Expremier Guido Bellido cuestiona gestión de Alberto Beingolea y pide a Keiko Fujimori evaluar su permanencia en Cultura

Política Expremier Guido Bellido cuestiona gestión de Alberto Beingolea y pide a Keiko Fujimori evaluar su permanencia en Cultura El expremier cuestionó las contrataciones de una madre y su hija vinculadas al entorno del ministro y advirtió que el Ministerio de Cultura no debe convertirse en un…

Política

El expremier cuestionó las contrataciones de una madre y su hija vinculadas al entorno del ministro y advirtió que el Ministerio de Cultura no debe convertirse en un espacio para colocar allegados políticos.

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41 segundos ago

28/08/2026

Redacción Lima Gris

La gestión de Alberto Beingolea al frente del Ministerio de Cultura enfrenta un nuevo cuestionamiento. Esta vez, el expremier Guido Bellido Ugarte puso en duda los criterios utilizados para determinadas contrataciones en el sector y pidió a la presidenta Keiko Fujimori evaluar seriamente la continuidad del actual titular del Mincul.

A través de un mensaje, Bellido centró su crítica en el caso de las contrataciones de una madre y su hija, a quienes vinculó con el entorno del ministro. Para el exjefe del Gabinete, esta situación vuelve a colocar en el centro del debate la necesidad de garantizar que los puestos dentro del Estado respondan a criterios profesionales y técnicos, y no a relaciones de cercanía política.

“¿Se está priorizando el perfil profesional o la cercanía política?”, cuestionó Bellido, al referirse a las decisiones adoptadas durante la gestión de Beingolea.

El exministro y excongresista sostuvo que el Ministerio de Cultura no puede convertirse en una “agencia de empleos del PPC” ni en un espacio destinado a la colocación de allegados. Con ello, apuntó directamente al Partido Popular Cristiano, agrupación a la que pertenece Beingolea, y planteó dudas sobre la influencia política en la conformación de los equipos que acompañan al ministro.

Bellido también dirigió su mensaje a la presidenta Keiko Fujimori. Consideró que, si el Gobierno busca preservar su imagen, debería revisar la situación generada alrededor del Ministerio de Cultura y exigir que las contrataciones y designaciones se realicen bajo criterios de mérito, transparencia y cumplimiento de los perfiles técnicos.

“El Ministerio de Cultura no puede convertirse en una agencia de empleos del PPC ni en un espacio para colocar allegados”, afirmó el expremier.

Sus declaraciones se suman a los cuestionamientos que viene acumulando la administración de Beingolea en el sector cultural. El debate no solo alcanza al ministro, sino también a los mecanismos mediante los cuales se incorporan funcionarios y servidores a una cartera que administra importantes recursos públicos y tiene bajo su responsabilidad la protección del patrimonio cultural del país.

La controversia plantea así una pregunta que trasciende el caso particular de las contrataciones señaladas por Bellido: ¿las posiciones dentro del Ministerio de Cultura están siendo ocupadas por personas seleccionadas por su experiencia y especialización, o por vínculos de confianza y cercanía política?

Por ahora, el cuestionamiento político está planteado. La respuesta deberá pasar por la transparencia de las contrataciones, la revisión de los perfiles profesionales y, sobre todo, por las explicaciones que correspondan desde el propio Ministerio de Cultura. Mientras tanto, la Fiscalía Anticorrupción sigue invesntigando.

¿Un despacho presidencial paralelo? Keiko Fujimori y las reuniones en un spa de La Victoria

Redacción Lima Gris

Política

¿Un despacho presidencial paralelo? Keiko Fujimori y las reuniones en un spa de La Victoria

La realización de encuentros de la mandataria fuera de los espacios institucionales, sin información pública suficiente sobre sus participantes, motivos y eventuales resultados, abre un serio debate sobre transparencia y rendición de cuentas. Se debe esclarecer que se habló en esos encuentros cuando Keiko ya había sido declarada presidenta electa.

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6 días ago

22/08/2026

Redacción Lima Gris

La imagen resulta, cuando menos, incómoda para un gobierno que debería tener como regla la transparencia: una presidenta de la República que sostuvo reuniones con un empresario extranjero en un centro de masajes ubicado en La Victoria, lejos de los espacios habituales. Palacio de Gobierno debe responder qué se habló allí, quiénes participaron, qué intereses estuvieron sobre la mesa.

Según la información periodística difundida por el semanario Hildebrandt en sus trece, el empresario argentino Damián Valenzuela Mayer, de 51 años, compartió reuniones con la presidenta Keiko Fujimori en el Spa Tomyko, ubicado en La Victoria. En una de sus reuniones Keiko ya había sido declarada presidenta electa.

Presidenta Fujimori en auto frente a Spa Tomyko. Foto: Hildebrandt en sus trece.

El fantasma de Sarratea

El antecedente político inevitable es el caso de Pedro Castillo y las reuniones que sostuvo en una vivienda del jirón Sarratea, en Breña.

Aquellas reuniones provocaron una profunda controversia porque se desarrollaban fuera de Palacio de Gobierno y generaron dudas sobre quiénes tenían acceso al entonces presidente y qué asuntos se discutían al margen de los mecanismos habituales de transparencia.

La comparación no significa afirmar que ambos casos sean jurídicamente iguales. Pero existe una similitud política que no puede ignorarse: el riesgo de que el poder se desplace hacia espacios privados donde disminuyen los mecanismos de control y escrutinio público.

Expresidente Pedro Castillo y sus visitas al inmueble del pasaje Sarratea.

Por eso, la pregunta que debe responder el Gobierno de Keiko Fujimori es concreta: ¿el spa de La Victoria se convirtió en un espacio para tratar asuntos vinculados al Estado?

La ruta que debe seguir la investigación

El primer paso debería ser establecer si las reuniones fueron registradas en una agenda oficial. También debe determinarse quién coordinó el encuentro, quién acompañó a la mandataria, cuál fue su motivo y si existieron posteriores reuniones entre el empresario y funcionarios del Ejecutivo.

