por Javier Prialé
Agrega RPP en Actualizado el 29 de Ago, 2026 7:11 amEl Ejecutivo plantea al Congreso facultades legislativas por 120 días para simplificar la formalización, eliminar barreras tecnológicas y hacer gratuitos determinados servicios.
El Gobierno de Keiko Fujimori busca reducir a cero el costo de determinados servicios vinculados con la formalización de las micro y pequeñas empresas (mype), además de simplificar los trámites para constituir y operar un negocio, como parte del paquete de medidas incluido en el pedido de facultades legislativas por 120 días presentado al Congreso de la República.
La propuesta parte de un diagnóstico: aunque las mype representan el 99,1% de las empresas del país y generan cerca del 90% del empleo privado, los niveles de informalidad continúan siendo elevados y las empresas pequeñas tienen dificultades para crecer y pasar a categorías superiores.
Por ello, el Ejecutivo plantea modificar la Ley N.° 32353, Ley para la Formalización, Desarrollo y Competitividad de la Micro y Pequeña Empresa, con el objetivo de reducir las barreras económicas y administrativas que dificultan la incorporación y permanencia de los pequeños negocios en la economía formal.
Una de las medidas centrales será promover la gratuidad de determinados servicios vinculados a la formalización, junto con la simplificación de procedimientos y requisitos administrativos.
La propuesta, sin embargo, va más allá de eliminar costos. También plantea cambiar la manera en que se constituye una empresa, utilizando herramientas digitales para que el proceso sea más rápido y sencillo.
Formalización más rápida y con menos costos
La propuesta plantea atacar directamente los costos y tiempos asociados al proceso.
Entre las medidas previstas se encuentra la constitución en línea y la simplificación de los procedimientos para las mype, con el propósito de reducir costos, tiempos y cargas administrativas.
También se plantea promover la gratuidad de determinados servicios vinculados con la formalización.
La lógica del Ejecutivo es que la formalidad debe dejar de ser vista únicamente como un conjunto de obligaciones para convertirse en una puerta de acceso a beneficios concretos: financiamiento, compras públicas, innovación, digitalización, asistencia empresarial y nuevos mercados.
Pero para que esa estrategia funcione, el Gobierno también propone modificar el régimen societario y hacer más sencillo el uso de herramientas digitales para constituir y administrar empresas.
La SACS cuesta S/18.70, pero casi no se utiliza
Uno de los principales ejemplos utilizados por el Ejecutivo para justificar los cambios es el régimen de la Sociedad por Acciones Cerrada Simplificada (SACS).
Este mecanismo fue creado precisamente para facilitar la formalización de emprendimientos y negocios. Actualmente, constituir una SACS tiene un costo de S/18.70 y no requiere intervención de un notario.
Sin embargo, su utilización ha sido muy limitada.
Desde 2021, cuando se implementó en el Sistema de Intermediación Digital (SID) de Sunarp el módulo para constituir SACS en línea, hasta diciembre de 2024 se registraron 5.298 sociedades bajo este régimen, un promedio aproximado de 1.300 por año.
Esta cifra representa menos del 1% de las más de 770.000 empresas constituidas bajo otros regímenes societarios durante el mismo periodo.
Para el Ejecutivo, esto evidencia que reducir el costo monetario de constitución no es suficiente si persisten otras barreras que dificultan el acceso al sistema.
¿Por qué no despegó la constitución de empresas en línea?
El Gobierno identifica tres principales obstáculos que limitaron la masificación de las SACS.
El primero es que el atractivo de la herramienta se concentra prácticamente en la constitución en línea, pero no permite realizar otros actos societarios por la misma vía.
El segundo es la exigencia de utilizar firma digital, que se convirtió en una barrera tecnológica para una parte importante de la población, en un contexto en el que la expansión del DNI electrónico todavía ha sido limitada.
El tercer problema es la baja difusión del régimen y el desconocimiento sobre su utilización, incluso en agencias bancarias, lo que puede dificultar la apertura de las cuentas de depósito necesarias para constituir una empresa.
Por estas razones, el Ejecutivo concluye que el régimen de SACS vigente no ha cumplido plenamente con su objetivo de facilitar la formalización empresarial.
Adiós a la firma digital como única vía
Una de las modificaciones propuestas busca precisamente eliminar esta barrera.
El Gobierno plantea permitir otros medios tecnológicos alternativos a la firma digital para expresar la firma o el consentimiento de los participantes de una SACS, siempre que se mantenga la certeza y seguridad jurídica de las operaciones.
La finalidad es que el requisito tecnológico no termine convirtiéndose en un obstáculo para quien quiere constituir formalmente un negocio.
La reforma también permitiría que los principales actos societarios de una SACS puedan realizarse mediante el SID de Sunarp y utilizando formatos en línea, sin necesidad de recurrir a una escritura pública notarial.
Esto incluiría, entre otros, el nombramiento del gerente, modificación de estatutos, aumento de capital, disolución y liquidación de la empresa.
De esta manera, la digitalización no se limitaría al nacimiento de la empresa, sino que acompañaría también parte de su funcionamiento posterior.
¿Qué significa esto para una persona que quiere formalizar su negocio?
El planteamiento del Gobierno combina tres vías para reducir las barreras de entrada a la formalidad.
La primera es reducir o eliminar el costo de determinados servicios vinculados a la formalización.
La segunda es simplificar los trámites y permitir una mayor utilización de plataformas digitales.
Y la tercera es eliminar barreras tecnológicas como la exigencia de una firma digital para determinados procedimientos, sustituyéndola por mecanismos alternativos que mantengan la seguridad jurídica.
