Durante años, Quinto Inuma Alvarado denunció lo que ocurría dentro y alrededor del territorio de Santa Rosillo de Yanayacu, la comunidad kichwa de San Martín que dirigía como apu. Alertó sobre tala ilegal, invasiones y otras actividades ilícitas, recibió amenazas y llegó a contar con medidas de protección del Estado. Nada de eso impidió que el 29 de noviembre de 2023 fuera emboscado y asesinado mientras regresaba a su comunidad.
Casi tres años después, la justicia peruana acaba de establecer responsabilidades por ese crimen. El Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional condenó a cuatro de los procesados a penas de entre 15 y 35 años de prisión y concluyó que el asesinato fue planificado. Para el tribunal, detrás del ataque estuvo la oposición que representaba Inuma frente a intereses relacionados con la explotación de los recursos naturales del territorio que defendía.
Para su familia, la sentencia trae una tranquilidad que hasta hace pocos días no tenían. Durante todo el proceso existió el temor de que algunos de los acusados recuperaran su libertad y que el riesgo volviera a acercarse a quienes continuaban viviendo en la comunidad.
“Para nosotros como familia ha sido una alegría, ¿no? Y como comunidad también. Uno porque se ha hecho justicia por el caso de mi papá, porque la duda era que saldrían de repente algunos de ellos y de repente hubiera pasado otras cosas, o sea, de repente más peligro para mi familia. Al saber que le han sentenciado a buena cantidad de años, pues nos da un poco de tranquilidad”, cuenta Kevin Inuma, hijo del dirigente, en entrevista con Inforegión.
Cuatro condenados y un acusado absuelto
Las penas no fueron iguales para todos. Genix Saboya Saboya y Limber Ríos Ruiz fueron condenados a 35 años de prisión como coautores del delito de sicariato y de homicidio calificado en grado de tentativa por el ataque en el que también resultó herida Axeldina Barbarán Tapullima.
Segundo Juan Villalobos Guevara recibió una condena de 28 años y cuatro meses, mientras que Jerly Saboya Saboya fue sentenciado a 15 años como cómplice primario. Un quinto procesado, Dedicación Vera Pardo, acusado de encubrimiento personal, fue absuelto por duda razonable.
El tribunal también fijó una reparación civil de S/1 millón. De ese monto, S/750 000 deberán ser pagados a los familiares de Quinto Inuma por los cuatro condenados. Los S/250 000 restantes fueron establecidos a favor de Axeldina Barbarán, quien sobrevivió al ataque.
La sentencia permite entender con mayor precisión cómo se habría organizado el asesinato. Según lo establecido por el Poder Judicial, Genix Saboya realizó disparos con una escopeta que previamente había solicitado a su hermano Jerly. Limber Ríos también estuvo en el lugar del ataque con una pistola y, al día siguiente, una prueba encontró residuos de disparo en sus manos. En el caso de Villalobos Guevara, el tribunal determinó que ofreció un beneficio económico para que el crimen se cometiera.
Pero el fallo va más allá de identificar quién disparó o quién intervino en la planificación. Uno de sus puntos centrales es que vincula el asesinato con el trabajo que realizaba Quinto en defensa de su territorio. El tribunal sostuvo que el objetivo era eliminar la oposición que representaba el apu frente a determinados intereses de aprovechamiento de los recursos naturales en la zona.
Ese elemento ayuda a explicar por qué el caso ha sido seguido de cerca por organizaciones indígenas y de derechos humanos. Quinto no empezó a recibir amenazas semanas antes de morir. El conflicto venía de años atrás.
Las amenazas habían comenzado mucho antes
Santa Rosillo de Yanayacu atravesaba desde hacía tiempo un escenario de presión sobre su territorio. Entre 2016 y 2023, integrantes de la comunidad presentaron 13 denuncias ante el Ministerio Público por delitos ambientales y tráfico ilícito de drogas. Al menos 30 miembros de la ronda comunal también habían reportado hostigamientos y agresiones relacionados con su trabajo de vigilancia y defensa territorial.