La investigación debería seguir una línea temporal: reunión, contactos posteriores, gestiones administrativas y eventuales decisiones del Estado. Ese recorrido puede ser mucho más revelador que la reunión misma.

Si después del encuentro aparecen gestiones ante ministerios, organismos públicos, autorizaciones, contratos, inversiones o decisiones administrativas vinculadas con los intereses del empresario, la controversia adquiriría una dimensión mucho mayor.

En ese escenario ya no estaríamos ante una cuestión meramente protocolar, sino ante la necesidad de determinar si existió una gestión de intereses.

¿Qué debe hacer el Congreso?

El Congreso debe investigar si el Spa Tomyko funciona como un “despacho paralelo” para la actual presidente Keiko Fujimori.

La Comisión de Fiscalización podría solicitar inicialmente la agenda presidencial, los registros de visitas, la información disponible sobre las personas que participaron en las reuniones y los documentos relacionados con eventuales gestiones posteriores.

También debería requerirse información sobre las empresas y actividades que representa el empresario argentino, así como sobre cualquier expediente o decisión administrativa que pudiera guardar relación con los asuntos tratados.

Si aparecen indicios suficientes, el Parlamento podría evaluar la conformación de una comisión investigadora con facultades específicas. El objetivo no debería ser construir una acusación política contra Fujimori, sino responder una pregunta institucional mucho más importante: ¿se está tomando alguna decisión de Estado fuera de los canales formales y sin la debida trazabilidad?

Palacio debe responder, no refugiarse en el silencio

La reacción del Gobierno será determinante. Keiko debería explicar públicamente la naturaleza de estas reuniones y proporcionar la información que corresponda. Una respuesta basada únicamente en que la presidenta tiene derecho a la privacidad sería insuficiente. Recordemos que una de sus reuniones con el empresario argentino se dio cuando Fujimori Higuchi, ya había sido declarada presidenta electa.

El Gobierno tiene una oportunidad para despejar las dudas: transparentar las reuniones, identificar a los participantes, explicar los motivos y precisar si hubo alguna consecuencia administrativa o política posterior.

Empresario argentino Damián Valenzuela Mayer. Foto: Hildebrandt en sus trece.

Pero si opta por minimizar los hechos, entregar versiones contradictorias o mantener en reserva información que debería ser pública, el costo político aumentará.

Porque el problema sería que una parte del ejercicio del poder se estaría trasladando deliberadamente a espacios privados donde resulta más difícil saber quién entra, qué se negocia y qué decisiones se toman. Y esa es precisamente la lección que dejó Sarratea.

La pregunta que importa continúa sin responderse: ¿qué asuntos de Estado se discutieron en ese spa de La Victoria y qué decisiones se tomaron después?

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Política

Exministra de Educación Flor Pablo Medina se benefició de la Ley Soto

La Fiscalía Anticorrupción de Lima confirma que la acción penal contra la excongresista y exministra de Educación Flor Pablo se extinguió tras la aplicación de la llamada «Ley Soto»; el proceso investigaba irregularidades en un contrato de transporte de materiales educativos suscrito en 2014.

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1 semana ago

20/08/2026

Leonardo Serrano Zapata

La Primera fiscalía provincial de Lima a cargo del fiscal investigó a la exministra de Educación, Flor Pablo Medina durante la gestión de Martín Vizcarra, por el presunto delito de negociación incompatible (Carpeta Fiscal N.º 506015505-2015-444-0).

El fiscal Néstor Rivera Navarro, sostenía que los hechos habrían ocurrido cuando Medina se desempeñaba como directora de Educación Primaria del Ministerio de Educación (Minedu). Y solicitó 4 años y 8 meses de prisión en su contra en 2020 por negociación incompatible, en agravio del Estado.

El proceso penal se tramita ante el Tercer Juzgado Penal Unipersonal de Lima, órgano especializado en delitos cometidos por funcionarios públicos.

La fiscalía sostenía que los implicados habrían modificado sin justificación el Contrato N.º 002-2014-MINEDU y su adenda del 30 de julio de 2014, lo cual perjudicó económicamente al Ministerio de Educación y benefició directamente al Consorcio Lucar-Alcarraz, representado por Vidal Alcarraz Rivera y Francy Omar Alcarraz Serna.

Además de Pablo Medina, la investigación fiscal incluía a otras trece personas entre exmiembros del ministerio y representantes de la empresa privada. Los investigados son Manuel Cox Ganoza, José Bellido Suárez, José García Córdova, Arnold Camones Jara, Patricia Espichan Cuadros, Jimmy Santos Quiroz Caycho, Daniel Gaspar Lagua, Miriam Jessica Arias Gamarra, Jorge Martín Gómez Herrera, Lupita del Rosario Domínguez Odar, Lilly Rocío Vivanco Montoya, junto con los empresarios Alcarraz Rivera y Alcarraz Serna.

Defensa legal pagada por el ministerio de Educación

Pese a que la excongresista Pablo Medina rechazó públicamente los cargos argumentando que dejó la dirección de Educación Primaria antes de ocurrir los hechos investigados. Solicitó defensa legal y en octubre de 2017, el Ministerio de Educación autorizó financiar la defensa legal de la exfuncionaria (Resolución N.º 293-2017-MINEDU).

El archivamiento por prescripción

El 18 de agosto de 2023, durante la entrevista con el periodista Jaime Chincha, la entonces congresista Flor Pablo cuestionaba como el congresista Soto usara la Ley N.º 31751, para acogerse a la prescripción: “Luego aprovecharse de la ley de prescripción, claro, él dice no fue de mi autoría, por favor. Votó a favor en su momento y luego al final se termina beneficiando, pero el trámite no lo hizo él, lo hizo su abogado. se lavaba las manos por todos lados”. La excongresista Pablo Medina, también se benefició de la Ley.

El Tercer Juzgado Penal Unipersonal de Lima declaró la extinción de la acción penal por prescripción a favor de los 14 investigados, incluido Pablo Medina, en el caso de negociación incompatible (Resolución N.º 33, del 20 de abril de 2026). Como consecuencia de la prescripción, el órgano judicial dispuso el archivo definitivo (sobreseimiento) del caso.

