El Ejecutivo pide facultades legislativas para modificar los regímenes tributarios y crear un Impuesto a la Renta empresarial único con tasas marginales crecientes. El proyecto no establece las tasas ni los tramos que permitirían determinar qué empresas asumirían una mayor carga.
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Juan IparraguirreEscucharResumenCompartirEl Gobierno de Keiko Fujimori busca modificar el sistema con el que las empresas pagan Impuesto a la Renta (IR). El proyecto de delegación de facultades presentado al Congreso plantea unificar los regímenes tributarios empresariales y establecer tasas marginales crecientes, pero no precisa en el pedido cuáles serían los porcentajes ni los niveles de renta a partir de los cuales se aplicaría cada tramo. Por ello, aunque el cambio podría alterar la carga tributaria de distintos negocios, todavía no es posible determinar quiénes terminarían pagando más.
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La propuesta forma parte de un pedido de facultades por 120 días que comprende 66 materias. En el capítulo tributario, el Ejecutivo solicita modificar y simplificar los regímenes existentes, además de establecer incentivos, exoneraciones, créditos, deducciones y otros tratamientos tributarios especiales y temporales.
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El cambio alcanzaría una estructura que actualmente distingue entre el Nuevo Régimen Único Simplificado (NRUS), el Régimen Especial de Renta (RER), el Régimen MYPE Tributario (RMT) y el Régimen General. La propia SUNAT mantiene estos cuatro esquemas y establece límites y obligaciones diferentes para cada uno.
El proyecto no dice cuánto pagará cada empresa
El elemento más importante para medir el efecto de la reforma todavía no está definido. El Ejecutivo plantea que el nuevo impuesto empresarial tenga tasas marginales crecientes. Esto supone que la tasa aumentaría conforme crezca la renta, pero el proyecto de facultades no presenta una tabla con los porcentajes que corresponderían a cada nivel.
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Esa ausencia impide hacer una comparación definitiva con el sistema vigente. Actualmente, por ejemplo, el RMT aplica una tasa de 10% sobre las primeras 15 UIT de renta neta anual y de 29,5% sobre el exceso. En el Régimen General, la tasa es de 29,5% sobre la renta neta. El RER, en cambio, aplica una cuota mensual equivalente al 1,5% de los ingresos netos.
Por tanto, una empresa no puede saber todavía si con el nuevo esquema pagaría más o menos. Para responderlo se necesitaría conocer, como mínimo, los tramos, las tasas y las reglas para determinar la renta sobre la que se aplicará el impuesto.
Las MYPE quedan en el centro de la reforma
Uno de los puntos más sensibles será el tratamiento de las empresas pequeñas. El RMT está dirigido a empresas cuyos ingresos netos no superen las 1.700 UIT y actualmente permite determinar el impuesto según la ganancia obtenida. Para las primeras 15 UIT de renta neta anual aplica una tasa de 10%, mientras que el excedente tributa a 29,5%.
El proyecto plantea reemplazar esta estructura por un régimen empresarial único. Eso podría modificar la situación tributaria de negocios que hoy se encuentran en el RMT, aunque no significa que todas las MYPE vayan a pagar más.
El resultado dependerá de cómo se construyan los nuevos tramos. Si las primeras escalas tienen tasas inferiores a las actuales, algunos contribuyentes podrían reducir su carga. Si los porcentajes son mayores, otros podrían enfrentar un incremento. El proyecto, por ahora, no permite identificar cuál de esos escenarios se concretará.
El RER también tendría que ser replanteado
El RER presenta una diferencia todavía mayor frente al esquema planteado. Actualmente, las empresas que cumplen sus requisitos pagan mensualmente 1,5% de sus ingresos netos por concepto de Impuesto a la Renta y tienen un límite de S/525.000 de ingresos o compras anuales.
Un impuesto calculado mediante tasas marginales crecientes sobre la renta empresarial supondría modificar esa lógica.
Aquí aparece uno de los principales riesgos de la transición: una tasa aplicada sobre ingresos no es directamente comparable con una tasa aplicada sobre renta neta. El margen de ganancia de cada negocio puede cambiar completamente el resultado.
Una empresa con ventas elevadas pero márgenes reducidos no necesariamente tendría el mismo efecto que otra con ingresos similares y mayores utilidades.
Por eso, conocer solamente la tasa nominal del futuro régimen tampoco sería suficiente para determinar quién pagará más.
¿Y las empresas grandes?
Las compañías que actualmente tributan en el Régimen General parten de una referencia distinta: la tasa del Impuesto a la Renta es de 29,5% sobre la renta neta anual. No tienen límite de ingresos para permanecer en este régimen.
Si el nuevo esquema establece una escala que llegue hasta una tasa cercana o superior a ese nivel, las empresas con mayores rentas podrían concentrar la mayor carga en los tramos superiores.
Pero nuevamente, eso dependerá del diseño definitivo. El proyecto no establece que la tasa máxima vaya a subir, ni determina que las empresas grandes necesariamente pagarán más. Lo que sí hace es abrir la posibilidad de una estructura distinta a la tasa plana que actualmente aplica al Régimen General.
Ese es precisamente uno de los puntos que tendrá que definirse si el Congreso concede las facultades.
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Más beneficios tributarios también están sobre la mesa
La propuesta tampoco se limita a cambiar la forma de calcular el IR. El Gobierno solicita facultades para establecer o modificar incentivos, exoneraciones, créditos, deducciones, beneficios y tratamientos tributarios especiales y temporales. El propio proyecto los vincula con objetivos como formalización, inversión, emprendimiento, empleo, innovación y desarrollo de sectores productivos.
El problema fiscal es que una menor obligación para determinados contribuyentes también puede significar una menor recaudación para el Estado.
El MEF estimó que los gastos tributarios potenciales para 2026 ascienden a S/26.350 millones, equivalentes al 12,68% de la recaudación tributaria proyectada y al 2,16% del PBI.
Por eso, el impacto fiscal de la propuesta dependerá de dos movimientos que podrían avanzar en sentidos distintos: cuánto recaude el nuevo esquema empresarial y cuánto deje de recaudar el Estado por los beneficios que eventualmente se creen, amplíen o mantengan.
El Congreso todavía puede acotar el pedido
La propuesta no modifica actualmente las tasas del Impuesto a la Renta ni elimina los regímenes vigentes. El Ejecutivo solicita una delegación de facultades por 120 días y tendrá que esperar que el Congreso determine si concede esa autorización y bajo qué condiciones.
Incluso si obtiene las facultades, el cambio no estaría completamente definido por el proyecto presentado al Parlamento. Los decretos legislativos posteriores tendrían que establecer las reglas concretas del nuevo sistema.
Por ello, la discusión tributaria tendrá un punto central: si el Congreso autoriza un cambio de esta magnitud sin conocer todavía las tasas y tramos que determinarán la carga efectiva de cada empresa.
El resultado final dependerá de esas variables. Hasta que sean publicadas, no existe sustento para afirmar que las MYPE, las empresas grandes o algún otro grupo pagará necesariamente más.
Lo que sí está definido en el pedido es la intención de abandonar la actual estructura de varios regímenes y avanzar hacia un único impuesto empresarial con tasas marginales crecientes.
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