencio administrativo también produce efectos.

Una maquinaria que se detiene hoy puede volver mañana. Una denuncia que no se presenta deja pasar tiempo. Una evidencia que no se preserva puede desaparecer. Y un sitio arqueológico intervenido nunca recupera exactamente aquello que fue destruido.

PAREDONES Descarga

¿Qué investigan las autoridades?

La documentación señala que existen carpetas fiscales vinculadas al caso y menciona tres tipos penales: atentados contra monumentos arqueológicos, omisión de deberes de funcionarios públicos y autorización de actividad contraria a los planes o usos previstos por la ley.

El artículo 226 del Código Penal es citado en relación con los atentados contra monumentos arqueológicos; el artículo 229, respecto de la omisión de deberes funcionales; y el artículo 312, en relación con autorizaciones incompatibles con el régimen de protección.

Corresponde a la Fiscalía y al Poder Judicial determinar responsabilidades individuales y establecer qué conductas configuran delito. Los informes técnicos, por sí mismos, no sustituyen una sentencia.

Pero sí cumplen una función esencial: dejan constancia física y documental de lo que encontraron los especialistas. Y lo encontrado es grave.

Nasca no puede convertirse en tierra de nadie

El caso Paredones plantea una cuestión que trasciende a una municipalidad, a un ministerio o a determinados funcionarios. Nasca posee un patrimonio arqueológico cuya importancia supera largamente cualquier administración de turno. Su valor no pertenece al alcalde, al ministro ni a los funcionarios encargados de custodiarlo. Pertenece al país y, en una dimensión más amplia, forma parte de la memoria cultural de la humanidad.

Por eso el Estado no puede defender el patrimonio solamente después del daño. La protección verdadera empieza antes de que llegue la excavadora. Empieza cuando un funcionario revisa una solicitud y advierte que la zona es intangible. Cuando un arqueólogo señala que una obra no es viable. Cuando una autorización establece que no pueden utilizarse explosivos. Cuando una inspección encuentra cables, perforaciones y olor a pólvora. Y, sobre todo, cuando la autoridad tiene la obligación de denunciar y actuar. Lo ocurrido en Paredones obliga a reconstruir toda la cadena.

Desde la solicitud de extracción de 39.900 metros cúbicos de roca hasta el ingreso de maquinaria. Desde el argumento de las defensas ribereñas hasta el trazo del Túnel “El Sapo”. Desde las primeras advertencias técnicas hasta la constatación de los daños. Desde la presencia de explosivos hasta la posterior actuación fiscal.

No basta con saber quién manejaba la máquina. Hay que saber quién abrió la puerta. Porque las máquinas no llegan solas a un sitio arqueológico protegido. Necesitan caminos, permisos, decisiones, funcionarios y silencios. Y en Paredones, según los documentos técnicos revisados, hay demasiados de esos elementos.

El desierto de Nasca conserva las huellas de una civilización que sobrevivió durante siglos. Ahora existe otra clase de huellas: las dejadas por excavadoras, camiones y explosivos. La diferencia es brutal. Las primeras cuentan una historia. Las segundas pueden borrarla para siempre.

Desde el ministerio de Cultura no hay respuestas, seguimos recibiendo silencio. En medio de todo esto, el ministro Alberto Beingolea, para más entretenido designando y contratando a personajes que se hayan puesto la camiseta del PPC.

Esperemos que la presidenta Keiko Fujimori tome cartas en el asunto y pueda visitar Nasca, para corroborar que nuestro patrimonio cultural de la humanidad viene siendo depredado.

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Cultura

Pecado mortal por omisión: la muerte de Nasca a manos del MINCUL

Las Líneas de Nasca no están solo amenazadas: están siendo cercadas, lotizadas y sepultadas bajo desmontes y basura, mientras la minería avanza sobre el territorio, el patrimonio se desmorona. Un recorrido de Lima Gris revela un escenario de abandono, descontrol e inseguridad que coloca en riesgo uno de los mayores tesoros arqueológicos del Perú.

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6 días ago

26/08/2026

Hans Herrera Núñez

Alguien nos mira y no sabemos quién. Desde nuestra llegada a Nasca, la tierra que rivaliza con Machu Picchu por la corona del turismo histórico del Perú, nos hemos sentido observados. El paisaje remite a una novela de Bolaño con trama de Roberto Calasso. Una panorámica de la frontera, un western minero y rumores de amenazas. Huele a muerte en el desierto. El cadáver fresco de una res calcinada nos observa.