La decisión de prescribir el caso se dio de oficio. El juez aplicó la prescripción directamente al advertir que el plazo de persecución penal había vencido, bajo el nuevo criterio establecido por el Tribunal Constitucional (TC).

La resolución que archivó el caso quedó firme (consentida) el 9 de abril de 2026, tras el fallo del TC del 22 de enero de 2026 (Expediente N.º 00013-2024-PI/TC). En dicha sentencia, el TC declaró constitucional la Ley N.º 31751 (conocida como «Ley Soto»), la cual limita a un año como máximo la suspensión del plazo de prescripción.

Según informó el diario La República en el caso contra Pablo, la demora en la entrega de dicho material educativo significó un retraso de 187 días y ocasionó un perjuicio de S/ 4 millones al Estado por el tiempo de almacenaje.

Según el informe del fiscal Jorge Reyes Huamán: “el estado actual de la Carpeta Fiscal N.º 444-2015; se encuentra pendiente de resolverse lo correspondiente a la REPARACIÓN CIVIL, audiencias en las que ya no forma parte el Ministerio Público, quedando pendiente la ANULACIÓN DE REGISTRO (SGF)”.

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Política

Galarreta promete ordenar el Estado, pero deja demasiadas preguntas en el aire en medio de largas promesas

En su presentación ante el Congreso, el premier Luis Galarreta trazó cinco ejes para el Gobierno de Keiko Fujimori: seguridad, prevención de desastres, desarrollo social, crecimiento económico y gobernabilidad. El discurso está cargado de cifras, metas y anuncios, pero también de promesas cuya ejecución, presupuesto y responsables todavía requieren respuestas. El gran desafío no será anunciar lo que el Estado debe hacer, sino demostrar que este Gobierno puede convertir el diagnóstico en resultados.

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1 semana ago

20/08/2026

Redacción Lima Gris

El premier Luis Galarreta llegó este jueves al Congreso con un discurso diseñado para transmitir autoridad, orden y capacidad de gestión. Desde el título de su presentación —“Ordenar el Estado para recuperar la seguridad, destrabar el crecimiento y convertir las decisiones públicas en resultados”— el Gobierno quiso instalar una idea central: el problema del Perú no sería la falta de diagnósticos, sino un Estado incapaz de ejecutar.

Galarreta fue enfático al describir la administración que recibió. Habló de “total desorden”, burocracia, improvisación, abandono, corrupción y recursos almacenados durante años. Incluso mencionó insumos sin utilizar, órdenes de servicio que requieren explicación y miles de kits de uniformes sin distribuir. Sin embargo, hay una pregunta inevitable: ¿quiénes son los responsables de ese desorden y qué mecanismos concretos utilizará el Gobierno para determinar responsabilidades? El discurso denuncia, pero no desarrolla una estrategia de rendición de cuentas sobre los hechos que atribuye a administraciones anteriores.

Seguridad: más policías, tecnología y cárceles

El primer eje fue la seguridad ciudadana. Galarreta prometió enfrentar extorsión, sicariato, crimen organizado, narcotráfico y economías ilegales mediante inteligencia, tecnología y mayor presencia policial. También anunció el fortalecimiento de la investigación contra la extorsión, sistemas biométricos AFIS, videovigilancia con inteligencia artificial, más de 50 mil operativos penitenciarios y bloqueo de comunicaciones desde las cárceles.

El problema es que buena parte de estas propuestas ya forman parte del repertorio habitual de los gobiernos: más cámaras, más operativos, más inteligencia, más equipamiento. La pregunta que queda pendiente es otra: ¿qué cambiará realmente en la capacidad de investigación criminal, en la coordinación entre Policía, Fiscalía y Poder Judicial y en la persecución financiera de las organizaciones criminales?

También resulta polémica la propuesta de eliminar mecanismos como la terminación anticipada en delitos violentos. Galarreta la presenta como respuesta a la llamada “puerta giratoria”, pero cualquier modificación de esta naturaleza debe demostrar que no terminará congestionando aún más el sistema penitenciario y judicial.

El Gobierno anuncia además nuevos penales, utilización de cuarteles en desuso y participación excepcional de las Fuerzas Armadas en la seguridad externa de las cárceles. La pregunta fundamental será si existe presupuesto, cronograma y capacidad institucional para ejecutar todo ello sin convertir la política de seguridad en una sucesión de anuncios.

El Fenómeno El Niño: el propio Gobierno admite que llega tarde

En prevención de desastres aparece una de las confesiones más importantes del discurso. Galarreta reconoce que el país “va tarde” en la prevención del Fenómeno El Niño 2026-2027. El Gobierno anuncia 536 puntos críticos para limpieza y descolmatación, más de S/62 millones para pesca y la ampliación de los grupos especializados de búsqueda y rescate USAR de cuatro a 16 al final del quinquenio.
El reconocimiento es positivo, pero también revela la dimensión del problema: el Gobierno sabe que la emergencia se aproxima y admite que la prevención está retrasada.

La referencia a las lluvias del 16 de agosto en Lima Sur —que afectaron Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, Chorrillos y San Juan de Miraflores— convierte el anuncio en una cuestión de urgencia. Pero limpiar cauces y anunciar drenajes no equivale todavía a construir una política integral de adaptación climática. El Perú necesita mantenimiento permanente, planificación urbana, infraestructura resistente y coordinación efectiva entre Gobierno nacional, regiones y municipios.

Salud y educación: objetivos ambiciosos, pero sin suficiente detalle

El tercer eje ofrece metas sociales: reducir anemia y desnutrición, fortalecer establecimientos de salud, disminuir listas de espera, mejorar aprendizajes, combatir el trabajo infantil y ampliar la capacitación laboral. También se promete atención domiciliaria para adultos mayores y más de 40 mil conexiones de agua en 18 departamentos.

Aquí aparece otro problema del discurso: la abundancia de cifras puede producir una sensación de precisión que no necesariamente equivale a una garantía de cumplimiento.

