El expresidente Ollanta Humala cuestionó ante la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP) que la Fiscalía archivara acusaciones contra ministros dejando solo a su cónyuge, Nadine Heredia, en el proceso. Durante una conferencia ante los corresponsales internacionales, el exmandatario descartó un retorno inmediato de la exprimera dama al país por falta de garantías jurídicas suficientes para evitar persecuciones judiciales continuas.
Explicó que persisten investigaciones fiscales activas que actúan como remanentes del caso principal de lavado de activos: «En el tema jurídico nosotros no encontramos todavía las garantías suficientes para que mi esposa pueda retornar al país a estar en reunirnos la familia y que no vaya a continuar la persecución judicial contra ella. Porque en estos momentos todavía hay causas, investigaciones pendientes que son remanentes del caso madre... que es el caso de aporte de campaña envuelto en lavado de activos». Además, advirtió sobre medidas cautelares: «Nosotros tenemos que ser cautos y no podemos permitir que mi esposa venga al país en situaciones de precariedad jurídica y veladas amenazas del sistema de justicia», asegurando actuar con prudencia procesal frente a las autoridades.
El exjefe de Estado recordó los 15 meses de prisión preventiva que cumplió en el penal de Barbadillo por una investigación que fue recientemente anulada por el Tribunal Constitucional, un hecho que subraya la volatilidad del sistema. Asimismo, criticó duramente las resoluciones del Ministerio Público que excluyeron del proceso penal a los exministros de Estado y a los altos directivos de ProInversión responsables de adjudicar las licitaciones públicas. Esta estrategia procesal genera dudas sobre el nivel de justicia aplicado, ya que mientras se protege a funcionarios clave de la administración anterior, su esposa enfrenta un escenario legal incierto.
La postura de Humala refleja una desconfianza profunda hacia la imparcialidad actual del sistema judicial peruano. Al mantener acusaciones contra Nadine Heredia tras archivar imputaciones similares contra exministros de su propia gestión, el Ministerio Público parece estar aplicando criterios selectivos que vulneran principios básicos de igualdad ante la ley. Este escenario no solo afecta a la familia presidencial, sino que también pone en entredicho la credibilidad de las instituciones encargadas de administrar justicia. La ausencia de garantías claras impide que la pareja se reuna como familia dentro del territorio nacional bajo condiciones seguras y legales, generando una tensión innecesaria entre el Estado y sus exmandatarios más emblemáticos.
El exmandatario Ollanta Humala calificó como una falta de respeto institucional que las investigaciones fiscales continúen únicamente contra él y su cónyuge. En ese sentido, el expresidente enfatizó la condición no pública de su esposa durante el mandato 2011-2016: «La Fiscalía ha exonerado del cargo, ha resuelto sacar del proceso penal a todos los funcionarios públicos, a los ministros que son los responsables de llevar a cabo las políticas de Estado, a los funcionarios públicos de ProInversión, que fueron los que ejecutaron el concurso... y curiosamente solo deja a mi esposa y a mí. Mi esposa nunca ha sido funcionaria pública».
Bajo este argumento, Humala sostiene que la conducción actual de las investigaciones fiscales evidencia una continuidad de un sesgo en contra de su familia. La defensa del expresidente argumenta que las decisiones judiciales que archivaron los cargos contra los funcionarios técnicos debieron aplicarse de manera equivalente a su persona y a la exprimera dama.
Asimismo, el líder político afirmó que continuará ejerciendo su defensa en los tribunales para desestimar las acusaciones pendientes en el fuero judicial. Específicamente, la representación legal del expresidente sostiene que las carpetas fiscales derivadas de los aportes de campaña carecen de sustento legal tras el fallo emitido por el Tribunal Constitucional.
Además, se menciona un desarrollo paralelo donde el abogado de Humala espera el archivo del caso Gasoducto tras la exclusión de 14 exfuncionarios. Por su parte, se reporta que Nadine Heredia no tendrá ya orden de captura según el abogacía, mientras que el Poder Judicial decidirá si anula la sentencia contra ella.
Finalmente, en otro ámbito legal, Silvana Carrión ha declarado: «Las leyes denominadas procrimen deben ser modificadas para hacerlas más eficaces».
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