MEF: 199 leyes de gasto le arrebataron S/14 mil millones a la inversión pública, ¿qué se avizora para el 2027?

por Aaron Ramos Medina

El Marco Macroeconómico Multianual revela que la tajada de obras en el presupuesto cayó a 22,3% debido a leyes de aumentos y pensiones permanentes aprobados por el Congreso. El próximo año, el costo de estas normas escalará a S/50 mil millones.

El recién publicado Marco Macroeconómico Multianual (MMM) 2027-2030 ha sincerado la factura del populismo legislativo sobre el desarrollo del país. De acuerdo con el informe oficial del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la aprobación de 199 leyes de gasto por parte del Congreso saliente, concentradas casi exclusivamente en aumentos salariales y pensiones permanentes, terminó por asfixiar el espacio destinado a la infraestructura pública.

En un periodo de tres años (2023-2026), la participación de las obras públicas dentro del presupuesto no financiero cayó de 28,5% a 22,3%. Este recorte de 6,2 puntos porcentuales representa un sacrificio de S/14 mil millones que debieron destinarse a construir agua potable, colegios, postas y carreteras, pero que terminaron financiando el gasto corriente del Estado.

La factura del 2027 

Lo peor de la "herencia" legislativa es que su costo no es un golpe de una sola vez. Al tratarse de obligaciones de carácter permanente y de aplicación gradual, se ha incluido en la base presupuestal del país.

Mientras que en 2022 estas medidas apenas costaban S/3 mil 500 millones, el MEF sincera que para el año 2027 la factura anual de estas planillas escalará a casi S/50 mil millones (3,5% del PBI).

Detalla la entidad que encabeza el ministro Elmer Cuba, estas obligaciones continuarán incrementándose de manera automática a un ritmo de al menos S/10 mil millones adicionales cada año.  

Bajo ese escenario de estrés, el déficit fiscal, que hoy se ubica en 1,8% del PBI, saltaría a 2,7% en 2027 y se mantendría en un insostenible 2,8% del PBI entre 2028 y 2030.

Esto provocaría que la deuda pública rompa su límite legal de mediano plazo (30% del PBI) y trepe a una trayectoria alcista hasta alcanzar el 33,8% del PBI en 2030, alumbrando los fantasmas de perder el grado de inversión del país y la credibilidad ganada ante los mercados internacionales.

Entre los principales focos de presión está Educación con la Reforma Magisterial, que costaría S/8.479 millones en 2027 y la nivelación de pensiones de docentes (S/ 7.484 millones). En Salud, los mayores gastos remunerativos sumarían S/3.418 millones, mientras que el pase del personal CAS-COVID demandaría S/ 2.154 millones.

También pesan los nuevos beneficios para trabajadores CAS (S/ 3.017 millones, así como el incremento de pensiones militar-policiales, cuyo costo total estimado de esta medida es de casi S/15 mil millones.

Bajo este escenario, el déficit fiscal subiría de 1,8% del PBI en 2026 a 2,7% en 2027 y se mantendría en 2,8% hasta 2030. La deuda pública, a su vez, alcanzaría 33,8% del PBI, superando el límite de mediano plazo del 30%.

La batalla en el Tribunal Constitucional

Para evitar un naufragio de las finanzas públicas, la salida del Gobierno ha sido llevar por lo menos dos leyes al Tribunal Constitucional. Ya el Colegio de Economistas de Lima interpuso dos demandas de inconstitucionalidad ante el TC respecto de normas con impacto adverso sobre el gasto público, al considerar que vulneran el artículo N° 79 de la Constitución y comprometen el equilibrio presupuestal.

Entre ellas, son la Ley N° 32561 (régimen de pensiones de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, que impone un costo total estimado de casi S/15 mil millones por el incremento de pensiones militares y policiales. Por otro lado, está la Ley N° 32581 (con un costo anual de S/ 8 mil millones para la nivelación de pensiones de docentes jubilados).

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