Decir que se atenderá a más de un millón de personas durante el quinquenio o que se instalarán miles de conexiones es cuantificable. Pero el verdadero indicador será la calidad del servicio. En salud, por ejemplo, reducir una lista de espera no basta si persisten hospitales sin medicamentos, equipos deteriorados o falta de especialistas.

Crecimiento: el discurso apuesta por inversión y destrabe

El cuarto eje es probablemente el más claramente orientado hacia la inversión privada. Galarreta propone simplificación tributaria, financiamiento para MYPE, reactivación de obras de riego, nuevos proyectos energéticos, infraestructura vial, conectividad digital y seguridad jurídica para las inversiones mineras.

El mensaje intenta recuperar una receta conocida: reglas claras, inversión, productividad y empleo formal.

Sin embargo, el Gobierno debe demostrar que “destrabar” no significa simplemente acelerar proyectos. En minería, por ejemplo, el propio premier reconoce que la inversión privada requiere seguridad jurídica y procedimientos previsibles, pero también afirma que no se rebajarán las obligaciones ambientales y sociales. Ese equilibrio será una de las pruebas políticas más importantes de la administración Fujimori.

La cartera minera superior a US$33 mil millones aparece como expectativa de inversión ejecutada hacia 2031, no como dinero que el Estado tenga bajo control. El propio discurso hace esa precisión. Y esa precisión es importante: una cartera anunciada no equivale a inversión realizada, ni inversión realizada equivale automáticamente a desarrollo para las poblaciones involucradas.

Democracia: la prueba estará en los hechos

El quinto eje proclama respeto por la democracia, la separación de poderes, las libertades de prensa y expresión y los derechos fundamentales. Galarreta también ofrece diálogo con fuerzas políticas, gobiernos regionales y locales, empresarios, trabajadores y organizaciones sociales.

Es, quizá, la parte que más tendrá que contrastarse con la práctica. Un Gobierno no demuestra respeto por la libertad de prensa porque lo declare desde el Congreso, sino por la forma en que tolera la crítica, responde a las investigaciones periodísticas y garantiza el acceso a la información pública.

Galarreta también pidió al Parlamento acompañar al Ejecutivo para “destrabar” soluciones, aunque reconoció que el Congreso debe mantener su función fiscalizadora. El equilibrio es delicado: coordinar no puede convertirse en subordinar la fiscalización.

El verdadero examen empieza después del discurso

Galarreta intentó anticiparse a las críticas anunciando metas para diciembre de 2026, julio de 2027 y 2031. Aseguró que en seis meses el Gobierno debería poder demostrar que empezó, contrató, entregó, aprobó, destrabó o puso en funcionamiento aquello que prometió.

Ahí está precisamente la vara con la que debe medirse este Gobierno.

El discurso tiene diagnósticos razonables, una extensa lista de metas y una evidente voluntad de transmitir autoridad. Pero también contiene una acumulación de promesas que atraviesan prácticamente todos los problemas estructurales del país: seguridad, cárceles, salud, educación, agua, infraestructura, minería, agricultura, energía, transporte, prevención de desastres y reforma del Estado.

El riesgo es que el Gobierno termine confundiendo una agenda extensa con una capacidad real de ejecución

Galarreta cerró hablando de “menos confrontación estéril, más coordinación; menos trámites y discursos, más soluciones”. Es una frase políticamente eficaz. Pero también constituye, desde hoy, una promesa que puede ser utilizada para medir al propio Gobierno.

Porque el Perú no necesita otro catálogo de buenas intenciones. Necesita que la seguridad deje de ser una estadística, que los hospitales atiendan, que las escuelas funcionen, que el agua llegue, que las obras terminen y que el Estado llegue antes que la emergencia.

El discurso de Galarreta ha presentado el mapa. Ahora falta saber si el Gobierno de Keiko Fujimori tiene la capacidad política, técnica y presupuestal para recorrer el territorio. El verdadero mensaje no será el pronunciado hoy en el Congreso: serán los resultados que puedan verificarse cuando llegue la hora de rendir cuentas.

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Política

Keiko prometió mano dura, pero mantiene a Óscar Arriola al mando de la PNP pese al fracaso contra el crimen

Durante la campaña la presidenta prometió mano firme, pero su ministro César Astudillo ayer respaldó la continuidad del general Óscar Arriola y soltó una frase infeliz: “El año pasado teníamos 500 muertos más”. Mientras se viene el paro de transportistas, Keiko ignora sus cartas y no los recibe para explicar su supuesto ‘plan nacional de seguridad’.

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1 semana ago

20/08/2026

Luis Felipe Alpaca

La llamada “mano dura” que Keiko Fujimori ofreció durante la campaña empieza a parecerse demasiado al viejo truco de cambiar el discurso, conservar a los mismos altos mandos y esperar que, por arte de magia la criminalidad retroceda. Aquí el problema es que las balas no entienden de discursos electorales y menos los extorsionadores.

El gobierno de Keiko parece continuar la peligrosa inercia de administraciones anteriores que observaron impávidos cómo la delincuencia, el sicariato y la extorsión crecían sin que nadie se atreviera a meterle bisturí a una Policía Nacional que desde hace mucho tiempo necesita una reingeniería profunda. Pero en lugar de una reorganización total, aparecen los mismos rostros, los mismos generales y las mismas estructuras que no han conseguido resultados convincentes.

La primera señal llegó el 28 de julio pasado, cuando la presidenta designó como ministro del Interior al general EP (r) César Astudillo Salcedo. Nadie discute que fue comando de Chavín de Huántar. Pero una operación militar de esa naturaleza no convierte automáticamente a un oficial del Ejército en especialista en criminalidad común y organizada.

Hay, además, un asunto mucho más delicado. Astudillo se encuentra en la mira de las autoridades por presuntamente haber integrado una red criminal dedicada al desvío y comercialización ilegal de combustible asignado a las Fuerzas Armadas, dentro del denominado caso “Gasolinazo”. Las investigaciones del Ministerio Público sostienen que gasolina y petróleo destinados a la operatividad institucional terminaban comercializados en grifos particulares e incluso entregados a familiares para obtener un lucro indebido. En ese escenario, su llegada al Gobierno naranja difícilmente puede venderse como una renovación contundente de la seguridad.

