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El Gobierno de Keiko Fujimori avanzó con la propuesta de establecer un nuevo régimen laboral único para el sector privado, con especial énfasis en las micro y pequeñas empresas (MYPE). La iniciativa busca incentivar la contratación formal mediante un esquema en el que algunos derechos laborales puedan aplicarse de manera progresiva.

La propuesta forma parte del pedido de facultades legislativas que el Ejecutivo presentó al Congreso y plantea reemplazar los actuales tratamientos diferenciados según el tamaño de las empresas por un régimen único y progresivo.

La idea es que las obligaciones laborales aumenten de acuerdo con la capacidad económica y productiva de cada empresa.

¿Qué plantea el nuevo régimen laboral?

El Ejecutivo propone establecer un sistema con obligaciones laborales previsibles y de cumplimiento simplificado, principalmente para incorporar al mercado formal a trabajadores que actualmente se encuentran fuera de este.

La progresividad alcanzaría distintos componentes de la relación laboral, entre ellos:

  • Remuneración
  • Vacaciones
  • Gratificaciones
  • Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)
  • Asignación familiar
  • Trabajo en sobretiempo
  • Seguro de vida-ley
  • Participación en utilidades
  • Seguridad social en salud
  • Aportes previsionales
  • Protección frente al despido

De esta manera, una empresa con menor capacidad económica podría asumir inicialmente menores costos laborales, mientras que sus obligaciones aumentarían conforme mejore su capacidad productiva y económica.

¿Por qué el Gobierno propone cambiar el régimen laboral de las MYPE?

El Ejecutivo sostiene que el actual régimen especial para las micro y pequeñas empresas no ha logrado convertirse en un mecanismo eficaz y sostenible de transición hacia la formalidad.

Por ello, plantea un nuevo sistema que facilite la incorporación de trabajadores que actualmente no cuentan con un vínculo laboral formal.

La propuesta también contempla registros simplificados para hacer seguimiento a indicadores como el empleo formal, la cobertura de seguridad social y el acceso efectivo a los derechos laborales.

¿Los trabajadores podrían recibir menos beneficios?

Uno de los principales puntos de la propuesta es que determinados beneficios laborales se aplicarían de manera progresiva.

Esto significa que, bajo el nuevo esquema, una persona que ingrese a una empresa que se acoja al régimen podría comenzar con menores beneficios laborales que los establecidos en el régimen general, dependiendo de las condiciones que finalmente determine la norma.

La propuesta contempla que estos derechos aumenten posteriormente en función de criterios objetivos relacionados con la capacidad económica y productiva de la empresa.

Especialistas laborales ya han cuestionado este tipo de esquema. El exviceministro de Trabajo Fernando Cuadros calificó anteriormente una propuesta similar como una “medida regresiva” y advirtió sobre el riesgo de que pueda utilizarse para reducir derechos laborales.

Nuevo régimen laboral: ¿qué pasaría con los trabajadores que ya están contratados?

El Ejecutivo señala que el nuevo régimen no afectaría los vínculos laborales vigentes.

La propuesta está orientada principalmente a trabajadores que actualmente se encuentran fuera del sistema formal y a nuevos emprendedores.

Sin embargo, uno de los puntos que genera debate es cómo se evitaría que una empresa despida a trabajadores actualmente contratados para posteriormente incorporarlos bajo las nuevas condiciones laborales.

El objetivo: reducir la informalidad

La reforma tiene como principal argumento la necesidad de incrementar el empleo formal en el país. El Gobierno sostiene que el actual régimen especial de las MYPE no ha generado los resultados esperados y plantea modificarlo mediante un sistema que reduzca inicialmente los costos asociados a la contratación formal.

La propuesta deberá ser evaluada por el Congreso como parte del pedido de facultades legislativas por 120 días en 66 materias presentado por el Ejecutivo.

Si el Parlamento otorga las facultades solicitadas, el Gobierno podrá avanzar con la regulación del nuevo marco laboral y definir finalmente cómo se aplicarán los niveles progresivos de remuneraciones y beneficios.

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