La pérdida de bosque mostraba parte de lo que ocurría en la zona. Entre 2001 y 2019, Santa Rosillo de Yanayacu perdió 591,90 hectáreas de bosque y otras 139,19 hectáreas fueron deforestadas entre 2020 y 2021. También existían denuncias sobre sembríos de hoja de coca y una pista clandestina dentro del territorio comunal.
Quinto se convirtió en una de las personas que denunciaban públicamente estas actividades. Y el riesgo que enfrentaba no era desconocido para las autoridades.
El 8 de febrero de 2021, más de dos años antes de su asesinato, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos activó el Procedimiento de Alerta Temprana a favor de Quinto y de su hermano Manuel Inuma. El nivel de riesgo fue considerado alto. Posteriormente también se otorgaron garantías personales debido a las amenazas que enfrentaba.
Sobre el papel, Quinto estaba protegido. En Santa Rosillo, sin embargo, esa protección encontraba enormes limitaciones. Informes policiales ya habían advertido dificultades para realizar patrullajes preventivos en la comunidad, entre ellas la falta de presupuesto para disponer de embarcaciones y las complicaciones geográficas para llegar hasta la zona. La distancia entre tener una medida administrativa y contar realmente con agentes capaces de responder frente a una amenaza terminaría siendo determinante.
Kevin Inuma cuestiona precisamente esa diferencia.
“Por más que haya el mecanismo que siempre dio el Estado, no hay acciones concretas hasta ahora. […] Por más que se tuvo el papel de protección, cuando ya están las balas en tu espalda no es como que te puedas salvar. Entonces, eso también es una cosa de deficiencia que está pasando con el Estado, el mecanismo”, afirma.
La emboscada en el río Yanayacu
La tarde del 29 de noviembre de 2023, Quinto regresaba hacia Santa Rosillo de Yanayacu después de haber participado en un encuentro de defensores ambientales. Viajaba en una embarcación junto con su esposa, familiares y otros comuneros.
Cuando llegaron a un sector del río Yanayacu conocido como El Vado, encontraron un obstáculo que impedía continuar: un árbol atravesaba el río. De acuerdo con lo establecido durante el juicio, había sido cortado previamente para detener el paso de la embarcación.
Fue allí donde comenzó el ataque. Desde la orilla se realizaron disparos con escopeta y pistola. Quinto fue alcanzado y murió. Axeldina Barbarán Tapullima también recibió un disparo, pero sobrevivió. El asesinato confirmó el escenario que durante años habían advertido Quinto, su familia y la comunidad: defender el territorio podía costarles la vida incluso después de que las amenazas hubieran sido comunicadas a distintas instituciones del Estado.
La reacción estatal se intensificó después del crimen. Familiares y comuneros abandonaron temporalmente la zona por temor a represalias. Diez familiares directos fueron evacuados hacia Tarapoto y se dictaron nuevas medidas de protección.
En marzo de 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares para familiares de Quinto y pidió al Estado garantizar condiciones de seguridad. Meses después, un helicóptero de la Policía participó en el retorno de defensores hacia el territorio. Los recursos necesarios para reforzar la protección llegaron cuando Quinto ya había sido asesinado.
Capturas, un acusado muerto y casi ocho meses de juicio
La investigación también abrió una ruta judicial que tomó más de dos años en llegar a juicio. En febrero de 2024, un operativo policial y fiscal permitió detener a varios de los investigados. Las autoridades los relacionaron entonces con la presunta organización criminal denominada “Los Chacales de Santa Rosillo”, investigada además por actividades vinculadas con tala ilegal, tráfico ilícito de drogas y usurpación de terrenos.