En febrero del 2021, la Fiscalía allanó el domicilio del general EP César Astudillo involucrado en el denominado “Gasolinazo”.

Pero el reciclaje no terminó allí.

Hace unos días apareció otro nombre; el general César Alberto Jordán Brignole, designado en el Viceministerio de Orden Interno. Jordán fue asesor de seguridad de López Aliaga, postuló al Senado por Renovación Popular, fue reducido y capturado durante el Moqueguazo y recibió una sentencia de 18 meses de prisión suspendida por desacatar órdenes de su comando.

¿Esta es la renovación que necesita el Perú para enfrentar a las bandas que cobran cupos, amenazan empresarios, asesinan transportistas y convierten la extorsión en un impuesto criminal?

Cuestionado General Jordán es de Renovación Popular y es designado Viceministro de Orden Interno.

Y como si faltara una pieza para completar el cuadro de “méritos”, el ministro César Astudillo ayer decidió respaldar la continuidad del comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola Delgado. Su permanencia, dijo, seguirá mientras se siga obteniendo resultados.

¿Resultados? Esa es precisamente la pregunta que miles de peruanos quieren responder.

Óscar Arriola asumió la comandancia general de la PNP en octubre del 2025 y el gobierno de Keiko lo mantiene en el cargo.

Astudillo sostuvo: “Ustedes ven a mi costado a los mismos altos mandos y al mismo comandante general que estaba cuando asumimos. Mientras sigamos trabajando y obteniendo resultados, continuarán”.

Luego agregó: “La gente puede decir, ‘pero oye, ayer han matado a una persona’. No es que yo sea triunfalista pero la tendencia que tenemos es a bajar, los números no engañan. Si comparamos con el año pasado, estamos bien lejos. El año pasado teníamos 500 muertos más”.

El problema es que detrás de cada frio número hay una familia. Y decir que antes hubo “500 muertos más” puede servir para una estadística, pero resulta una respuesta indolente frente a los deudos de quienes fueron asesinados. Es una lógica que recuerda aquella desafortunada expresión del exministro de Educación del régimen fujimorista Jorge Trelles durante la campaña naranja del 2011 cuando dijo: “nosotros matamos menos”.

Si Keiko Fujimori y César Astudillo consideran que Óscar Arriola está haciendo un buen trabajo, convendría preguntar por qué los transportistas anunciaron para el próximo martes 25 de agosto un paro en Lima y Callao.

Ricardo Pareja Fonseca, presidente de la Cámara de Transporte Urbano, explicó que la movilización responde, entre otras razones, a que ya enviaron varias cartas a la presidenta Keiko Fujimori para que explique cuál es su plan de seguridad nacional. Sin embargo, hasta ahora, según sostuvo, la mandataria no responde las misivas ni los recibe, mientras los extorsionadores continúan asesinando a choferes y cobradores todos los días.

Y aquí aparece el verdadero problema: ¿por qué Arriola permanece al frente de la PNP? ¿Por qué este gobierno insiste en conservar estructuras cuestionadas en vez de desmontarlas y construir una estrategia policial distinta?

No se puede hablar de transformación mientras se mantiene la lógica de siempre. Basta recordar lo ocurrido en julio del año pasado, durante el nefasto gobierno de Dina Boluarte, cuando la PNP estaba al mando del cuestionado Víctor Zanabria. Mientras cientos de comisarías enfrentaban la delincuencia con patrulleros obsoletos, se autorizó una millonaria compra de vehículos de alta gama para los altos mandos policiales, incluyendo un Audi que el propio Zanabria Angulo se adjudicó.

Según el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (SEACE), la adquisición comprendió 168 vehículos: camionetas Audi para los tenientes generales, 40 Toyota RAV4 para los generales por S/5.2 millones y 120 Toyota Corolla para los coroneles por S/11.9 millones. El monto total superó los S/18 millones. Cada Audi costó S/200,834; cada RAV4, S/131,683; y cada Corolla, S/99,292. La licitación contó con 13 empresas automotrices y terminó adjudicada a Euroshop y Autoespa.

Comandancia General de la PNP gastó millones en la compra de camionetas Audi de alta gama para los altos mandos policiales.

Mientras tanto, comisarías sin patrulleros adecuados, combustible suficiente, comunicaciones modernas y personal debidamente equipado seguían esperando. Y entre los beneficiados apareció Óscar Arriola, entonces jefe del Estado Mayor de la PNP, poco antes de asumir la comandancia general.

Eso resume la contradicción del gobierno de Fuerza Popular. Se prometió “mano dura contra la inseguridad y la corrupción”, pero se mantiene la mano de siempre. El Perú no necesita generales reciclados, ni discursos triunfalistas. El régimen naranja necesita depurar, reorganizar y profesionalizar la Policía, cortar cualquier vínculo con la corrupción y poner los recursos de los peruanos donde realmente hacen falta. Porque mientras el Gobierno conserva a los mismos de siempre como Arriola, los criminales continúan orondos y también conservan sus turbios negocios.

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Política

La deuda educativa que recibe Keiko Fujimori: 20% no termina primaria y 28% no culmina secundaria. ¿Hacia dónde va la educación peruana?

Además, el analfabetismo se estanca en 5%, pese a ocho años de avance mínimo, la brecha de género se mantiene intacta, el analfabetismo golpea el doble a las mujeres, 22 de cada 100 adultas mayores no saben leer ni escribir. La pregunta que el Minedu no puede seguir postergando: ¿Cuál es el plan del ministro José Antonio Chang para cerrar estas brechas?

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1 semana ago

20/08/2026

Leonardo Serrano Zapata

Durante el seminario internacional «Estadística Pública» promovido por el INEI, el jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) que se lleva a cabo del 19 al 20 de agosto. Hoy el Dr. Gaspar Moran Flores, presentó los resultados de los Censos Nacionales 2025, dejando datos demográficos y sociales interesantes para tomar en cuenta al momento de elaborar las políticas públicas.

