El exministro del Interior Cluber Aliaga cuestionó la respuesta del Estado frente a la creciente ola de violencia en Trujillo, luego del asesinato de cuatro personas y el secuestro del empresario minero, ocurrido en la cuadra 2 y 3 de la avenida Húsares de Junín./ Video: Canal NEl exministro del Interior afirmó que la crisis de seguridad en Trujillo no puede atribuirse únicamente a la Policía Nacional, sino que también involucra al Ministerio Público, Poder Judicial, autoridades regionales y locales y al sistema penitenciario. En ese sentido, consideró necesario que todo el aparato estatal actúe de manera coordinada
CTPorChristian Torres Tutiven »El exministro del Interior Cluber Aliaga cuestionó la respuesta del Estado frente a la creciente ola de violencia en Trujillo, luego del asesinato de cuatro personas y el secuestro del empresario minero, ocurrido en la cuadra 2 y 3 de la avenida Húsares de Junín
En entrevista con Canal N, Aliaga sostuvo que la situación de inseguridad en Trujillo es consecuencia de un problema que se ha agravado durante más de dos décadas. Señaló que en esta ciudad comenzaron a desarrollarse organizaciones dedicadas al cobro de cupos y que, con el paso de los años, algunas de estas bandas evolucionaron hasta convertirse en estructuras criminales de mayor complejidad.
El exministro consideró preocupante que, pese a que existirían advertencias de inteligencia sobre la planificación de hechos delictivos, no se hayan adoptado medidas oportunas para evitar ataques como el ocurrido recientemente.
El exministro consideró que determinadas organizaciones criminales podrían ser evaluadas bajo una figura vinculada al terrorismo debido al nivel de violencia que ejercen y al temor que generan en la población.
Recordó que estas estructuras han recurrido incluso a atentados con explosivos y sostuvo que una parte de la población y del sector empresarial de Trujillo se encuentra sometida por los cobros de cupos.
No obstante, precisó que la eventual calificación jurídica corresponde al Ministerio Público y al Poder Judicial. También aclaró que dicha calificación no permitiría automáticamente la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna, pues para ello deben cumplirse las condiciones establecidas por la legislación.
"Lo que se busca con eso es una mayor rigurosidad en el tratamiento del Estado frente a este tipo de organizaciones criminales. Que está perfecto que se les califique como organizaciones criminales y que eso va a facilitar, digamos, que el Estado pueda imponer penas más drásticas y duras. Sin embargo, no habilita directamente la actuación de las Fuerzas Armadas", sostuvo.
"Si nosotros vemos cómo está el país en el tema de la seguridad ciudadana, vemos una policía que ha sido rebasada en gran parte del territorio por la actuación criminal que ha meritado que ingresen las Fuerzas Armadas. Prácticamente estamos en una situación de guerra contra la delincuencia. En una situación de guerra, el presidente debe tener mayores facultades para poder mover a los mandos", apuntó.
Los Pulpos y otras organizaciones criminales
Aliaga explicó que organizaciones como Los Pulpos y La Jauría dejaron de funcionar como simples bandas barriales y desarrollaron estructuras con dirigentes, mandos intermedios y operadores encargados de ejecutar las acciones delictivas.
Según indicó, estas organizaciones pueden llegar a agrupar entre 200 y 300 integrantes, lo que dificulta las labores de investigación y judicialización. Los cabecillas, explicó, permanecen en la clandestinidad y utilizan a otros miembros para ejecutar extorsiones, cobros de cupos y ataques.
El exministro señaló además que estas estructuras requieren ser enfrentadas mediante inteligencia operativa, interceptación telefónica y equipos de seguimiento. Sin embargo, afirmó que la Policía Nacional no cuenta con estos recursos en cantidad suficiente, especialmente fuera de Lima.
Aliaga también advirtió sobre la necesidad de fortalecer la contrainteligencia policial para evitar la infiltración de organizaciones criminales dentro de las instituciones.
"Bueno, en Trujillo nosotros hemos registrado que estas organizaciones criminales pueden regrupar 200, 300 integrantes. Hablando de los tres niveles. Entonces, imagínate la complejidad para poder sacarlos de circulación y con pruebas procesarlos. Entonces, esa es la dificultad que tiene actualmente la policía y por eso la policía requiere, en estos tiempos, de equipos de interceptación telefónica, equipos para el seguimiento, para una acción de inteligencia operativa", manifestó.
Secuestro de empresario minero
Respecto al secuestro de Jens Lara Tantaquilla, Aliaga señaló que los empresarios vinculados a la actividad minera se han convertido en objetivos atractivos para las organizaciones criminales debido al movimiento económico generado por el oro y otros minerales.
Según la información difundida sobre el caso, los delincuentes habrían exigido un millón de soles por la liberación del empresario, quien fue secuestrado luego de que cuatro personas que lo acompañaban fueran asesinadas.
Aliaga explicó que las organizaciones criminales buscan obtener dinero mediante extorsiones, cobros de cupos y ataques durante el traslado del mineral. Añadió que esta problemática afecta tanto a empresarios de actividades formales como a quienes desarrollan actividades informales o ilegales.
Pide fortalecer a la Policía
Aliaga sostuvo que la Policía Nacional ha perdido capacidades de investigación durante los últimos años y que actualmente existen menos detectives especializados que antes.
A su juicio, la lucha contra las organizaciones criminales requiere recuperar esas capacidades y dotar a las unidades policiales de herramientas suficientes para desarrollar investigaciones de largo plazo que permitan llegar a los cabecillas y no únicamente detener a los operadores.
También planteó mejorar la rotación del personal policial, fortalecer los órganos de control interno y elevar los mecanismos de prevención frente a posibles casos de corrupción e infiltración criminal.
Sobre la permanencia de los actuales mandos policiales, Aliaga reconoció que se trata de una decisión política, pero sostuvo que la gravedad de la situación de inseguridad exige evaluar permanentemente los resultados de cada comando regional.
"Recordemos que en nuestra legislación las Fuerzas Armadas solamente pueden actuar en temas de orden interno cuando se declara estado de emergencia. Y cuando se declara estado de emergencia, estamos obligados a que los delincuentes los tratemos bajo un marco jurídico regulado internacionalmente", comentó.
Finalmente, afirmó que la crisis de seguridad en Trujillo no puede atribuirse únicamente a la Policía Nacional, sino que también involucra al Ministerio Público, Poder Judicial, autoridades regionales y locales y al sistema penitenciario. En ese sentido, consideró necesario que todo el aparato estatal actúe de manera coordinada para enfrentar el avance de las organizaciones criminales.
"Cuando las organizaciones criminales ya se tornan complejas, comienzan a actuar ya en la clandestinidad, ya no de manera tan evidente. Y eso hace que las intervenciones de los policías se hagan a los operadores, a los actores criminales. Por eso es que a mayor complejidad de las organizaciones criminales es más difícil poder combatirlas eficazmente y sacarlas de circulación. Eso es lo que está pasando en Trujillo. Por un lado, la delincuencia se fortalece", mencionó.
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