Ley Agraria: Congreso quiere eliminar beneficios tributarios, el escenario para agroexportación

Los congresistas Analí Márquez (JP) y César Holguín (AN), honrando promesas de campaña, ingresaron al Legislativo propuestas que ya aguardan debate en las comisiones de Desarrollo Agrario y Economía. Si bien persiguen un mismo objetivo, su alcance es diferenciado. ¿Qué argumentan y cómo cambiarían los beneficiarios de la norma? Aquí los detalles.

Derogar y reducir beneficiados

Márquez fue la primera en presentar un proyecto con este fin el pasado 20 de agosto. Su idea es sencilla: busca modificar los artículos 3 y 4 de la ley 32434 para limitar el tipo de empresas que pueden acogerse a los beneficios tributarios que plantea la norma.

Así, plantea que se consideren como “empresas agrarias” a las que ingresen anualmente más de 150 UIT (S/ 825 mil) hasta 2,300 UIT (S/ 12.6 millones).

De igual forma, al modificar el artículo 4, plantea textualmente que no puedan “acogerse a ninguno de los beneficios económicos o de cualquier otra naturaleza establecidos en la presente ley” todos los productores agrarios y agroindustriales que superen los S/ 12.6 millones de ingresos netos al año.

Pero la propuesta de Márquez no busca derogar los beneficios de la nueva Ley Agraria como tal. Holguín, que presentó su proposición legislativa un día después que su colega, sí lo quiere.

Específicamente busca derogar los artículos 12, 13 y 14 de la norma, que son precisamente los que reducen el Impuesto a la Renta (IR) a una tasa del 15% entre 2026 y 2035 para este sector; el que crea un régimen especial de depreciación hasta el 2035 y una deducción adicional por compras a pequeños productores agrarios.

El diputado de AN también busca “ajustar” el universo de beneficiarios de esta norma agraria, pero su estándar es más restrictivo que el de Márquez. Vía una disposición complementaria que se incorporaría, se establecería como “sujetos no comprendidos en los beneficios tributarios” a toda empresa agraria que supere las 150 UIT (S/ 825 mil) en ingresos netos.

Vale recordar que la llamada nueva Ley Agraria se promulgó el 11 de septiembre del 2025 y se reglamentó en febrero de este año. Previo a su reglamentación, legisladores del Congreso anterior presentaron hasta 8 proyectos para derogarla sin éxito, como contó Gestión.

Al respecto, Gabriel Amaro, presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP) lamentó que el nuevo Congreso retome esta intención, ya que haría mucho daño a un sector que ya padece golpes adversos por el Fenómeno El Niño (FEN).

“Derogar la ley sería terrible para el sector y el país: generamos mucho empleo en zona rural. Este año no solo enfrentamos al FEN, también mayores costos logísticos, por el alza de combustibles y fertilizantes. Otra variable es que nuestro principal mercado, Estados Unidos, nos ha colocado una tasa arancelaria de 12.5%”, detalló.

• LEA TAMBIÉN: ¿Dos huelgas en Países Bajos amenazan ruta agroexportadora de Perú? El efecto “dominó”

Basados en el Consejo Fiscal y el MEF

En su exposición de motivos ambos legisladores citan diversos informes del Consejo Fiscal (CF) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para justificar sus iniciativas.

Se recuerda, por ejemplo, un informe técnico del CF en 2025, emitido previamente a la aprobación de la Ley 32434, que señala textualmente que el otorgamiento de “múltiples beneficios tributarios al sector agrícola implicaría un costo fiscal aproximado de S/ 1,170 millones anuales”.

Holguín lo usa para indicar que ese monto es el ahorro del que ahora gozan “las grandes empresas agroindustriales”, aunque el CF en su reporte aclara que dicho monto incluye también beneficios a pequeños productores agrarios (con menos de 150 UIT de ingresos al año), como la exoneración del IR a las primeras 30 UIT de ingresos anuales.

De igual forma, Márquez recuerda que el MEF, durante el año 2024, se opuso a la extensión de estos beneficios tributarios. De hecho, incluso la cartera difundió un comunicado en diciembre de ese año con dicho fin.

“El costo fiscal de la medida propuesta tendría un impacto sobre el cumplimiento de las reglas fiscales. Alertamos que este costo es de S/1,888 millones anuales, lo que implicaría, por ejemplo, dejar de recaudar un monto que equivale a 20.7% del presupuesto de inversión en educación, a casi 13% del presupuesto de previsión social y a 12% del presupuesto de orden público y seguridad”, planteó entonces el ministerio.

Sin embargo, aquí hay que acotar otro asunto. Ya en 2025, cuando Raúl Pérez Reyes dirigía el MEF, pasó a respaldar la Ley Agraria por haber impulsado las agroexportaciones. En su lugar, el ahora ex ministro apuntó a revisar beneficios en otras industrias.

Sobre ello, Jorge Sandoval, Docente de la Maestría de Agronegocios de ESAN, remarcó que, si bien es importante analizar el gasto, el dato no puede verse de forma aislada, menos al tratarse de una ley con menos de un año de vigencia.

“La evidencia al día de hoy es insuficiente por el tiempo transcurrido. No solo hay que ver cuánto deja de recibir el Estado por el incentivo, hay que evaluar otros indicadores, como la mejora en la producción, empleo, compra a pequeños productores y más”, agregó.

• LEA TAMBIÉN: Del Medio Oriente a Asia: el giro estratégico de una agroexportadora peruana

¿Momento de cortar beneficios?

Esta posición es similar a la que tiene el gobierno de Keiko Fujimori. Como dijo el propio Elmer Cuba en una entrevista reciente con Gestión, el MEF revisará las exoneraciones tributarias, pero se fijará en “aquellas que no tienen ningún sentido”.

Cuba dijo que la Ley Agraria podía revisarse, pero Marco Vinelli, actual titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), indicó a este Diario que su cartera la considera “una de las mejores herramientas de política pública” de los últimos 26 años y que planean fomentarla.

Sobre ello, Rafael Zacnich, Gerente de Estudios Económicos de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú), sostuvo, como Sandoval, que es prudente revisar periódicamente el impacto de las exoneraciones tributarias. Pero, específicamente sobre la Ley Agraria consideró que está más justificada que otras.

“La OCDE recientemente, al analizar otros incentivos como los de hoteles y restaurantes apunta a que no estaría elevando la productividad. En el caso de lo agrícola, hace mucho más énfasis en el sobrecosto que genera el llamado bono beta. Son asuntos, vinculados a la informalidad del sector, que el Congreso podría evaluar (en vez de replantear la ley)”, planteó.

Consciente de ello, Amaro aseguró que AGAP buscará dialogar con los congresistas. “Esperamos que sea un tema de desconocimiento. Tenemos disposición de explicarles el alcance de la nueva Ley Agraria”, refirió.

Periodista económico con más de 5 años de experiencia en el rubro. Conductor de "En Clave Económica" de Diario Gestión en YouTube. Licenciado en Comunicaciones por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cubro temas vinculados a proyectos de inversión público y privada en más de una modalidad y hago seguimiento a diversos sectores económicos.

Leer artículo completo en gestion.pe →