La población total del país alcanzó los 34,157,732 habitantes, de los cuales 32,706,028 fueron efectivamente censados, con una omisión de 4.25%. El crecimiento poblacional anual fue de 1.1% entre 2017 y 2025, impulsado en parte por la inmigración venezolana.

El país es predominantemente urbano (91.4%) y la costa concentra el 58.7% de la población. Lima Metropolitana sigue siendo el centro poblacional más importante del país, y San Juan de Lurigancho el distrito más poblado, con 1,125,000 habitantes.

Educación: avances con rezago persistente

El censo 2025, muestra que el 54.3% de los niños de 3 a 5 años tiene educación inicial, mientras el 45.7% aún no la alcanza. En primaria (6 a 11 años), la cobertura llega al 80.1%, pero cerca del 20% de ese grupo no tiene este nivel. Entre los adolescentes de 12 a 17 años, el 70% cuenta con secundaria, frente a un 28% que todavía no la alcanza. Y de los jóvenes de 18 a 26 años, solo el 51.3% accede a educación superior universitaria o no universitaria; el resto se queda en niveles hasta primaria.

El analfabetismo es una problemática que debe ser erradicada, porque desencadena pobreza, marginación y exclusión en las poblaciones más vulnerables y alejadas (García-Segura, 2017). Este proceso es consecuencia de la desigualdad y discriminación social y cultural latente en la sociedad peruana, debido a la inconstancia en las políticas estatales (Urquizo- Vásquez, 2023).

El analfabetismo en la población de 15 años y más, bajó a 5.1% en 2025, frente al 5.8% de 2017. Sin embargo, persisten fuertes brechas de género: la tasa en mujeres (7.4%) más que duplica la de los hombres (2.8%), y llega a 22.3% entre las mujeres de 60 años o más. Sin embargo, el número de personas analfabetas aumentó de 1 millón 262 mil a 1 millón 297 mil personas, como resultado del crecimiento de la población en este grupo de edad. Huancavelica y Apurímac concentran las tasas departamentales más altas, y a nivel provincial destacan Pomabamba, en Áncash (25.5%), y Paucartambo, en Cusco (25%). Loreto fue el único departamento donde el analfabetismo aumentó respecto a 2017. En el Perú, las políticas públicas orientadas a reducir y erradicar el analfabetismo han transitado desde programas centrados principalmente en la enseñanza de la lectura y escritura hacia una concepción más integral de la alfabetización, vinculada con la inclusión educativa, la Educación Básica Alternativa (EBA), la interculturalidad, la atención de las poblaciones bilingües y el desarrollo de competencias digitales (alfabetización mediática).

Sin embargo, persisten importantes desafíos relacionados con la asignación presupuestal del programa de alfabetización. Lo asignado en el 2026 se redujo en aproximadamente S/ 46,805 respecto al año anterior. Afectada por la falta de estrategias efectivas de identificación y atracción de nuevos estudiantes.

Se requieren políticas integrales de reducción y erradicación del analfabetismo, articuladas entre el Ministerio de Educación, los gobiernos regionales y locales y las propias comunidades, así como un cambio de los compromisos de gestión directiva que vuelvan a poner en el centro estrategias para prevenir la deserción escolar en primaria y secundaria, además de una atención articulada entre MIDIS, MINEDU y MINAGRI.

Menos estudiantes, menos docentes en EBA

Más de 8 millones de personas no terminaron su educación básica, pero el Estado solo atenderá al 2.2% de ellas este año. Existe una falta de coordinación entre la Dirección de Educación Básica Alternativa del Ministerio de Educación del Perú (MINEDU) a cargo de Luis Alberto Vásquez Quispe quien mantiene el puesto desde el 2023 y los gobiernos regionales para reducir la brecha educativa.

Cada vez menos estudiantes son matriculados en los CEBA del país a pesar de contar con distintas formas de atención: presencial, semipresencial y a distancia y atender a personas mayores de 14 años.

La modalidad EBA cada año pierde docentes por el proceso de racionalización, el diagnóstico es que faltan docentes especializados en la modalidad. El promedio de edad de los docentes de EBA es de 45 años. Los jóvenes docentes no están siendo atraídos por la modalidad; las condiciones laborales, de infraestructura educativa y las pocas plazas docentes. Actualmente existe 1440 CEBA públicos en el país.

Esperemos que la restructuración que promueve la gestión de Keiko Fujimori de los distintos sectores, incluyendo el Ministerio de Educación. Permita elaborar nuevas políticas para reducir la brecha: Las existentes no trajeron resultados significativos.

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Política

Minedu recibe a diputados de JP y dirigentes de FENATE PERÚ para discutir pensiones de maestros ¿Diálogo o presión?

Los dirigentes del FENATE PERU y diputados del partido Juntos por el Perú se reunieron con funcionarios del Ministerio de Educación entre ellos Lorena Gavilano Iglesias (secretaria general) y Sandra Inés Ramírez Méndez (jefa del Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial) para discutir la reglamentación de la ley de pensión docente.

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1 semana ago

19/08/2026

Leonardo Serrano Zapata

Pese a las declaraciones del 11 de agosto, del ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, respecto a que el Sindicato Único de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) es el único sindicato reconocido por el Gobierno como interlocutor válido para tratar asuntos educativos.

El Ministerio de Educación, durante la gestión del ministro José Antonio Chang, recibió este martes 18 de agosto a diputados del Congreso de la República (Juntos por el Perú) y a dirigentes del Comité Ejecutivo Nacional de la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (FENATEPERÚ).

De acuerdo con el registro de visitas del Minedu, la reunión se desarrolló en la sala 11 entre las 9:41 a. m. y las 12:42 p. m. en la sede central del ministerio y estuvieron coordinadas por Roger John Rodríguez Delgado, jefe de la Oficina de Diálogo del Minedu.