El equipo especial de Lima Gris llegó a Nasca para un informe especial en torno a la situación de emergencia de las Líneas y Geoglifos de Nasca. Comprobamos de primera mano que la situación es peor de lo esperado. Deslaves mineros cercando los geoglifos de las pampas de los camélidos; un kilómetro de basural humeante en el núcleo de los mismos geoglifos, sobre el que vuelan los turistas cada cinco minutos. Hitos del Ministerio de Cultura que suponen protección de zonas históricas, junto a paredes levantadas en el arenal que proclaman «Propiedad privada».

Marcas de lotización de tierras, camionetas atravesando zonas protegidas. Toda Nasca es una gran operación minera. La amenaza para las líneas que literalmente desenterró con sus manos una anciana alemana durante medio siglo no solo es una amenaza real: su destino parece ser el de la desaparición si la situación no cambia pronto.

La indiferencia, o incluso quizá la sospecha de complicidad del Ministerio de Cultura, es en gran medida responsable de una situación que no puede ser categorizada simplemente como abandono. La omisión se ha convertido en acción flagrante. En zonas protegidas han instalado torres de alta tensión; hay un total descontrol del patrimonio. El aeródromo desde donde parten las avionetas para recorrer las Líneas no es más grande que la estación de buses de Atocongo y, estando en el desierto, no existe aire acondicionado. No hay servicio de agua ni desagüe. El cerco perimétrico del aeródromo no está cerrado y los perros entran a la pista de aterrizaje. El año pasado, las operaciones se detuvieron por alrededor de un mes debido a las lluvias que llevaron a anegar las pistas. Mientras tanto, la afluencia de turismo aumenta, pero la infraestructura se queda atrás.

Un vehículo del Ministerio Público pasó junto a nosotros a las primeras horas de nuestra llegada, cuando todavía nos alistábamos para partir de Nasca ciudad hacia el campo. Según nos comentan nuestras fuentes, la Fiscalía persigue a los peces chicos, pero no hace nada respecto a los peces gordos, como la minería o los traficantes de tierra. Incluso un tema tan simple como el relleno sanitario no ha sido debidamente solucionado. Al parecer, el gobierno local tiene que discutirlo con el Ministerio de Cultura, pero, al no llegarse a un acuerdo, la basura se arroja a cualquier lugar. Los desmontes abundan en todas partes. Han invadido incluso el núcleo de las Líneas. A lo largo de casi un kilómetro hemos atestiguado la presencia de llantas quemadas, calaveras de animales y desmontes con tuberías de cemento de desagüe. Esto último hace sospechar que quizá lo dejaría algún contratista o incluso la autoridad de agua local, al tratarse de residuos de naturaleza pública.

También hay una situación de inseguridad, con zonas que están, al parecer, controladas por mafias o bandas. Se nos recomendó, al ingresar a una de estas zonas, no llevar gorro para evitar enojosas confusiones. Ya en el pasado, no hace muchos años, cierto empresario local había sido asesinado por una organización criminal.

Si en Lima el Ministerio de Cultura es una broma, aquí, en Nasca, todo pasa por sus ojos, o se supone que debería ser así. Por doquier hallamos los famosos hitos con las siglas MC de dicha cartera: algunos tirados, derrumbados o simplemente rodeados de basura, o negados por la realidad de un letrero más grande que anuncia una propiedad privada. Nasca parecería ser un feudo de dicho ministerio, pero para mal.

No conforme con ello, la situación empeora. Los famosos acueductos que dan vida al valle, herencia viva de los Nasca, se encuentran en peligro real. De los 40 registrados, quedan unos 13. Hace pocos meses, debido al anegamiento de la zona, se cayeron las paredes de algunos acueductos. Al parecer, sin ningún informe técnico, se reconstruyeron; el resultado fue peor: terminaron de derrumbarse las paredes y corre el riesgo de que se pierda todo el complejo.

Se nos ha informado también de la desaparición de todo un acueducto cercado por la operación de una empresa minera. De lo que vimos, de lo que hemos oído y de lo que podemos esperar, ninguna confianza nos genera que ni el servicio de agua, patrimonio de los Nasca, ni sus propias líneas puedan sobrevivir a la incompetencia que hemos atestiguado.

Toda Nasca es una operación minera y su pasado parece que desaparecerá irremediablemente antes de una generación, si no se hace nada este año.

