La iniciativa fue formalizada por el senador Andrés Ramos y plantea revisar las muertes, personas heridas y otros daños registrados durante la crisis política, además de evaluar cómo actuaron las instituciones públicas y las fuerzas del orden.
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Eva PalominoEscucharResumenCompartirLa bancada de Juntos por el Perú (JP) presentó en el Senado una moción para crear la Comisión Especial de Estudio y Seguimiento Verdad, Justicia y No Repetición Sur Perú 2022-2023, para poder investigar y documentar los hechos ocurridos durante las protestas sociales ocurridas a finales de 2022 e inicios de 2023, durante el Gobierno de Dina Boluarte.
Únete a nuestro canal de política y economíaLa iniciativa fue formalizada por el senador Andrés Ramos, representante de Apurímac. El documento señala que los hechos más graves se concentraron en Apurímac, Ayacucho, Puno, Cusco, Arequipa, Moquegua y Tacna durante las movilizaciones contra el Gobierno y el Congreso.
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Dicha propuesta también toma como referencia información de la Defensoría del Pueblo sobre las víctimas de la crisis política. Incluso la moción cita un informe de la Defensoría del Pueblo que da un balance de 66 personas fallecidas, entre civiles y miembros de las fuerzas del orden.
La comisión tendría entre sus principales tareas establecer qué fue lo que ocurrió durante las protestas, revisar cómo actuaron las entidades públicas y las fuerzas del orden, y examinar las circunstancias de las muertes, las lesiones y otros daños.
Además, la moción plantea determinar responsabilidades por las vías correspondientes y que se formulen medidas de reparación integral para las víctimas y garantías de no repetición.
Pedido de Juntos por el Perú
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¿Qué busca investigar la comisión propuesta por Juntos por el Perú?
La propuesta plantea evaluar la actuación del Poder Ejecutivo, la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, así como de otras entidades públicas que estuvieron vinculadas con los hechos.
También contempla estudiar el uso de la fuerza, conocer el estado de las investigaciones fiscales y procesos judiciales relacionados con las muertes y lesiones, y evaluar las condiciones de acceso a la justicia de las víctimas y sus familiares.
Otro de los puntos comprende las denuncias sobre posibles detenciones irregulares, afectaciones al debido proceso o criminalización indebida de la protesta. La comisión también podría revisar la conservación, trazabilidad y gestión de documentos y evidencias que las instituciones pongan a su disposición.
La moción pone como prioridad los fallecimientos y lesiones registrados en Andahuaylas y Chincheros. Según el documento, Apurímac registró siete personas fallecidas entre diciembre de 2022 y febrero de 2023.
Seis de esas muertes corresponden a hechos ocurridos entre el 11 y el 14 de diciembre de 2022 en Andahuaylas y Chincheros. La relación incorporada en la moción incluye a dos adolescentes de 15 y 16 años, además de jóvenes de entre 18 y 19 años. El séptimo fallecimiento corresponde a un hecho posterior ocurrido en la provincia de Aymaraes.
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