Del lado del Congreso, entre los asistentes identificados en el registro figuran varios diputados del partido Juntos por el Perú para el periodo 2026-2031: Amalia Emilia Palomino Pacheco (Arequipa), Olver Peña Córdova (San Martín), César Hugo Tito Rojas (Puno), Graciela Chipana Condori y Alejandro José Manay Pillaca (Ayacucho).

Por FENATE PERÚ participaron seis dirigentes: Mauro Concha Villegas (secretario general del FENATEP), Segundo Vásquez González, Walter Alfredo Licla Zamora, Belinda Medrano Alfaro, César Enrique Díaz Dávila, y María Elena Atoche Vilca.

Además, la jornada contó, con la participación directa de dos funcionarias de la alta dirección del Ministerio de educación: Lorena Gavilano Iglesias, secretaria general, y Sandra Inés Ramírez Méndez, jefa del Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial.

Uno de los ejes centrales fue la reglamentación de la Ley N.º 32581, que garantiza una pensión equivalente a la Remuneración Íntegra Mensual de la primera escala de la Carrera Pública Magisterial para maestros jubilados y cesantes. La norma, promulgada en abril, sigue pendiente de reglamento, y el propio Congreso la mantiene en su listado de leyes en espera de implementación por el Ejecutivo.

El debate llega en un momento delicado: esta semana el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, adelantó que el Colegio de economistas de Lima llevará la Ley N.º 32581 —junto con la Ley N.º 32563, sobre CTS del personal CAS— al Tribunal Constitucional, al considerar que ambas normas comprometen recursos públicos sin respaldo presupuestal suficiente.

En el gobierno de Keiko Fujimori saben que la falta de diálogo con los sectores sociales puede provocar huelgas y paros como lo ocurrido en Ucayali.

En este contexto, es importante que el ministro Chang y sus funcionarios inicien espacios de conversación con los diferentes actores del sector educación. Se espera que estos encuentros logren acuerdos concretos en beneficio de los maestros.

DATO: En mayo, los dirigentes del FENATEP también fueron recibidos por la exministra de educación María Esther Cuadros y anteriormente en el Congreso cuando José Jerí era titular del legislativo.

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Política

Asegurando el feudo celeste: el plan de Renovación Popular para perpetuar a sus alcaldes

Tras asegurar una curul por diez años consecutivos con la reforma del Congreso, Norma Yarrow promueve ahora la reelección municipal y el mandato de cinco años. Un banquete legislativo confeccionado a la medida de Renovación Popular y del cálculo político para perpetuar en el poder a su jefe partidario López Aliaga.

Published

2 semanas ago

15/08/2026

Luis Felipe Alpaca

En la política peruana, la trafa no siempre se viste de noche ni actúa en las sombras; a veces se disfraza de “norma” parlamentaria, se firma con papelería oficial y se defiende con impostada indignación moral. Lo de Renovación Popular y su secretaria general, la hoy diputada electa Norma Yarrow, no es más que el enésimo episodio de una vieja maña criolla; la de la legisladora que acomoda el marco legal a la medida de sus apetitos de poder y de la caja chica que garantiza el presupuesto público.

Hay que tener cinismo para sostener la bandera de la «ética» mientras se cobra con la mano derecha lo que se pretende objetar con la izquierda. Gracias a las maniobras y reformas impulsadas en el Legislativo, la señora Yarrow gozará diez años seguidos pegada a la mamadera del Congreso, ostentando una posición de privilegio e incrementando de manera sustancial sus cuentas bancarias. Pero el poder en la Avenida Abancay al parecer nunca parece suficiente para la cúpula celeste. Apagado el barullo de las urnas y recién instalada en su curul, la primera jugada de su agenda no estuvo destinada a resolver la angustia de las calles, sino a presentar un proyecto de ley confeccionado a medida; buscar elevar el mandato de los alcaldes a cinco años e instituir la reelección inmediata.

La jugada se canta sola. ¿Acaso no resulta demasiado evidente la maniobra para allanarle el terreno a su jefe y mandamás partidario, Rafael López Aliaga, para que perpetúe su gestión y retenga el sillón municipal más tiempo del debido en caso sea elegido alcalde? Es la arquitectura del favorecimiento propio, la norma con nombre y apellido ejecutada por una subordinada que no disimula su apego al mandato de su líder.

Cuando la prensa la encaró por las mañas tramposas de su tayta en la contienda municipal, la legisladora se despachó con una respuesta de antología que delata su concepción del marco institucional: «Acá nadie está desobedeciendo la norma. Allá el Jurado, que se deja sacar la vuelta: ‘Acá hay un vacío legal. Él renunció hace un año y medio. Personalmente, yo creo que debe haber una reelección por única vez y que no puedan ser familiares quienes sucedan en el cargo’». Su explicita declaración no dejó dudas, ni un margen al error; el respeto al votante o a la neutralidad democrática le importa poco o nada. Su lealtad no responde a los electores que pagan su sueldo, sino a los intereses particulares del dueño del partido que la cobija.

Esa misma incoherencia quedó al descubierto durante la campaña presidencial de noviembre de 2025. Amparada en una conveniente modificación al artículo 25-A del Reglamento del Congreso —aprobada en septiembre de aquel año y sumamente cuestionada por romper la neutralidad electoral cuando las Elecciones Generales ya habían sido convocadas—, Yarrow utilizó los recursos de la semana de representación para hacer abierta campaña política en favor de la divisa celeste, justo cuando el partido oficializaba su postulación a la primera vicepresidencia. En lugar de cumplir con la labor constitucional fijada para ese periodo —escuchar las demandas ciudadanas, recepcionar denuncias, fiscalizar al Ejecutivo y actuar en el territorio—, la parlamentaria celeste prefirió hacer proselitismo con dinero de todos los peruanos.