En lugar de estériles batallas culturales en torno al LUM, es tiempo de que el Ministerio de Cultura y la Presidencia de la República se encarguen de hacer cumplir la ley en Nasca. O pronto no habrá Nasca para nadie.

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Cultura

Ministerio de Cultura convertido en botín: un ministro, una madre, una hija y miles de soles

El Ministerio de Cultura se convirtió, en apenas 25 días, en el escenario de un nuevo escándalo de designaciones: una exmilitante del PPC investigada por la Fiscalía Anticorrupción terminó al frente de la Gerencia General de la Biblioteca Nacional, mientras su madre consiguió una orden de servicio por 32,500 soles para trabajar en el despacho del ministro Alberto Beingolea.

Published

7 días ago

25/08/2026

Edwin Cavello Limas

El excandidato presidencial del Partido Popular Cristiano (PPC), desde su llegada al Mincul, viene acomodando a diferentes personajes en puestos clave de la sede central del Ministerio de Cultura, la Biblioteca Nacional del Perú (BNP) y el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP). El problema es que Beingolea no designa a los mejores profesionales; lo que hace es colocar a allegados o expartidarios del PPC en puestos estratégicos. Su primer mes de gestión se ha destacado por el clientelismo, la falta de meritocracia y el uso político del aparato estatal.

En esta primera entrega de una serie de informes sobre los allegados de Beingolea en el Mincul, revelaremos cómo una madre, Lourdes Beatriz Morales Morote, y su hija, Sofía Magali Aguayo Morales, han sido colocadas por orden del ministro en despachos privilegiados del Ministerio de Cultura.

La hija: Sofía Aguayo Morales

El 31 de julio, tres días después de que Beingolea asumiera el cargo de ministro, Sofía Aguayo Morales llegó hasta el octavo piso de la sede central del Ministerio de Cultura, ubicada en la avenida Javier Prado, en San Borja. Su ingreso al despacho del ministro quedó registrado a las 10:52 de la mañana. Según testigos, ingresó ansiosa y saludó al ministro de manera efusiva. Casi cuatro horas después, a las 2:32 de la tarde, Aguayo se retiró con rostro amable y con un nuevo cargo bajo el brazo.

Visita registrada de Sofía Aguayo al ministro de Cultura. Fuente: Mincul.

Es importante señalar que, el 31 de julio, día en que visitó al ministro de Cultura, Aguayo Morales todavía ocupaba el cargo de subdirectora de la Subdirección de Adquisición de Predios y Liberación de Interferencias de la Dirección de Infraestructura de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU). El detalle es que, en la ATU, Sofía Aguayo viene siendo investigada por la presunta comisión de delitos contra la Administración Pública: cohecho pasivo impropio y negociación incompatible, en agravio del Estado peruano (Caso N.° 506015506-2025-314-0). La investigación avanza en manos de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, mientras su defensa legal es pagada con dinero de todos los peruanos.

Fuente: ATU.

Tras la visita de Sofía Aguayo, el ministro Beingolea ordenó a su círculo de confianza abrir un espacio para Aguayo Morales en el Ministerio de Cultura. Es decir, a Beingolea no le importó que su amiga tenga una investigación por graves delitos en agravio del Estado. Según fuentes, Iván Pereyra Villanueva, jefe de gabinete del despacho ministerial, y Abraham Alex Rivas Lombardi, secretario general del Mincul, habrían sido los personajes que se encargaron de mover los hilos en las entrañas del Mincul para, finalmente, colocar, por orden del ministro, a Sofía Aguayo Morales como gerente general de la Biblioteca Nacional del Perú (BNP), con un sueldo de S/ 15 600.

La BNP es una institución adscrita al Ministerio de Cultura y ahora su gerencia general, que dirige la ejecución del presupuesto institucional, ha caído en manos de una expepecista investigada por la Segunda Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Fuentes de la sede central de la cartera de Cultura señalan que, bajo el pretexto de expedientes técnicos, continuarán las oscuras movidas en la gestión de Beingolea. El control de la gerencia general de la BNP sería el inicio de una próxima articulación con intereses económicos y políticos.

Gerente General de la BNP, Sofía Aguayo.

El perfil de Sofía Aguayo Morales para ser gerente general de una Biblioteca Nacional no es el indicado. Antes de la ATU, estuvo como secretaria en el Ministerio del Interior; luego figura un contrato de seis meses como abogada de la Municipalidad de Lima y dos años en la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima S. A. Es decir, su mayor experiencia se circunscribe al sector inmobiliario.

