Tras su condena por tráfico de influencias, el excongresista Kenji Fujimori deberá cumplir una medida alternativa: ejecutar una obra de bien social o realizar diez horas cronológicas de servicio comunitario. Esta precisión fue establecida por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema tras un requerimiento formal de su defensa y porque el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) había advertido que no podía ejecutar la orden sin aclarar ese punto específico.

Fujimori fue sentenciado a cuatro años y seis meses de prisión suspendida. La causa se originó en los llamados Mamanivideos, grabaciones difundidas en 2018 que mostraron negociaciones con parlamentarios para conseguir respaldo y evitar la vacancia del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski. El caso está directamente vinculado a las crisis políticas de ese año, cuando Kuczynski afrontaba un segundo pedido de destitución.

La sentencia, ratificada por la Corte Suprema en junio de 2024, también impone el pago solidario de S/500.000 por reparación civil y una inhabilitación de 18 meses para ejercer cargos públicos. Ante la solicitud de precisar las jornadas necesarias, la máxima corte judicial determinó que existen dos caminos claros para el exparlamentario.

La primera opción es realizar una obra de bien social de libre elección, debiendo presentar posteriormente un informe documentado ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria. La segunda alternativa consiste en cumplir diez horas cronológicas de servicio comunitario dentro de una institución o servicio público, bajo la supervisión directa del INPE.

Si opta por esta última vía, será la Oficina de Medio Libre del INPE la encargada de elaborar el informe que acredite el cumplimiento y remitirlo al juzgado correspondiente. Alejado de la política activa desde hace varios años, Fujimori actualmente conduce un pódcast y ha manifestado su intención de mantenerse fuera de la actividad partidaria.

El entonces congresista Moisés Mamani fue quien grabó las reuniones donde se discutían los apoyos políticos y posibles beneficios para los legisladores involucrados. Esta decisión judicial busca cerrar el capítulo legal del caso, asegurando que las reglas de conducta impuestas tras la condena sean aplicables sin ambigüedades administrativas.

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