Inicialmente, seis personas estuvieron vinculadas al proceso por la muerte del apu. Uno de ellos, Belustiano Saboya Pisco, permaneció prófugo con una orden de captura. El 20 de julio de 2025 murió durante una intervención policial realizada en Orellana, Loreto, cuando los agentes intentaban detenerlo. Su muerte impidió que llegara al juicio y recibiera una sentencia por el caso de Quinto.
El juicio oral contra los demás procesados comenzó en enero de 2026. No fue un proceso breve: duró casi ocho meses y comprendió 31 sesiones, la participación de 22 testigos y 13 peritos y la incorporación de alrededor de 76 medios probatorios documentales. Incluso el tribunal se trasladó desde Lima hasta Tarapoto para recoger declaraciones de familiares y comuneros. Entre quienes participaron estuvieron Manuel Inuma y Axeldina Barbarán, sobreviviente del ataque.
A lo largo de esas audiencias, la Fiscalía presentó testimonios, pericias, comunicaciones y las propias denuncias que Quinto había realizado antes de ser asesinado. Todo ese material permitió reconstruir qué ocurrió el día del crimen, pero también qué estaba ocurriendo en Santa Rosillo antes de que los disparos terminaran con su vida.
La sentencia del 24 de agosto de 2026 fue el resultado de ese proceso. Sin embargo, todavía puede ser apelada por las defensas de los condenados. Kevin reconoce que esa posibilidad forma parte del proceso judicial.
Una condena que la familia espera que no sea un caso aislado
Para la familia, el fallo no tiene únicamente un significado personal. Kevin espera que lo ocurrido con su padre marque una diferencia para otros defensores indígenas que también han sido asesinados después de denunciar amenazas y actividades ilegales en sus territorios.
“Esperamos que con esta misma labor que se ha hecho con mi papá se haga cumplir con los demás hermanos, los que están en juicio, que sigan haciendo cumplir”, sostiene.
Su preocupación parte de una realidad que conoce directamente: durante años, quienes amenazaban a dirigentes indígenas podían actuar bajo la percepción de que las consecuencias serían escasas o inexistentes. Por eso considera que las condenas pueden enviar un mensaje distinto.
La sentencia también llega en medio de un problema que no terminó con la muerte de Quinto. Mientras los responsables enfrentan ahora penas de prisión, Santa Rosillo de Yanayacu continúa intentando resolver una demanda que estuvo en el centro de la lucha de su apu: asegurar jurídicamente su territorio.
El territorio que Quinto defendía sigue sin estar asegurado
Kevin asegura que el proceso de titulación de la comunidad continúa pendiente y que esa demora limita sus posibilidades de responder frente a nuevas ocupaciones.
“El detalle pues es que no podemos subsanar todavía o poder seguir defendiendo el territorio mientras que no tenemos la titulación hecha. Porque seguimos en ese proceso, ya van a ser tres años y hasta ahora no pueden titular la comunidad”, explica.
No se trata únicamente de un trámite. Contar con la titulación significa para la comunidad tener mayor seguridad jurídica sobre el espacio que reclama y mejores herramientas para enfrentar posibles invasiones. Según Kevin, mientras ese proceso no concluya, nuevas personas están intentando ingresar al territorio.
“Nos están empezando a invadir el territorio de la comunidad. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a reportar […] esa es la preocupación hasta ahora, ¿hasta cuándo vamos a seguir?”, dice.
Para su familia, la justicia comienza con la sentencia, pero no termina allí. Los condenados todavía pueden apelar, Santa Rosillo continúa esperando la titulación de su territorio y Kevin asegura que las amenazas no han desaparecido.
La condena permite responder una de las grandes preguntas que dejó el crimen: quiénes participaron y qué responsabilidad tuvieron. La otra sigue pendiente desde mucho antes del 29 de noviembre de 2023: qué tiene que cambiar para que la próxima vez que un defensor indígena advierta que está en peligro, la protección llegue antes que las balas.
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