Además, se busca que las microempresas con capital menor a 4 UIT puedan utilizar este procedimiento para constituirse bajo otras formas societarias, de acuerdo con las disposiciones de la Ley N.° 32353.
También quieren digitalizar las sociedades tradicionales
La reforma no se limitaría a las MYPE o a las SACS.
El Gobierno plantea modernizar la Ley General de Sociedades, vigente desde 1997, para adecuarla a las nuevas herramientas tecnológicas.
Entre las modificaciones propuestas está permitir publicaciones electrónicas en el portal web habilitado por el diario oficial El Peruano y regular el voto a distancia mediante medios electrónicos.
También se plantea que las juntas de accionistas y las sesiones de directorio puedan realizarse de manera no presencial o telemática, y permitir el uso de formatos electrónicos con firma digital para libros de actas y matrículas de acciones.
El argumento del Ejecutivo es que, casi tres décadas después de la aprobación de la actual Ley General de Sociedades, el avance tecnológico exige un marco legal más moderno y flexible.
Formalizarse para acceder a crédito y mercados
El paquete de medidas para las MYPE también busca que formalizarse tenga beneficios económicos concretos.
Por ello, el Ejecutivo plantea facilitar el acceso de las pequeñas empresas a compras estatales, asistencia en digitalización, innovación y transformación digital, así como mecanismos de asociatividad.
También se propone ampliar el acceso al crédito mediante empresas financieras tecnológicas o fintech, utilizando herramientas digitales para evaluar a potenciales clientes y reducir costos de transacción.
La propuesta contempla además fortalecer el marco regulatorio del factoring, debido a su importancia como fuente de capital de trabajo para las MYPE.
Durante 2025 se negociaron más de 2,07 millones de facturas negociables por S/52.057 millones, y las micro y pequeñas empresas representaron el 84,9% de las empresas que utilizaron este instrumento.
Banco de la Nación podría hacer factoring internacional
Como parte del mismo paquete, el Ejecutivo plantea habilitar al Banco de la Nación para realizar operaciones de factoring internacional a favor de MYPE exportadoras.
La medida permitiría que estas empresas obtengan capital de trabajo mediante el financiamiento anticipado de derechos de cobro frente a compradores privados extranjeros.
La propuesta establece que estas operaciones deberán estar sujetas a criterios de elegibilidad, evaluación de contrapartes, límites de exposición y mecanismos de cobertura y mitigación de riesgos.
El Banco de la Nación deberá evaluar previamente la viabilidad tecnológica, operativa y financiera del producto y utilizar recursos propios, sin requerir transferencias del Tesoro Público.
El problema también es que las mype no logran crecer
El diagnóstico del Gobierno identifica además una baja movilidad empresarial.
Según la matriz de transición de empresas operativas entre 2015 y 2024, 95,7% de las microempresas permaneció en la categoría de microempresa, mientras que solo 4% pasó a ser pequeña empresa.
Además, 40,8% de las pequeñas empresas retornó a la categoría de microempresa.
Estos resultados son utilizados por el Ejecutivo para sostener que el problema no consiste únicamente en la existencia de empresas informales, sino también en la dificultad que enfrentan los negocios pequeños para crecer, consolidarse y elevar su productividad.
Por ello, el paquete busca vincular formalización con financiamiento, tecnología, acceso a mercados e innovación.
¿Qué pretende aprobar el Gobierno con las facultades?
En materia de MYPE, el pedido de facultades legislativas por 120 días contempla principalmente la modificación de la Ley N.° 32353 y del régimen societario para crear condiciones más favorables para la formalización.
Entre las principales medidas están:
- Gratuidad de determinados servicios vinculados a la formalización.
- Constitución de empresas en línea y simplificación de procedimientos.
- Uso de mecanismos tecnológicos alternativos a la firma digital para determinados procesos.
- Realización en línea de otros actos societarios de las SACS.
- Facilidades para el acceso de las MYPE a las compras públicas.
- Asistencia en digitalización, innovación, transformación digital y asociatividad.
- Acceso a crédito mediante fintech.
- Medidas de régimen laboral especial y seguridad social.
- Fortalecimiento del marco regulatorio del factoring.
- Habilitación del Banco de la Nación para realizar factoring internacional para MYPE exportadoras.
- Modernización de la Ley General de Sociedades para incorporar herramientas digitales.
La medida aún no está vigente. Forma parte del pedido de facultades legislativas por 120 días que el Ejecutivo ha presentado ante el Congreso, por lo que su implementación dependerá de la aprobación de dichas facultades y de los decretos legislativos que eventualmente emita el Gobierno.
Una informalidad que todavía supera el 50%
El Gobierno sustenta su propuesta en la persistencia de la informalidad empresarial.
Según el diagnóstico incluido en el pedido de facultades, 86,8% de las micro y pequeñas empresas operaba en condición de informalidad en 2024, es decir, sin registro ante la Sunat. La cifra fue superior al 86,3% del año previo.
En términos absolutos, en 2024 existían 5,48 millones de mype, de las cuales 2,34 millones eran formales y 3,14 millones permanecían en condición informal.
Aunque el número de mype formales aumentó desde 1,78 millones en 2020 hasta 2,34 millones en 2024, el Ejecutivo sostiene que este avance no ha sido suficiente para cerrar la brecha.
La informalidad también se refleja en el mercado laboral. De acuerdo con información de PRODUCE, 82,3% del empleo generado por las mype era informal en 2024. En las microempresas la proporción alcanzaba el 89,7%, mientras que en las pequeñas empresas llegaba al 48,1%.
Para el Gobierno, estos resultados muestran que las políticas aplicadas hasta ahora no han generado incentivos suficientes para que las unidades productivas preexistentes se formalicen y permanezcan dentro del sistema formal.
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