Lo insólito vino semanas después. Tras haberse servido del beneficio, el 27 de noviembre de 2025, Yarrow recién remitió un oficio al presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi (de Fuerza Popular), solicitando suspender la asignación económica de las semanas de representación para congresistas y asesores, argumentando que debía ejecutarse «sin goce de haber» para evitar la desnaturalización de los fondos públicos. Un verdadero espectáculo de pose impostada, porque primero devora el banquete electoral con recursos del Estado y, cuando la mesa ya está limpia, pide que cierren la cocina para quedar como la guardiana de la moral presupuestal.

El afán de protagonismo y la retórica populista de Yarrow alcanzaron su punto cumbre en el mes de julio durante la entrega oficial de credenciales parlamentarias. El acto, celebrado desde las 11:00 de la mañana en el local del Colegio Médico del Perú y encabezado por el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), se convirtió en el escenario de su teatro político. Frente a la mirada atónita de los asistentes —que expresaron su rechazo con abucheos y gritos en el recinto—, la diputada por Renovación Popular se negó ruidosamente a recibir su credencial de manos del presidente del JNE, Roberto Burneo, prefiriendo posar a solas frente a los fotógrafos.

Posteriormente, a través de su cuenta oficial en X, pretendió justificar la pataleta: «No puedo posar para una foto con un representante del JNE después de unos comicios tan cuestionados. La coherencia entre lo que pienso, digo y hago es innegociable. Eso no significa faltar el respeto. La educación y el trato cordial siempre estarán presentes. Sé que algunos discrepan con mi decisión, pero prefiero ser consecuente con mis principios y con lo que represento».

Ahí radica la trampa de su discurso. Si la elección fue tan «cuestionada» al punto de negar el registro al titular del máximo ente electoral por supuestas razones de «principios innegociables», ¿por qué no renunció a la candidatura o rechazó asumir la curul? ¿Por qué sí cobra el sueldo y ostenta la representación de un proceso que califica de viciado? Aceptar la cuota de poder e ingresar al Parlamento por la puerta grande echa por tierra cualquier narrativa de dignidad o reserva moral.

La diputada Yarrow se promociona ante las cámaras como una fiscalizadora implacable y una legisladora de mano firme, pero la evidencia de sus actos demuestra una realidad muy distinta. Su presencia en la plaza pública responde a la preservación del aparato de López Aliaga y a la agenda de Renovación Popular. Al final, detrás del discurso principista y de la fachada de austeridad impostada, queda al descubierto la estampa de la vieja política; la de quienes llegaron al poder para enquistarse en el presupuesto, servirse del marco legal y asegurar la permanencia de su cúpula a costa del dinero de todos los peruanos.

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Política

Gobierno de Keiko Fujimori anuncia subsidios a combustibles, pero posterga el diálogo en Ucayali

Keiko Fujimori y ministros hicieron público el anunció de un paquete de medidas económicas para mitigar el alza de combustibles, aunque no estableció canales de diálogo con los frentes de defensa regionales.

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2 semanas ago

14/08/2026

Leonardo Serrano Zapata

El Gobierno de Keiko Fujimori desplegó este viernes, desde Palacio de Gobierno, una batería de anuncios económicos para enfrentar el alza de los combustibles que ha desatado paros y bloqueos en Ucayali, Tacna, Arequipa y Loreto. No hubo anuncio de una fecha, un canal o un compromiso concreto para sentarse a conversar con los dirigentes que sostienen la protesta —una ausencia que contrasta con la exigencia explícita que los propios manifestantes de Ucayali plantearon horas antes.

Los anuncios del Ejecutivo

El ministro de Economía, Elmer Cuba, explicó que el alza responde a un shock externo: el conflicto en Medio Oriente elevó el precio del barril de crudo en cerca de 60%, lo que ha presionado a la mayoría de economías del mundo y obligado a los bancos centrales a endurecer su política monetaria. Frente a ello, el Gobierno descartó volver a los antiguos Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), de «amplio espectro», que —según Cuba— terminaban subsidiando indistintamente a grandes usuarios junto con los más necesitados. En su lugar, optó por un esquema de subsidios focalizados, que calificó como un mecanismo más preciso y menos costoso fiscalmente.

El primer componente, dirigido a transportistas de carga y de pasajeros, otorgará un subsidio de entre 15% y 20%, y estará operativo en todo el país desde mañana. Cuba precisó que este mecanismo mantiene el esquema ya conocido del IVAP metropolitano en Lima y Callao, con ajustes técnicos en su aplicación.

La presidente Keiko Fujimori enfatizó que en esta etapa el rol de los alcaldes será decisivo: si las municipalidades entregan con rapidez el padrón de mototaxistas y «peque-peques», el subsidio podría empezar a aplicarse en apenas tres días. El segundo componente es, según calificó la mandataria como, “inédito”: por primera vez se incorpora a los transportistas fluviales y a los mototaxistas de la selva, sectores que hasta ahora nunca habían sido cubiertos por este tipo de ayuda estatal.

Sin embargo, su implementación tomará más tiempo —unas tres semanas— porque se trata de un sector en gran parte informal, que deberá registrarse en una plataforma digital antes de poder acceder al beneficio. Anunció además que convocará a un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar formalmente el mecanismo y que este entre en vigencia desde mañana. La medida, subrayó, será temporal —con una vigencia de tres meses— y su monto se ajustará según la evolución de los precios internacionales.

A esto se sumó el anuncio del ministro de Energía, Guillermo Shinno, quien planteó evaluar la posibilidad de habilitar tanques de almacenamiento hoy destinados a otros usos para concentrarlos en el diésel 2, con el objetivo de elevar los inventarios de combustible en Ucayali —actualmente de apenas 1.5 a 3 días— hasta un mínimo de 7 días, y así reducir el margen para la especulación de precios en la región.

Lo que el Gobierno no anunció

El Gobierno de la presidenta Fujimori omitió establecer un plan de diálogo con los frentes de defensa regionales, ignorando el pedido del dirigente Eler Romayna de instalar una mesa de trabajo en Pucallpa con compromisos verificables.

Aunque el Ejecutivo ofreció cifras técnicas y plazos, no definió un canal de negociación directa para levantar las protestas, lo cual debilita la confianza pública y el derecho de la ciudadanía a comprender los actos del Estado.

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