El defensor del Pueblo, José Gutiérrez, advirtió que el Decreto de Urgencia 010-2025, publicado el 31 de diciembre de 2025 y vigente hasta finales de diciembre de 2026, vencerá sin haber cumplido su propósito. Esta norma autoriza la reorganización patrimonial de Petroperú mediante bloques patrimoniales y encomienda a ProInversión diseñar y ejecutar el proceso para seleccionar operadores especializados. Sin embargo, tras la audiencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre la demanda de inconstitucionalidad contra este decreto, Gutiérrez cuestionó que hasta hoy ni ProInversión ni Petroperú hayan tomado decisiones concretas.

"Hoy día ProInversión no ha tomado ninguna decisión, Petroperú no ha tomado ninguna decisión. Ha sido la continuidad de lo mismo", señaló el funcionario en una entrevista en Economía para Todos de RPP.

"Vamos a llegar a diciembre, que es el marco de vigencia de este decreto de urgencia, y no hay ningún dispositivo, no hay nada que haya hecho que mejore Petroperú. Más bien, todo lo contrario", añadió Gutiérrez, quien sugirió al TC esperar hasta esa fecha para emitir una resolución final.

"Mejor que esperen a diciembre y que saquen una resolución (...) que diga que ya no hay necesidad de pronunciarse", enfatizó. Según explicó el Defensor del Pueblo, si para entonces termina la vigencia del decreto, podría producirse una "sustracción de la materia". Esto implicaría que el TC considere innecesario pronunciarse sobre una norma cuyo periodo de aplicación finaliza.

"No hay ningún dispositivo, no hay nada que haya hecho que mejore Petroperú", reiteró Gutiérrez, quien indicó que lo único logrado ha sido mantener el estatus quo. La agencia ProInversión debía determinar las modalidades de promoción aplicables y seleccionar los operadores para los bloques reorganizados, pero hasta la fecha no se ha avanzado en estos frentes estratégicos.

"Ha sido la continuidad de lo mismo", subrayó Gutiérrez, quien criticó que el proceso se haya estancado sin resultados tangibles. La audiencia del TC sobre la demanda presentada contra el decreto es clave para determinar si la norma será declarada inconstitucional o si su vigencia natural permitirá cerrar el ciclo sin pronunciamientos judiciales adicionales.

La falta de avances genera incertidumbre en el sector petrolero, donde la reestructuración era fundamental para optimizar recursos. Gutiérrez insistió en que no se ha logrado ningún cambio positivo, advirtiendo sobre los riesgos de dejar pasar el tiempo sin acciones efectivas por parte de las instituciones encargadas.

Redacción RPP

TC dejó al voto demanda contra DU que reestructura Petroperú

La audiencia del 25 de agosto dejó el caso en manos del Tribunal Constitucional para emitir su decisión. El TC admitió a trámite la demanda interpuesta por la Defensoría en febrero, cuestionando la constitucionalidad del Decreto de Urgencia 010-2025.

Según la defensa, la norma introduce una reforma estructural y permanente en Petroperú sin que exista una situación extraordinaria o urgente que justifique su uso. Además, se argumenta que el Ejecutivo sustituyó indebidamente al Congreso al establecer cambios estructurales en esta empresa estatal estratégica.

Por ello, la Defensoría solicita declarar inconstitucional y expulsar del ordenamiento jurídico este decreto. Para Gutiérrez, el objetivo de fondo es doble: evitar que Petroperú sea desmantelada y garantizar una gestión profesional que asegure su sostenibilidad financiera.

Entre sus argumentos principales sostiene que la norma no cumple con los requisitos legales necesarios para ser aplicada mediante un decreto de urgencia, lo cual pone en riesgo el equilibrio institucional al modificar profundamente la estructura corporativa sin las garantías parlamentarias debidas.

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