Foto y video: Canal NLa iniciativa legislativa planteada en el Senado no tendrá facultades de investigación y se limitará al control político.
AVPorAlvaro Vega Lavado »La bancada parlamentaria de Juntos por el Perú presentó ante el Senado una moción para conformar la Comisión Especial de Estudio y Seguimiento Verdad, Justicia y No Repetición Sur Perú 2022-2023.
La iniciativa busca evaluar las acciones institucionales y los sucesos registrados durante las movilizaciones sociales acontecidas durante el gobierno de Dina Boluarte.
El documento fue formalizado por el senador Andrés Ramos Huillcas, representante de la región Apurímac, tras la crisis política originada por la vacancia de Pedro Castillo.
La propuesta parlamentaria cuenta con carácter multipartidario para su evaluación en el pleno legislativo.
La moción parlamentaria ingresó a trámite en el Senado
La iniciativa legislativa contó con el respaldo formal de los portavoces parlamentarios José Castillo Terrones, de Juntos por el Perú, y Alfonso López-Chau, vocero de la agrupación Ahora Nación.
Ambos legisladores suscribieron la propuesta para habilitar el debate sobre la instalación de este grupo especial.
El pedido legislativo plantea documentar las manifestaciones desarrolladas entre diciembre de 2022 y enero de 2023 en el territorio nacional.
Los promotores de la medida buscan estructurar un registro institucional sobre las actuaciones de las entidades estatales y el uso de la fuerza pública.
El grupo legislativo en el Senado ejercerá funciones de control político
El texto de la propuesta técnica difundido por la periodista Sofía López en la red social X precisa que este grupo de trabajo no contará con facultades de comisión investigadora.
Sus competencias institucionales se limitarán exclusivamente al estudio, seguimiento técnico y emisión de recomendaciones dentro de las atribuciones de control político del Parlamento.
De acuerdo con el documento, la comisión tendrá el mandato de analizar el accionar de las fuerzas del orden e instituciones públicas ante las víctimas y daños reportados.
Asimismo, el grupo formulará propuestas de reparación integral y lineamientos institucionales orientados a evitar la repetición de estos sucesos.
El balance defensorial registra 66 fallecidos en las regiones del sur
La fundamentación de la moción parlamentaria incorpora el informe oficial elaborado por la Defensoría del Pueblo respecto al saldo de las movilizaciones.
El reporte institucional consigna un total de 66 personas fallecidas, cifra que comprende tanto a ciudadanos civiles como a integrantes de las fuerzas del orden.
El requerimiento legislativo indica que los episodios de mayor impacto ocurrieron en las regiones de Apurímac, Ayacucho, Puno, Cusco, Arequipa, Moquegua y Tacna.
El análisis comprenderá la determinación de responsabilidades por las vías institucionales pertinentes y el seguimiento de las personas que resultaron heridas en el periodo señalado.
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