En las primeras horas del domingo, una persona fue secuestrada mientras cuatro –dos hombres y dos mujeres– han sido asesinadas a balazos en la avenida Húsares de Junín, una de los más comerciales y transitadas de Trujillo, que une a la zona céntrica con urbanizaciones de la zona oeste como California y El Golf, lo que es una muestra, sólo una más, de la eterna ola de violencia que afecta a la capital liberteña, que es asociada a la extorsión y a la minería ilegal que opera en la sierra de la región.
Si hay una ciudad del país que es un símbolo del fracaso de la lucha contra la criminalidad en el país en lo que va del presente siglo, esa es sin duda Trujillo. Es allí donde hace más de 20 años comienza la extorsión a empresarios, comerciantes y transportistas, y el uso de sicarios, incluso menores de edad, para atacar a los que no pagaban y “ajustar” a las bandas rivales. Todo lo que hoy vemos desbordado en Lima y otras zonas del país tuvo su origen allí, sin que los sucesivos gobiernos hicieran mucho caso.
Bandas como Los Pulpos, Los Ochenta, Los Zurdos, Los Plataneros, La Jauría y Los Malditos del Triunfo actuaban con total impunidad, como lo hacen hoy los “herederos” de los cabecillas originales muertos, capturados o reciclados, y otras organizaciones que han ido surgiendo mientras los gobiernos nacionales y locales se han dedicado a cambiar jefes policiales locales, sacar más efectivos a las calles, parar soldados en las esquinas y comprar patrulleros que son exhibidos en la Plaza de Armas.
El sábado último, el diputado Harvey Colchado, un coronel de la policía en retiro que, se entiende, conoce del asunto, ha estado en el mega hacinado penal El Milagro, de Trujillo, al que son llevados los criminales de esta ciudad de por sí convulsionada por la extorsión, el secuestro y crímenes como los de la avenida Húsares de Junín, y ha señalado que los equipos tecnológicos para registrar y evitar que ingresen armas, celulares, droga y otras cosas, están inoperativos. ¿Así queremos acabar con la extorsión y el asesinato?
El gobierno de la presidenta Keiko Fujimori que acaba de tomar las riendas del país y ha encontrado que la lucha contra la inseguridad es un desastre, tiene que dar un golpe sobre la mesa y enmendar la falta de rumbo. Cuenta con dos buenos ministros como los de Interior, César Astudillo; y de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, para comenzar a implementar lo que no se ha hecho en estas dos décadas en que, tristemente, la Ciudad de la Eterna Primavera pasó a ser llamada la Ciudad de la Eterna Balacera.
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