Hace pocos días, el primer ministro, Luis Galarreta, se presentó ante el Congreso de la República para explicar los lineamientos de política y los objetivos priorizados del Gobierno. Las facultades delegadas, en curso, deberían ser la llave maestra para impulsar esta propuesta y dar una señal inequívoca de capacidad ejecutiva.
La inversión minera este año sobrepasará los 7000 millones de dólares, recuperando los niveles de 2012-2014, si se sostiene el dinamismo de los mercados y el clima de confianza. El compromiso explícito del Ejecutivo es acelerar los trámites administrativos y mejorar la predictibilidad regulatoria. Se anuncian 240 autorizaciones mineras este año y se proyectan 33 000 millones de dólares en inversiones mineras para el próximo quinquenio. No es posible cumplir estos objetivos con los mismos recursos y con las mismas capacidades institucionales.
Los principales cuellos de botella son multisectoriales, legislativos y políticos. Pensemos en la crisis del REINFO y en el asedio de la minería ilegal. El REINFO se creó en 2016 como un registro temporal para formalizar pequeños mineros, pero el Congreso de la República lo ha ampliado cinco veces.
En diez años se ha formalizado el 2,4 % de los mineros registrados y el esfuerzo les tomó siete años de trámites y decenas de miles de dólares. Además, con exención de responsabilidad penal y nula trazabilidad, el REINFO es el escudo perfecto para las actividades ilegales. Pataz es un claro ejemplo del alto costo de retomar y sostener el Estado de derecho. Sin embargo, en el territorio no hay ninguna posibilidad de crecer, al ritmo anunciado, si antes no se integra rentablemente la minería a pequeña escala con la cadena de valor minera y se neutralizan, al mismo tiempo, las actividades ilegales.
Este es el nudo gordiano de la minería. Resolverlo significa también concluir el proceso de formalización, poner fin al REINFO, promulgar la nueva Ley MAPE, activar 16 servicios públicos y crear un instrumento de asociatividad para los mineros a pequeña escala. Esta tarea involucra, sin duda alguna, a todos los poderes del Estado y requiere un consistente liderazgo sectorial, una capacidad de articulación a toda prueba y un marcado sentido de urgencia. Estamos hablando de una complejidad mayor.
La referida asociatividad podría ser un Fondo Minero privado sostenido con el autogravamen de sus socios y la participación minoritaria del Estado mediante un aporte inicial para financiar la puesta en marcha. Un fondo que capacitará al productor, tecnificará su labor y mejorará su recuperación. Además, podrá titular concesiones, explorar yacimientos, procesar mineral y comercializarlo en mercados preferentes. Asimismo, se encargará de comprar oro, otorgar créditos, velar por el respeto a los derechos laborales y el cuidado del medio ambiente. No podemos tener miles de mineros a pequeña escala dispersos en un amplio territorio. Una formalización atomizada no sirve porque los hace vulnerables nuevamente.
La mayor parte de la minería peruana yace aún en el subsuelo esperando su oportunidad. Es polimetálica, geológicamente diversa y tolera diferentes tipos de explotación. El desafío de los minerales críticos y las nuevas estrategias de los países industrializados son una enorme oportunidad de crecimiento para el Perú. Tenemos que abordar seriamente otros temas complementarios, como la industrialización minera, la integración de facilidades operativas en el territorio y las alianzas regionales para aumentar nuestra participación en el mercado del cobre. Todo viene junto, pero la minería a pequeña escala va primero. ¡Hay que desatar los nudos!
gobiernoJorge Monteromineria
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