Una organización criminal habría utilizado certificados de defunción falsos para “resucitar” a personas que habían muerto años atrás, afiliarlas nuevamente a sistemas previsionales, registrar aportes a su nombre y luego certificar una segunda muerte para cobrar seguros y otros beneficios por más de 22 millones de soles. El presunto cabecilla sería el médico legista Edgar Eduardo Poma Condori, quien habría firmado los documentos utilizados en este millonario fraude.
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La investigación, desarrollada por la Policía Nacional y el Ministerio Público, comenzó hace dos años cuando los agentes detectaron algo que no encajaba en varios expedientes. Personas fallecidas mucho tiempo atrás aparecían nuevamente afiliadas a sistemas de pensiones, registraban aportes recientes y, meses después, volvían a figurar como fallecidas.
La Fiscalía Penal Corporativa de San Isidro sostiene que Poma Condori habría utilizado su condición de médico legista para emitir certificados con fechas y datos falsos. En los expedientes también aparecen documentos presuntamente adulterados, entre ellos actas de matrimonio y partidas de nacimiento.
La fórmula, según las investigaciones, permitía activar seguros de vida, gastos de sepelio y otros desembolsos. Para las autoridades, detrás de cada expediente existía una historia construida sobre papeles que pretendían demostrar que alguien estaba vivo, trabajaba, aportaba y tenía familiares que podían cobrar sus beneficios.
EL NEGOCIO DE LAS ‘SEGUNDAS MUERTES’
El mecanismo investigado seguía una secuencia. Primero se escogía a una persona fallecida cuyo deceso no contaba con un acta oficial. Después se simulaba su afiliación a un sistema previsional como si estuviera viva y trabajando.
Luego aparecían aportes realizados durante varios meses. Finalmente, llegaba el nuevo certificado de defunción, firmado presuntamente por Poma Condori, y con ese documento un supuesto familiar solicitaba los beneficios económicos.
Uno de los casos mencionados por la investigación es el de José Valdez Gutiérrez, quien había fallecido en diciembre de 2008. Sin embargo, apareció con un nuevo certificado de defunción fechado el 11 de noviembre de 2020 en Paucartambo, Cusco, por covid-19.
Aunque figuraba afiliado al sistema de pensiones desde 2003 y no tenía fondos acumulados, una empresa registró aportes a su nombre entre abril y septiembre de 2020. Raquel Rojas se presentó como su esposa para realizar los trámites y posteriormente se produjo un desembolso superior al millón de soles.
Otro expediente corresponde a César Chura Ticona, quien fue afiliado al sistema previsional el 11 de mayo de 2020 y murió oficialmente en noviembre de ese mismo año. Una mujer identificada como Evelyn apareció como su esposa y afirmó tener dos hijos con él para gestionar los beneficios.
El seguro previsional terminó desembolsando 941 mil soles. La investigación, además, encontró que Evelyn también figuraba como beneficiaria y madre de un hijo de otro supuesto fallecido: Ronal Hancco Gallegos.
MILLONES, FUNERARIAS Y UNA RUTA QUE SIGUE ABIERTA
La lista investigada también incluye a Rosa Pimentel, fallecida en noviembre de 2013, pero afiliada a AFP Integra antes de registrar una segunda muerte en abril de 2022. Un supuesto esposo y dos hijos cobraron 88 mil soles.
En otro expediente, César Quispe Arriaga, fallecido en 2013, habría sido registrado como trabajador fantasma tres meses antes de su segunda muerte, certificada en abril de 2024. Sus supuestos beneficiarios recibieron un millón de soles.
El caso de Lino Huamaní Ilares también forma parte de las pesquisas. Según la investigación, su esposa recibió 1.200.000 soles luego de su denominada “segunda muerte”.
El coronel PNP Luis Castillo, jefe de la División de Investigación de Delitos Públicos, informó que el monto combinado de los fraudes supera los 22 millones de soles. Además, señaló que se presume que Poma Condori pudo haberse valido de su cargo para certificar como fallecidas a personas que incluso podrían haber sido buscadas por la justicia.
En las diligencias también aparecen funerarias como Luz en el Cielo y de Alcázar, cuyos registros incluían servicios relacionados con algunos de los supuestos fallecidos. También figura la empresa Delta Élite Seguridad y Vigilancia, señalada como empleadora de personas que ya habían muerto y cuyos nombres habrían sido utilizados para simular aportes.
Entre los investigados aparecen Nelly Monroy Zapana, gerente de una de las funerarias, y Adriana Villanueva Flores, quien habría presentado solicitudes para cobrar pensiones de sobrevivencia y reembolsos de sepelio.
Todos los integrantes identificados de la presunta organización fueron detenidos durante un megaoperativo realizado en Arequipa, Madre de Dios y Tacna. Actualmente cumplen 18 meses de prisión preventiva mientras avanzan las investigaciones.
Pero el expediente todavía guarda preguntas. El fiscal de la Nación, Aladino Gálvez, informó que se busca establecer el destino del dinero obtenido y determinar si los certificados falsos también fueron utilizados para encubrir a personas requeridas por la justicia.
Las autoridades evalúan posibles casos de enriquecimiento ilícito y recurrirán a herramientas de inteligencia económica para seguir los bienes y movimientos financieros de los investigados. La ruta del dinero, por ahora, continúa siendo parte central de una investigación que convirtió los certificados de muerte en la llave para mover millones.
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