El Ejecutivo solicita al Congreso facultades para legislar en seguridad ciudadana, tributación y MYPEs
La PCM presentó ante la Cámara de Diputados el proyecto de delegación de facultades legislativas, el cual contempla 66 solicitudes enfocadas en medidas para fortalecer la gestión pública y atender prioridades nacionales. Foto: PCM. Video: Canal NRSPorRodrigo Saldarriaga Valverde »La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) presentó ante la Cámara de Diputados del Congreso de la República el proyecto de ley mediante el cual se solicita la delegación de facultades para legislar por un periodo de 120 días calendario. La iniciativa normativa, aprobada por el Consejo de Ministros, contiene un total de 66 solicitudes orientadas a implementar reformas y medidas de alto impacto en materia económica, social e institucional.
La propuesta abarca un amplio abanico de materias, entre las que destacan la seguridad ciudadana, el orden interno, el fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas (MYPE), la promoción del empleo, el régimen tributario, la simplificación administrativa, el desarrollo productivo y la reforma estructural del Estado. El documento lleva las firmas de la Presidenta de la República, Keiko Fujimori, y del Presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta.
El Poder Ejecutivo solicitó a la Cámara de Diputados la delegación de facultades legislativas por el plazo de 120 días. El proyecto de ley contempla 66 solicitudes en materia de seguridad ciudadana, reforma del Estado, tributación, impulso a MYPE y vivienda. Imagen: Captura/X/PCMEjes centrales en seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad
En el ámbito penal y de seguridad pública, el Ejecutivo plantea diversas modificaciones normativas para combatir la delincuencia organizada. Entre las principales solicitudes resalta el establecimiento de un marco legal que declare a las organizaciones criminales como organizaciones terroristas, así como la regulación expresamente orientada a consagrar la legítima defensa con presunción de inocencia respecto de la racionalidad del medio empleado.
Asimismo, el proyecto contempla la reforma del Código Penal y Código Procesal Penal en lo relativo a delitos de extorsión, sicariato, minería ilegal y delitos informáticos. En materia penitenciaria, se solicita autorizar la participación excepcional de las Fuerzas Armadas en la seguridad externa y apoyo operativo en los penales, además de regular la libertad vigilada postpenitenciaria para reos de alta peligrosidad. También se plantea perfeccionar el marco legal sobre el bloqueo de señales y control de líneas móviles asociadas al crimen organizado.
Medidas de impulso a MYPE, empleo y modernización regulatoria
En materia económica y productiva, el pedido de facultades busca reducir barreras administrativas para fomentar la formalización voluntaria de las MYPE e incentivar el uso del factoring. Igualmente, propone la aprobación de la Ley de Fomento al Ecosistema de Emprendimiento Innovador para facilitar capital semilla y crédito productivo. En el plano laboral, se proyecta regular el otorgamiento de bonos de productividad sin carácter remunerativo en el sector privado y ajustar el tratamiento indemnizatorio para el personal de confianza.
En cuanto a la simplificación administrativa y transformación digital, el texto contempla la derogación de la Ley N.° 32645 (Colegio Profesional de Artistas del Perú), la modificación del marco de eliminación de barreras burocráticas y el despliegue de soluciones de firma e identificación digital en la administración pública.
Reformas en infraestructura, agua, saneamiento e institucionalidad
El proyecto dedica un bloque prioritario al desarrollo del sector agrario, acuícola, minero y energético. Se impulsan cambios en la Ley de Recursos Hídricos, incentivos a la inversión privada en hidrocarburos y electricidad, y la modernización de los regímenes de concesión minera y pesquera. Además, en el ámbito financiero, se plantea la eliminación de topes a las tasas de interés con el objetivo de promover la inclusión bancaria.
Finalmente, en materia de modernización del Estado y vivienda, se solicitan atribuciones para reestructurar Sedapal frente a riesgos operativos, reordenar el empleo público garantizando la meritocracia y simplificar el saneamiento físico-legal para la ejecución de proyectos de Vivienda de Interés Social (VIS). El documento precisa que las normas dictadas respetarán la autonomía de los gobiernos regionales y locales.
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