A pesar de una grave investigación y de no tener un adecuado perfil para el cargo, Sofía Aguayo Morales fue designada gerente general de la BNP el 6 de agosto pasado. Un día antes, el 5 de agosto, también se oficializó su renuncia de la ATU mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva N.° 187-2026-ATU/PE.

Fuente: ATU.

Sofía Aguayo estuvo afiliada al PPC entre el 12 de septiembre de 2011 y el 7 de septiembre de 2021. Es decir, permaneció casi una década en el partido, periodo durante el cual compartió diversas actividades con el también expepecista Alberto Beingolea. Pero Aguayo no llegó sola al Ministerio de Cultura. Al igual que ella, su madre, Lourdes Beatriz Morales Morote —otra expepecista—, fue colocada por Beingolea en un puesto privilegiado.

La madre: Lourdes Beatriz Morales Morote

Tras la llegada de Sofía Aguayo a la BNP, todavía faltaba algo pendiente: encontrar un puesto de trabajo para Lourdes Beatriz Morales Morote, madre de la nueva gerente general de la Biblioteca Nacional. La movida familiar para instalarse en un cargo en la sede central del Mincul tenía todo el apoyo del ministro Beingolea. La nueva orden para la contratación fue dada, otra vez, a Iván Pereyra Villanueva, jefe de gabinete del despacho ministerial.

Morales Morete como candidata del PPC.

Aquí surgió un detalle: Lourdes Morales, conocida expepecista —afiliada al PPC entre el 7 de junio de 2005 y el 7 de septiembre de 2021—, es una de las mujeres de confianza de Alberto Beingolea, pero no tiene grados o títulos académicos registrados en Sunedu. Su situación para acceder a un cargo en el Mincul parecía complicada, pero, teniendo a Alberto Beingolea como ministro de Cultura, había que inventarle algo. Es así que, desde la Oficina de Gabinete de Asesores y con aprobación y apoyo de Beingolea, se habilitó, el 8 de agosto pasado, la Orden de Servicio N.° 03991-2026-S, a nombre de Lourdes Beatriz Morales Morote, por un valor de S/ 32 500 por prestar servicios durante 145 días. Es decir, S/ 6 500 mensuales, sin tener grados o títulos universitarios registrados en Sunedu.

La descripción de la orden de servicio detalla que la madre de Sofía Aguayo fue contratada para prestar el «Servicio de Asistencia Técnica en Gestión de Procesos Administrativos para el despacho ministerial». Es decir, el ministro Beingolea la colocó en su propio despacho.

Alberto Beingolea y Lourdes Morales en cuadros rojos, participan de una reunión virtual del PPC.

Dentro de los detalles del servicio, se señala que la madre de la gerente general de la BNP y amiga de Beingolea gestionará, junto a la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional, las actividades protocolares que demanden la participación del ministro. Además, brindará apoyo administrativo al ministro de Cultura en reuniones y en la gestión y coordinación vinculadas a comisiones de servicio a nivel nacional. También gestionará, planificará y mantendrá al día la agenda del ministro Beingolea. Adicionalmente, colaborará en la filtración y recepción de las llamadas telefónicas, correos electrónicos y mensajes oficiales. Y, finalmente, gestionará la logística de viajes oficiales, incluyendo viáticos y desplazamientos del titular del Mincul.

En su delcaración jurada de intereses, la propia Sofía Aguyo Morales declara que Lourdes Morales Morote es su madre. Hasta aquí, toda la documentación presentada nos habla de hechos concretos.

Fuente: Contraloría General de la República.

El antecedente Richard Swing

El caso Richard Swing se convirtió en uno de los mayores escándalos políticos del gobierno de Martín Vizcarra. Todo comenzó con la contratación de Richard Cisneros, conocido como Richard Swing, por parte del Ministerio de Cultura mediante órdenes de servicio que, según las investigaciones, generaron serios cuestionamientos sobre el cumplimiento de los requisitos y la justificación de los servicios contratados. El caso escaló rápidamente: llegó al Congreso, provocó investigaciones fiscales y puso bajo la lupa a funcionarios del Ministerio de Cultura y de Palacio de Gobierno.

Richard Swing junto a funcionarios del Ministerio de Cultura y Palacio de Gobierno detenidos.

