Así lo detectaron el Instituto de Criminología y el Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN) en su último estudio: “Extorsión en áreas comerciales urbanas. Una estrategia de intervención”, compartido en exclusiva con Gestión.
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El “círculo perfecto”
En detalle, el control sobre la mano de obra, llamado racketeering laboral, se utiliza como una herramienta de dominación dentro de los sectores productivos. En este esquema, las redes criminales emplean la intimidación para imponer la contratación de trabajadores o servicios específicos. Esta “asignación” manipula las dinámicas de oferta y demanda de empleo, explica Nicolas Zevallos, director de Asuntos Públicos del Instituto de Criminología.
“Hay quienes obligan a contactar con ciertas empresas para que sean los proveedores. [...] En los rubros ya no hay solo cobro de cupos, hay una transacción mediante la cual te presiono para que me compres un servicio. Esa transacción se hace más compleja, más diversa y menos rastreable porque no se persigue dinero, se persigue otro tipo de operación, otro tipo de contrato. Una falsa empresa provee seguridad a una tienda, pero en realidad son las personas que amenazan con ser ellas las causantes del problema si no las contratan”.
De este escenario también se desprende el racketeering monopolístico, que consiste en la restricción de la libre competencia y el bloqueo de manera violenta de nuevos competidores a un negocio en específico. “Se suma una capa de pagos no legales a la competencia del negocio”, añade el experto.
A su turno, Rubén Vargas, extitular del Ministerio del Interior (Mininter), comenta que se trata de una modalidad importada, principalmente mexicana, caracterizada por estructuras que ejercen una violencia extrema para consolidar el control territorial.
Expone también que la “profesionalización” de la extorsión avanza porque, a diferencia del robo callejero, que requiere armas de fuego y vehículos para movilizarse, aquí solo se necesita un teléfono celular y una base de datos. El riesgo de captura o detección para el delincuente es sumamente bajo, mientras que la rentabilidad económica es inmensa.
“Es una modalidad lucrativa, de menor riesgo y de menor inversión. Es el círculo perfecto de un ‘negocio’ que ha crecido, además, por tres cosas. Por la precarización, por la fragilidad de las instituciones involucradas en la lucha contra el crimen y por el nulo entendimiento de cuál es la naturaleza de las extorsiones. [...] Se siguen proponiendo medidas contra la extorsión que no funcionan”, argumenta.
Coincide Zevallos: “Las medidas de control que hay que desplegar deben entender el modelo de ‘negocio’ [...]. De otra forma, la sola regulación le traslada al ciudadano el costo del problema. El exceso de regulación termina complicando el proceso más que todo para el consumidor”.
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La tipología del delito más común
Carlos Basombrío, también extitular del Ministerio del Interior (Mininter), recuerda otro antecedente que agudizó la “invasión” criminal: una normativa ya derogada que obligaba a contratar a trabajadores de sindicatos, lo que provocó la aparición masiva de pseudogrupos capaces de extorsionar tanto al constructor como a los propios obreros.
En el estudio, se ordena el fenómeno delictivo en 5 clases generales y 17 subclases según el nivel de organización, regularidad de los cobros y sus propósitos estratégicos.
La extorsión episódica se define por interacciones de carácter puntual y de pago único. Es perpetrada mediante llamadas o mensajes telefónicos masivos o individualizados, estafas virtuales con datos personales, visitas esporádicas a pequeños negocios locales o bajo la modalidad del cobro de rescates tras la sustracción de vehículos o bienes muebles.
La extorsión de protección o cobro de cuotas es de naturaleza recurrente. Bajo este esquema, las organizaciones criminales exigen pagos periódicos a cambio de no agredir a las víctimas o, de manera ambivalente, de brindarles supuesta “protección” contra la violencia de otras bandas. Esta clase afecta tanto a propietarios del sector formal como a trabajadores informales.
La extorsión monopolística es un mecanismo estratégico en el que la coerción y la agresión física o patrimonial son empleadas para reducir o eliminar de manera violenta a los competidores en mercados específicos. El objetivo principal de las organizaciones criminales en este ámbito no es solo extraer una renta directa, sino alterar las dinámicas de libre mercado para consolidar monopolios criminales o favorecer artificialmente a ciertas redes de negocios coludidas.
La extorsión laboral se enfoca directamente en la manipulación coercitiva del mercado de trabajo y la asignación de empleos en sectores productivos clave.
Por último, la extorsión corporativa o gestión de la usura se encuentra vinculada a mecanismos financieros informales de endeudamiento y cobros coactivos
Su manifestación más extendida se da a través de préstamos informales con tasas de interés excesivamente elevadas: se recurre al hostigamiento y la intimidación para asegurar el cobro y mantener a la víctima en un constante esquema de “enganche” financiero.
Asimismo, a nivel empresarial, involucra a redes de negocios que emplean tácticas abusivas y de acoso delictivo en coordinación con actores criminales para obtener ventajas económicas indebidas frente a sus competidores.
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