El Tribunal Constitucional programó para este martes 25 de agosto una audiencia pública en su sede de San Isidro, donde se analizará de manera acumulada la demanda interpuesta por la Defensoría del Pueblo y la Municipalidad Provincial de Talara. Ambas entidades cuestionan el Decreto de Urgencia N° 010-2025, un dispositivo legal que establece la reorganización integral de Petroperú. Como recuerda el contexto, este decreto fue promulgado el 31 de diciembre del 2025 por el Gobierno transitorio del entonces presidente José Jerí. Su objetivo es abrir la puerta a una mayor participación privada en los activos y unidades de negocios de la petrolera estatal mediante un mecanismo de reorganización patrimonial integral. Actualmente, este proceso de reorganización está en curso bajo la dirección de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión). El esquema contemplado por el DU implica separar los activos y negocios de la empresa en bloques patrimoniales para recibir tratamientos diferenciados e incorporar eventualmente capital privado. No obstante, la Defensoría del Pueblo presentó su demanda de inconstitucionalidad contra el DU 010-2025 en enero del 2026. La institución argumenta que esta norma viola el artículo N° 60 de la Constitución, el cual protegería a la estatal como una empresa estratégica. Además, sostiene que la Ley N° 28244 excluye explícitamente a la petrolera de las modalidades permitidas para la promoción de la inversión privada. La resolución del TC en este caso es clave para determinar si los pasos dados hacia la privatización parcial cumplen con el marco legal vigente o si deben ser revertidos ante la protección constitucional otorgada al sector energético nacional. Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.

Proceso de amparo

Petroperú enfrenta una demanda judicial que busca frenar su reorganización. La Federación Nacional de Trabajadores Petroleros, Energía y Afines del Perú (Fenpetrol) recurrió a la vía legal mediante un proceso de amparo para lograr la inaplicabilidad del DU 010-2025.

Dicho trámite fue presentado ante el 5° Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima con expediente N°00216-2026-0-1801-JR-DC-05. La resolución N°01 admitió la demanda en contra del PCM, MEF, MINEM, ProInversión y Petroperú.

Más allá de anular el decreto, el gremio señala que su objetivo es resguardar la estabilidad laboral de los trabajadores y frenar las privatizaciones o ceses colectivos. Por otro lado, se conoce que Petroperú encarga a TMF Fiduperú el fideicomiso para el rescate financiero de US$ 2,000 millones.

El TC revisará esta demanda en audiencia pública.

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