La investigación terminó adquiriendo una dimensión política de enorme impacto. Funcionarios vinculados al Mincul y a Palacio de Gobierno fueron investigados y algunos afrontaron medidas como detención y prisión preventiva. El escándalo también terminó siendo uno de los detonantes de la moción de vacancia contra Martín Vizcarra. Lo que empezó como una serie de cuestionadas órdenes de servicio a favor de Richard Swing terminó convertido en una crisis que golpeó directamente al Gobierno y colocó al Ministerio de Cultura en el centro de una investigación que trascendió sus propias oficinas.

Un ministerio no debe ser un botín

La designación de una madre y una hija muy cercanas al ministro Beingolea plantea serias preguntas sobre ética, idoneidad, meritocracia y un eventual favorecimiento indebido.

En la administración pública, los cargos no deberían convertirse en espacios de confianza personal ni en mecanismos para favorecer a personas cercanas al poder. La regla es otra: quienes ejercen una función pública deben actuar en defensa del interés general, con imparcialidad, probidad, transparencia y respeto por las condiciones de idoneidad exigidas para cada puesto. Beingolea ha demostrado que no le importa nada de esto.

El primer elemento es el conflicto de intereses. La Ley N.° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, establece deberes y prohibiciones orientados a garantizar que los intereses personales no interfieran con el cumplimiento de la función pública. También prohíbe obtener ventajas indebidas mediante el uso del cargo.

Queda claro que el ministro Beingolea intervino directamente para favorecer la contratación de la hija y de la madre, personajes cercanos a su entorno. Aquí, la primera pregunta que corresponde formular es sencilla: ¿se tomó la decisión en función del interés institucional o de una relación personal?

Ministro Alberto Beingolea e Iván Pereyra, jefe de Gabinete de Asesores del Mincul.

No se trata únicamente de determinar quién fue contratado. Mediante una investigación desde el Congreso o el Ministerio Público, se debería conocer quién elaboró los términos de referencia, quién estableció los requisitos, quién evaluó los perfiles, cuántas personas participaron en la contratación y por qué Beingolea intenta convertir el Ministerio de Cultura en un botín.

El segundo punto es la meritocracia. La administración pública no puede convertirse en una bolsa de empleos para personas vinculadas a funcionarios. La Ley N.° 31299, que modificó las normas sobre nepotismo, incorporó disposiciones relacionadas con los principios de meritocracia, buena administración y correcto uso y asignación de los recursos públicos.

Aquí aparece un aspecto que debe ser documentado: si la hija fue colocada en una gerencia importante, corresponde comprobar si cumplía exactamente con el perfil profesional, la experiencia y los demás requisitos establecidos para el cargo. La pregunta decisiva es: ¿cumplía los requisitos del puesto o se modificó, flexibilizó o acomodó el perfil para permitir su ingreso?

El tercer elemento es la idoneidad. Un cargo de responsabilidad dentro de un ministerio exige que la persona designada tenga las competencias necesarias para ejercerlo. Si la documentación demuestra que no cumplía los requisitos establecidos, la entidad tendría que explicar cómo fue seleccionada y quién asumió la responsabilidad de esa decisión.

Más delicada aún resulta la situación de la madre, que no cuenta con documentación académica registrada en Sunedu. Una orden de servicio por S/ 32 500 al estilo Richard Swing, generan interrogantes, por ello, las condiciones de la contratación y las funciones asignadas deben ser revisadas para determinar si existe correspondencia entre el servicio contratado, los requisitos exigidos y el pago que se efectuará. Los S/ 6 500 mensuales también merecen una explicación sobre los criterios utilizados para fijar dicha remuneración.

El cuarto punto es el favorecimiento indebido. El ministro Beingolea intervino para beneficiar a personas de su entorno, aquí la discusión deja de ser solamente política. Se tendría que abrir también una investigación administrativa para determinar si existió vulneración de los deberes y prohibiciones éticas, así como de las reglas que regulan la contratación y el ejercicio de la función pública.

La madre y la hija no son las únicas

Beingolea, en los últimos días, ha copado el Ministerio de Cultura con una larga lista de personajes que vistieron la camiseta del PPC. Entre los recientes llegados al Mincul también aparecen Rosario Payet Bedoya y Karem Craff Malaga. El problema es que, en estas designaciones, no se estaría aplicando la meritocracia, sino la dedocracia.

Así las cosas, las acciones del ministro Beingolea pueden ingresar a una dimensión mucho más grave: la eventual responsabilidad penal.

