La madrugada del último domingo en Trujillo revivió una escena de terror al estilo de las ciudades mexicanas, donde el narcotráfico asume el control de la violencia. Cuatro muertos y un secuestro al paso en una avenida conocida es el saldo de la inoperancia policial, municipal y regional. Antes se decía que era una guerra de bandas delincuenciales, hoy es el crimen organizado contra los nuevos ricos.

El origen de los nuevos ricos es la minería informal e ilegal de Pataz, a más de 20 horas de viaje desde la capital de la región La Libertad. Existe una migración desde la sierra hacia la costa de empresarios mineros en búsqueda de notoriedad en una sociedad trujillana que se mide por la camioneta del año, los guardaespaldas, los tragos costosos y la residencia en El Golf.

No es la primera vez que secuestran a un empresario minero, tampoco que haya una matanza producto del avance delincuencial. Pero, lo que sí debería preocuparnos es que la ciudad haya pasado por estados de emergencia y no haya una solución real para combatir el crimen. ¿Ya se dieron cuenta de que un estado de excepción no funciona si no hay un plan estratégico?

Los consejos de seguridad regional y provincial tampoco tienen frutos visibles. El alcalde de la ciudad cree que la responsabilidad es del gobernadora regional, y esta, a su vez, considera que la planificación debe llegar desde el Gobierno Central. Entonces, ¿para qué formar estos grupos de trabajo?

He visto numerosos videos del ataque ocurrido ayer, en el que transcurren varios minutos del secuestro y muerte múltiple. Y uno se pregunta: ¿las cámaras de la central de vigilancia están operativas? ¿Y los policías? Estamos hablando de un ataque que pudo repelerse si es que hubiera un patrullaje estratégico. Pero, no existe. ¿Hasta cuándo?

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