El Código Penal contempla el delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo cuando un funcionario, directa o indirectamente, se interesa indebidamente, en provecho propio o de un tercero, por un contrato u operación en la que interviene debido al cargo que ocupa.

En la administración pública, la confianza política no reemplaza la idoneidad. La amistad no reemplaza el mérito. Y una orden de servicio no puede convertirse en una puerta lateral para colocar personas dentro del Estado.

Nos comunicamos con la directora de comunicaciones del Mincul y con el propio ministro Alberto Beingolea para recoger sus descargos. Hasta el cierre de este informe solo hemos recibido silencio.

Lo que viene pasando en el Ministerio de Cultura también compromete políticamente a la presidenta Keiko Fujimori, debido a que la mandataria permitió que los ministerios se convirtieran en cuotas de poder. ¡Basta de saquear el Estado!

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Cultura

Nasca impulsa censura contra ministro Alberto Beingolea por su actuación frente al patrimonio mundial de la humanidad [VIDEO]

La abogada anunció que esta semana entregará nuevos informes y elementos probatorios a la Comisión de Cultura y a las bancadas del Congreso para sustentar las acciones legales y políticas contra el ministro de Cultura. Acusó al titular del sector de una presunta omisión de funciones y cuestionó su falta de respuesta ante la crisis que afecta al patrimonio de Nasca y Palpa.

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7 días ago

24/08/2026

Redacción Lima Gris

La defensa del patrimonio de Nasca y Palpa amenaza con convertirse en un nuevo frente político para el ministro de Cultura, Alberto Beingolea. Desde Nasca, la abogada Noemy Castañeda anunció que impulsará acciones legales, administrativas y políticas contra el titular del sector, incluyendo la posibilidad de promover su censura en el Congreso, por lo que considera una actuación deficiente frente a la situación de las Líneas de Nasca y Palpa.

Durante un enlace telefónico con el programa Lima Gris, Castañeda informó que esta semana remitirá a la Comisión de Cultura y a las distintas bancadas parlamentarias un informe con nuevos elementos y medios probatorios relacionados con sus cuestionamientos a la gestión del Ministerio de Cultura.

“Vamos a tomar acciones legales como corresponde”, afirmó la abogada, quien señaló que la documentación será acompañada de informes arqueológicos y otros elementos que, según sostuvo, permitirán al Parlamento conocer directamente la situación denunciada desde Nasca.

Castañeda fue enfática al referirse a la posibilidad de una censura contra el ministro. “Y si hay que censurar al ministro, habrá que censurarlo”, manifestó, dejando abierta la posibilidad de que el caso sea llevado al terreno político mediante una eventual iniciativa parlamentaria.

La abogada también cuestionó directamente la actuación de Beingolea y sostuvo que existiría una presunta omisión de funciones. “Por supuesto que sí”, respondió al ser consultada sobre si el ministro habría incurrido en esa conducta.

Según Castañeda, el titular de Cultura debería acudir personalmente a Nasca para conocer la situación y verificar los hechos denunciados. “Si no puede venir, podemos ir, pero la idea es que él venga y constate, que es lo que corresponde a esa función”, sostuvo.

Sus críticas no se limitaron al ministro. La abogada también cuestionó a la presidenta Keiko Fujimori y al Gobierno por lo que calificó como un desinterés frente a los problemas vinculados con el patrimonio cultural. En ese sentido, mencionó que el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, no habría incluido referencias al sector cultural en su mensaje político.

Castañeda endureció aún más sus acusaciones al sostener que existiría una política nacional de afectación del patrimonio. “Hay una política clara de ataque al patrimonio a nivel nacional”, afirmó, atribuyendo esta situación a la gestión del Ministerio de Cultura.

La abogada anunció que buscará activar todos los mecanismos disponibles para enfrentar lo que considera una situación crítica en Nasca. “Vamos a buscar los mecanismos políticos, legales, administrativos, disciplinarios como corresponde”, señaló.

El objetivo, explicó, será “al menos poder encauzar el camino de Nasca”, una expresión que resumió el tono de su intervención y el reclamo que, según anunció, llevará ahora hasta el Congreso.

“Nasca se respeta, señores”, concluyó Castañeda.

Sus declaraciones abren un nuevo escenario de presión política sobre el ministro Beingolea. La entrega de los informes a la Comisión de Cultura y a las bancadas permitirá determinar si sus denuncias encuentran respaldo parlamentario y si finalmente se impulsa una investigación o una eventual moción de censura contra el titular del Ministerio de Cultura.

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